Tal como había anunciado, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, liberó más de 93 millones de reales –algo más de 24 millones de dólares– en enmiendas para entregar a los diputados que respalden la reforma jubilatoria, que empezó a tratarse este martes en la Cámara de Diputados. Las enmiendas son presupuestos extras que los diputados pueden pedir al Ejecutivo para proyectos específicos en las zonas que representan en sectores que consideran prioritarios, como la educación o la salud. Se entregan a discreción, por lo cual las adjudicaciones siempre generan sospechas, pero en este caso Bolsonaro dijo abiertamente que los daría a quienes voten la reforma que impulsa.
La bancada de diputados del opositor Partido de los Trabajadores (PT) envió a la Fiscalía General un pedido para que abra una investigación contra Bolsonaro y dos de sus ministros por este tema. Se trata de un “grave abuso del poder político y financiero”, aseguran los legisladores del PT. Por su parte, el líder del también opositor Partido Socialismo y Libertad, Ivan Valente, sostuvo en un discurso en Diputados que Bolsonaro cometió un crimen de responsabilidad, tal como el que se usó para juzgar a la ex presidenta Dilma Rousseff.
La reforma entró este martes a la agenda de la cámara baja y será sometida a dos votaciones: una en general y otra por artículo. El gobierno asegura que cuenta con los 308 votos necesarios para aprobarla (en una cámara de 513). Desde la oposición se asegura que eso no es cierto y que se intentará obstaculizar la votación para ganar tiempo y convencer de que voten en contra a los diputados que están indecisos o incluso a aquellos que tienen previsto votar a su favor. Según un relevamiento hecho por el diario O Estado de São Paulo, la reforma contaba anoche con 281 votos a favor, sin llegar a los 308.