El fiscal Carlos Negro decidió archivar la denuncia contra la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, que había sido presentada el año pasado por el diputado nacionalista Álvaro Dastugue y unas 700 personas más, por considerar que la jerarca había cometido el delito de incitación al odio o desprecio, en base a una serie de comentarios que hizo en un grupo de WhatsApp integrado por militantes frenteamplistas.
La denuncia se produjo luego de que se filtraran varios comentarios de Muñoz en ese grupo, que fueron dados a conocer por el diario El País. La ministra había sostenido que las iglesias pentecostales eran un “sector, para no decir plaga, que aumenta”.
La denuncia ya había sido archivada en abril por la fiscal penal de Montevideo de Flagrancia de 3º Turno, Silvia Pérez, pero los denunciantes solicitaron un reexamen por parte de otro fiscal, por lo cual intervino la fiscalía de Flagrancia de 2º Turno, a cargo de Negro.
Pero el recurso no tuvo éxito. Negro afirmó en su dictamen que coincide con Pérez en que no existió conducta delictiva por parte de la ministra, de modo que no corresponde avanzar en la investigación.
El argumento básico del fiscal es que se trataba de una comunicación privada. “El tipo delictivo no se llegaría a concretar, desde que las expresiones analizadas fueron dirigidas a personas determinadas y en una comunicación privada”, como lo son las hechas mediante Whatsapp, sostiene Negro. Además, considera que esta característica de la aplicación no varía en “esencia” por el hecho de que haya varios receptores en vez de uno solo.
El fiscal también afirma que si bien la palabra “plaga” puede considerarse “ofensiva” –y que si Muñoz la hubiera usado en forma pública, por un medio apto para ello, se podría haber configurado el delito denunciado–, lo que importa en este caso es discernir el objetivo. “Si no existe la voluntad manifiesta de provocar el odio, el desprecio o la violencia, tampoco habría conducta penalmente relevante”, explicó el fiscal, para luego advertir que los dichos de la ministra en ese diálogo también incluían “severas críticas hacia los propios legisladores de su fuerza política, lo que no puede ser leído en clave de incitar al odio o desprecio contra ellos”.
Por tanto, Negro concluyó que las manifestaciones denunciadas son amparadas por la libertad de expresión de Muñoz.