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Movilización en apoyo a la ley trans, afuera del Palacio Legislativo (archivo, octubre de 2018).

Foto: Mariana Greif

Intendencia de Montevideo creó un grupo de trabajo para implementación de Ley Integral para Personas Trans

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La Intendencia de Montevideo (IM) aprobó una resolución para conformar un grupo de trabajo para implementar la Ley Integral para Personas Trans. La creación de este grupo tiene como objetivo hacer cumplir la normativa, reglamentada a principios de mayo, en lo que refiere al gobierno departamental. La ley establece que los organismos nacionales y departamentales deberán diseñar, promover e implementar políticas públicas y acciones afirmativas tanto en los ámbitos públicos como privados, reconociendo que las personas trans han sido “históricamente víctimas de discriminación y estigmatización por su condición de tales”.

En ese sentido, uno de los cambios que promueve la ley trans es la obligación de destinar un 1% de puestos de trabajo a personas trans por año. La normativa establece que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional destine cupos a personas trans en los programas de capacitación y formación que desarrolla. En ese marco, la IM, según establece la resolución a la que accedió la diaria, se propone adoptar estos lineamientos en el Centro de Formación y Estudios de la comuna, que se “encarga de la capacitación y formación continua a la interna de la organización”, a la “interna de sus cuadros funcionales de población trans”.

También se hace hincapié en el acceso a la cultura y al “diseño, fomento, promoción e implementación de planes, programas y políticas culturales, así como la incorporación de la perspectiva de la identidad de género e identidades trans, en los diferentes sistemas existentes, becas, asignación de fondos y acceso a bienes culturales, de carácter público o privado”. En esta línea, el grupo de trabajo de la IM buscará impulsar distintas políticas para hacer cumplir la normativa, “diseñar acciones en cumplimiento de la ley, implementación de las mismas y monitoreo de su ejecución y evaluación de resultados, integrada por representantes de los Departamentos de Gestión Humana y Políticas Sociales y la División Asesoría para la Igualdad de Género”, culmina la resolución.

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