Salvador Schelotto: “Hay tantos o más pobres fuera de los asentamientos que en ellos”

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Queda poco para que la actual administración se termine. El 1º de marzo de 2020 un nuevo presidente asumirá y escogerá al equipo de ministros que lo acompañará durante su mandato o, por lo menos, durante parte de este. Es tiempo de balances, pero también de campaña. Los precandidatos y los líderes opositores hacen varias afirmaciones contra la actual administración, y una de las cosas que más se escuchan es que hoy hay más asentamientos que en 2002. la diaria habló con Salvador Schelotto, director nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), que dijo que le sorprende “el énfasis que se hace en la categoría asentamiento”, que “es como un botín político”.

¿Cuántos asentamientos irregulares había en 2002 y cuántos hay ahora?

No hay datos comparables sobre la base de un mismo criterio. Yo no puedo comparar peras con manzanas. El primer estudio serio fue el que se hizo sobre el censo de 2004. Trabajaron en conjunto los servicios de lo que en aquel momento era el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, que ahora se llama Programa de Mejoramiento de Barrios, y el Instituto Nacional de Estadística. Definieron asentamiento precario, hicieron una cartografía y se establecieron pautas para hacer una serie comparable. Me sorprende un poco el énfasis en la categoría asentamiento que se hace ahora, es como un botín político. El tema de la precariedad urbana es una problemática relevante. No es posible identificar asentamiento irregular con precariedad, porque puede haber heterogeneidad interna, y porque también hay precariedad fuera de los asentamientos. Esto lo he tratado de explicar de todas las maneras posibles: no se puede identificar de forma lineal asentamiento con precariedad o con pobreza. Hay tantos o más pobres fuera de los asentamientos, porque adentro hay situaciones muy variadas, tanto desde el punto de vista de la materialidad como de los ingresos de las familias. Hay muchos asalariados funcionarios públicos como policías o soldados, y también trabajadores de la actividad privada, como obreros de la construcción y trabajadoras domésticas.

¿Cree que ese énfasis se debe a que tienen mucha visibilidad?

Probablemente. El tema de la visibilidad induce a una lectura sesgada. Han estado muy en la consideración pública las intervenciones del Ministerio del Interior vinculadas a los operativos Mirador, y esas intervenciones no son en asentamientos. Los Palomares es un conjunto habitacional fuertemente deteriorado, pero técnicamente no es un asentamiento precario. Hay una precariedad que golpea los ojos, pero desde el punto de vista formal no es un asentamiento.

¿Cuánta gente vive en asentamientos?

Entre 2006 y 2012 hubo una reducción del entorno de 8% de la población que vive en asentamientos. Volvimos a hacer un corte en 2018 y lo que vimos fue que la tendencia de reducción se mantuvo, pero se enlenteció. Podemos decir que todas las intervenciones que se realizaron en este período tienen que ver con asentamientos de una dimensión importante en cuanto a la cantidad de familias, pero aparecen nuevas realidades que se van gestando con menor cantidad de viviendas y familias.

En ese contexto, ¿cómo hay que enfocar las políticas de vivienda?

La ciudad informal es uno de los modos de construcción que se producen a nivel planetario. Podemos decir que estamos disconformes midiéndonos contra nosotros mismos, y contra la idea de un Uruguay integrado. En el mundo hay una dimensión que está soslayada, que es la prevención, y uno mira la situación en pleno desarrollo. Sin embargo, la génesis de nuevas situaciones tiene que ver con cosas puntuales, como pueden ser los desalojos. La prevención es tanto o más importante que la intervención. Hay que atender a las poblaciones de bajos ingresos que están históricamente en la ciudad formal y que, por problemas vinculados al trabajo o al incremento de los precios de los alquileres, pueden caer en la informalidad. Para tratar de asegurar la permanencia es que están las políticas de vivienda.

¿Qué pasa con la nueva inmigración que está llegando a Uruguay? ¿Se instala en asentamientos?

