Si la salud democrática de un país se midiera por sus procesos electorales, se podría concluir que Guatemala sufre una seria enfermedad. El país centroamericano, azotado por la pobreza, la violencia y el crimen, podría haber tenido la oportunidad de consolidar en las elecciones de mañana el terreno conquistado a la impunidad y la corrupción tras 12 años de funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, el gobierno del actual presidente, Jimmy Morales, se encargó de desmantelar poco a poco esta misión que, instaurada con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, logró lo impensable: destapar grandes escándalos de corrupción y encarcelar a los empresarios y políticos responsables de esos hechos, incluyendo al ex presidente Otto Pérez Molina.
La CICIG también se atrevió a acusar de corrupción al propio Morales y a varios de sus familiares. Pero el presidente anunció en setiembre de 2018 que no renovaría el mandato de la comisión y expulsó del país a su jefe, Iván Velásquez.
En principio, la CICIG tendría que abandonar el país en setiembre, y parece algo probable, dado que prácticamente ninguno de los candidatos presidenciales ha apoyado abiertamente su continuidad, pese a que muchos sectores de la ciudadanía se preguntan cómo se va a fortalecer el sistema de justicia sin esta misión y cómo se continuará la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
La única candidata presidencial que apoyó el regreso de la CICIG fue Thelma Aldana, una figura reconocida internacionalmente por su compromiso con la lucha contra la corrupción cuando dirigió la Fiscalía (2014-2018). Pero el Tribunal Electoral prohibió su participación en estos comicios.
Esa decisión generó polémica en varios ámbitos. Aldana, que representaba al partido Movimiento Semilla, vio imposibilitada su participación después de ser denunciada por una supuesta contratación “fantasma”, inexistente. Sobre ella pesa una orden de captura internacional.
Varios observadores han señalado la contradicción entre la severidad empleada con Aldana y la actitud hacia otros candidatos. Por ejemplo, en el caso de Mario Estrada, inscrito por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y detenido días después en Miami por acusaciones de haber conspirado con el cartel de Sinaloa.
Estrada, creyendo hablar con narcos cuando en realidad eran agentes encubiertos de la Administración para el Control de Drogas estadounidense, les ofreció el control de los puertos y aeropuertos del país durante una eventual presidencia suya para que exportaran droga a Estados Unidos. A cambio les pidió unos 12 millones de dólares para financiar su carrera presidencial y que asesinaran, precisamente, a la ex fiscal Aldana.
La inhabilitación de esta última ha descabezado al Movimiento Semilla, la única formación política con posibilidades electorales que abogaba abiertamente por la continuidad de la CICIG y, por lo tanto, la lucha contra los sectores poderosos del país.
Mañana están llamados a las urnas más de ocho millones de votantes para elegir presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 cargos municipales para el período 2020-2024.
Según la última encuesta de la firma Prodatos, publicada el jueves, 48% de los votantes no tiene claro por quién va a votar en estos comicios en los que participan una veintena de partidos, si bien son cinco los candidatos que se destacan en los sondeos.
Esa misma encuesta da como vencedora a la ex primera dama Sandra Torres (candidata de Unidad Nacional de la Esperanza) en una primera vuelta, pero no tendría votos suficientes para alcanzar la presidencia. Torres desarrolló diversos programas sociales como primera dama durante el gobierno de quien era su esposo, el centrista Álvaro Colom.
Los otros candidatos que podrían ganar estos comicios, según los sondeos, son Alejandro Giammattei (Vamos), Edmond Mulet (Partido Humanista), Roberto Arzú (Partido Avanzada Nacional) y Thelma Cabrera (Movimiento para la Liberación de los Pueblos). Esta última postulante a la presidencia es la única indígena que compite por el cargo en estas elecciones, pese a que 41% de la población del país es de origen maya.
Las de mañana son las elecciones más cuestionadas desde el regreso de la democracia al país, en 1986. “El ambiente electoral ha sido de alta incertidumbre, la ciudadanía muestra una apatía hacia el sistema político y los candidatos no han logrado generar expectativas ni despertar esperanza en los ciudadanos”, explica a la diaria José Carlos Sanabria, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala.
Esto se debe, fundamentalmente, al “cansancio que produjo la crisis política alrededor de la CICIG en el país, puesto que los actores políticos se posicionaron en contra del trabajo de la comisión, trabajan para promover la impunidad y debilitar el sistema de justicia en el país”, agregó Sanabria.
Además de la crisis política que se generó alrededor de la CICIG, estas elecciones también se caracterizan porque se están implementando reformas como la de la ley electoral y la de partidos políticos que se aprobó en 2016. Esto “ha supuesto retos para el Tribunal Supremo Electoral, para los partidos y para los ciudadanos, que se tienen que adaptar a nuevas condiciones y circunstancias en las que se desarrolla el proceso electoral”, dijo Sanabria, quien señaló que la implementación de estos cambios fue muy deficitaria.
Ante un deterioro significativo de la institucionalidad en cuanto a la prestación de servicios esenciales, un contexto económico desfavorable y problemas como el narcotráfico y la violencia, los desafíos que tendrá que afrontar el nuevo gobierno son grandes.
El temor generalizado es que, independientemente de quién obtenga más votos, las maniobras previas ya hayan declarado un ganador en el llamado “pacto de corruptos”, que ha aglutinado a una variada coalición formada por ex militares, grandes empresarios y diputados de dudosa moralidad unidos con un propósito común: expulsar a la CICIG y revertir los cambios que, en esta última década, habían convertido a Guatemala en un modelo a seguir por sus vecinos centroamericanos.