La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desmintió ayer al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que había dicho que ese organismo no había asignado una persona para entregar la información sobre la cantidad de personas investigadas por el sistema de vigilancia conocido como “El Guardián”. “El 8 de mayo de 2017 la SCJ asignó a su secretario letrado, Dr. Gustavo Nicastro, como responsable de la recepción de los reportes trimestrales”, dice el comunicado difundido ayer. El martes 2, tras su comparecencia ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado para dar explicaciones sobre la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito, Bonomi había dicho: “Recién ahora nos han pedido esa información, entonces se estableció un canal a quien entregarla. La información está, siempre estuvo a disposición, lo que no estaba era la persona designada”.
Por su parte, el senador el Frente Amplio (FA) Charles Carrera, que fue director general de Secretaría del MI cuando el sistema fue puesto en marcha, aseguró que “la interceptación que hoy tiene el país es garantista” porque “la llave para que funcione el sistema es a través de una orden judicial”. Dijo que antes de El Guardián en Uruguay “había 22 unidades que podían hacer interceptaciones, y no funcionaba por medio de órdenes judiciales”. Relató que mientras era director general recibió una comunicación de la SCJ sobre la asignación del responsable de recibir los informes, pero según Carrera “ese no es el meollo de la discusión”: “Lo importante es que en Uruguay no se puede hacer interceptaciones sin la orden judicial”. Carrera admitió que quizá haya habido “errores administrativos”, aunque dijo desconocer cómo se resolvió la situación porque se fue del ministerio en 2018.
En diciembre de 2015, el MI, la Fiscalía y la SCJ firmaron un protocolo de actuación para interceptaciones legales de comunicaciones, por el que, a partir de mayo de 2017, la Unidad de Apoyo Tecnológico (Unatec) del MI debía remitir un informe trimestral a la SCJ con las intervenciones realizadas. El Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL) –conocido como El Guardián– fue puesto en funcionamiento en las sedes judiciales el 6 de febrero de 2017, según relata la SCJ en el comunicado publicado ayer. Según el protocolo, los reportes de la Unatec “detallarán cuantitativamente las solicitudes de interpretación legal de comunicaciones ingresadas al SAIL, y las aprobaciones y rechazos por parte de cada Juez Penal, así como los tipos y cantidades de medidas dispuestas, discriminadas por operadora telefónica”.
A raíz de un informe del programa Todas las voces, de Canal 4, el jueves 4 la SCJ remitió una nota al MI pidiendo que cumpliera con lo previsto en el acuerdo. Además, el senador del Partido Nacional (PN) Javier García anunció que incluirá el tema en una nueva convocatoria al ministro del Interior. En referencia a García, Carrera dijo que no entiende “qué busca el senador” porque “por algunos momentos parece que está de lado del crimen organizado, del narcotráfico y de la delincuencia”. “Los estados necesitan tener estos sistemas de interceptación legal, a los efectos de garantizar los derechos de todos los habitantes”, dijo. En cambio, García asegura que El Guardián es un “gran agujero sin control” y que “hoy nadie puede afirmar con seguridad” que “no haga intervenciones por fuera de las órdenes judiciales”.