No tenemos números que permitan afirmar que esté afectando. Sí encontramos inmigrantes en situaciones de precariedad, pero están mezclados con uruguayos y en distintas situaciones familiares y personales. Desde el punto de vista de las políticas del MVOTMA no discriminamos por el origen o la nacionalidad. Al Programa de Garantía de Alquiler tiene acceso cualquiera que tenga un ingreso salarial. Sabemos que puede haber situaciones de pensiones no formales que estén dando lugar a algún tipo de problemática no deseable. Las recientes corrientes migratorias son altamente positivas porque traen población joven, en edad de reproducción. En algunos casos se trata de población con formación de nivel terciario. Estoy hablando de venezolanos y cubanos que se han insertado de manera natural en el ámbito laboral. Creo que vienen a enriquecer y mejorar nuestro equilibrio desde el punto de vista de los aportes a la seguridad social. Está el mito de que a los inmigrantes se les da beneficios que no tienen los uruguayos, y eso es una barbaridad. Puede pegar desde el punto de vista político, para hacer crecer la indignación, pero es un disparate, no tienen menos derechos que los uruguayos, pero tampoco tienen más.

Desde hace más de un año la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua [FUCVAM] viene haciendo una serie de reclamos que no han tenido respuesta.

No han tenido la respuesta que ellos quieren, pero respuesta han tenido. Lo relevante es que hay un espacio de trabajo y de diálogo que espero que se mantenga.

Entre los reclamos está el fortalecimiento del Fondo Nacional de Vivienda.

En 2018 el fondo alcanzó los 10.000 millones de pesos, que en relación con el PIB es de 0,55%. Es el volumen de inversión más alto en los últimos 15 años. Ha venido trepando con distinta velocidad y llegó a ese nivel gracias a que fue reforzado en la Rendición de Cuentas. Estamos llegando a un 20% adicional con respecto a lo previsto en el Presupuesto Nacional quinquenal. Probablemente dentro del presupuesto sea el segundo rubro, después del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Alcanza? No alcanza para atender la demanda en plazos relativamente breves, pero sí podemos decir que es el mayor volumen de inversión que se ha registrado en la historia contemporánea de Uruguay. FUCVAM y otros actores reclaman que ese fondo se incremente. A mí me parece que es un reclamo razonable, pero esto no se juega en este período de gobierno. En el debate político hacia las elecciones de octubre los partidos van a plantear sus visiones, y en el programa del Frente Amplio hay una aspiración de incrementar los recursos de inversión dedicados a la vivienda. Es una idea que tiene sustento.

También piden ser exonerados del IVA a los materiales de construcción. ¿Qué opina de este reclamo?

A título personal me parece una demanda razonable. El cooperativismo en general no contrata a una empresa para realizar las obras. Esos materiales tienen 22% de IVA. Si calculamos sobre el total del volumen de inversión, los materiales deben andar en el entorno de 40%, por lo que si hay una devolución del IVA afectaría a entre 8% y 10% del costo de una obra, que para una cooperativa puede ser importante. Es un tema a analizar y es una decisión fiscal que escapa al MVOTMA. Quizá tiene que ser una decisión que se implemente en el próximo período.

¿Por qué tirar la pelota para el gobierno que viene? ¿No es una decisión que se podría haber tomado antes?

Tiene un efecto fiscal; hay un presupuesto quinquenal y si reduzco los ingresos tengo un impacto. Son decisiones fuertes, y si por ahí hay alguien que dice que el gobierno está haciendo la plancha, no sé en qué país vive. También en este momento las cuentas públicas están teniendo un equilibrio delicado, y tomar este tipo de medidas este año es una decisión que merecería un análisis detenido.

¿Qué pasa con los alquileres? Hay lugares por los que se piden precios altos por viviendas muy sencillas.

No podemos decir que los alquileres hayan crecido en los últimos años por encima de la inflación y del Índice Medio de Salarios, lo que no quiere decir que no haya sectores que estén pagando más de lo que sería óptimo, que sería no afectar más de 25% de los ingresos líquidos de un núcleo familiar.¹ Pero los alquileres que respalda el sistema público de vivienda, que son los del Programa de Garantía de Alquiler, se establecen de acuerdo a ese criterio. En este momento son más de 10.000 garantías.

¿Qué porcentaje es del total de viviendas en alquiler?

No hay datos confiables sobre cuántas viviendas están en arrendamiento porque hay mucha informalidad, pero yo diría que es un número no menor.

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