El diputado frenteamplista Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo, PVP) solicitó entrevistas con la cancillería y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de acceder a los documentos desclasificados por Estados Unidos que prueban la existencia del llamado Plan Cóndor en Sudamérica, según informó Radio Uruguay. En declaraciones a la diaria, Puig sostuvo que se tiene conocimiento del contenido de algunos de esos documentos que “hablan de la participación del Servicio de Inteligencia de Defensa [de Uruguay] y de la SIDE [Secretaría de Inteligencia de Estado] argentina en el secuestro y el asesinato de León Duarte y Gerardo Gatti, ambos fundadores de la CNT [Convención Nacional de Trabajadores] y del PVP”. Pero, además, hay otro documento que “hace referencia a lo que instrumentó el Plan Cóndor, que después se desactivó o no lo pudieron ejecutar, a la preparación de un equipo de asesinos para asesinar en Europa” a los dirigentes del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate y del PVP Hugo Cores. Ambos se encontraban haciendo denuncias a nivel internacional sobre las consecuencias de la dictadura cívico militar en Uruguay.
El objetivo de las reuniones solicitadas por Puig es analizar el contenido de los documentos y “ver cuáles son las consecuencias desde el punto de vista jurídico” y sobre los debates que se están planteando en la campaña electoral. En referencia al candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, el diputado dijo que “un ex comandante en jefe del Ejército y actual candidato a la presidencia dijo que se ha condenado sin pruebas a camaradas de armas”. Tomando en cuenta el reciente fallo en segunda instancia de la Justicia italiana que condenó a cadena perpetua a militares uruguayos por su participación en el Plan Cóndor, Puig dijo que en Uruguay “en todo caso hay una acción por parte de la Justicia que no se ha desarrollado en toda su plenitud. Sigue habiendo impunidad”. El diputado agregó que es importante que se conozcan los documentos, para que se sepan “todas las implicancias institucionales” que hubo porque “no estamos hablando de acciones de alcance individual sino de una política institucional ejecutada por la dictadura uruguaya”.
Los documentos desclasificados fueron entregados en abril por el gobierno de Estados Unidos al de Argentina y en esa ocasión, la cancillería uruguaya anunció que solicitaría copias a su par de la vecina orilla. “No se si eso finalmente se hizo. Si los tienen, queremos tener acceso, y si no los tienen, queremos que los soliciten”, concluyó Puig.