El senador nacionalista Javier García viene denunciando hace tiempo “falta de controles” en el denominado “Guardián”, el sistema de intercepción de comunicaciones con el que cuenta el Ministerio de Interior (MI) desde 2015. Hoy de tarde, el senador se reunirá con Eduardo Turell, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), ya que le consta que “algunos mecanismos” que estaban previstos en los acuerdos entre esa institución y el MI “no se cumplieron”. Por eso, para García no hay “garantías” para verificar si el sistema se usa “estrictamente” por orden judicial, por lo que “nadie puede afirmar” que el Guardián no se haya utilizado “extrajudicialmente”.
El sistema de espionaje se utiliza en el marco de la Ley 18.494, que establece: “La ejecución de las vigilancias electrónicas será ordenada por el Juez de la investigación a requerimiento del Ministerio Público. El desarrollo y la colección de la prueba deberá verificarse bajo la supervisión del Juez competente. El Juez competente será el encargado de la selección del material destinado a ser utilizado en la causa y la del que descartará por no referirse al objeto probatorio”. Cuando el MI anunció el sistema, en marzo de 2015, mediante un comunicado, subrayó que es “un proceso 100% auditable, donde toda intervención o participación de cualquiera de sus actores queda registrada pudiendo ser verificada con certeza”.
García sostuvo que la “falta de controles” no se debe a, por ejemplo, falta de recursos humanos, sino a que “no se tomaron las decisiones que había que tomar”, especialmente, “el seguimiento de que la utilización sólo fuera en el marco de las órdenes judiciales”; es decir, no se cotejó “que las intervenciones telefónicas coincidan con las órdenes judiciales”. García señaló que el acuerdo involucra tanto al MI como a los operadores privados telefónicos, pero el presidente de la SCJ es “uno de los responsables fundamentales” de la aplicación del Guardián.