El presidente de Perú, Martín Vizcarra, promulgó ayer una serie de leyes que forman parte de la reforma política que se propone llevar a cabo e instó a los parlamentarios a seguir con las votaciones. “Para contribuir a la lucha anticorrupción y que avancen las investigaciones que la ciudadanía reclama, debe cesar el blindaje y dejar de usar las investigaciones como herramienta política para debilitar a los adversarios y proteger a los amigos”, manifestó el jefe de Estado. Además, se refirió puntualmente a la reforma que envió al Congreso para adelantar de 2021 a 2020 las elecciones. “No es bueno ni saludable para el Perú que se dilaten los debates, que se busque generar temas que distraigan la atención, que se generen ataques por distintos flancos que intentan impedir que avancemos”, sostuvo.
Vizcarra firmó cuatro leyes. Una de ellas crea elecciones internas en las que debe participar toda la ciudadanía; otra reforma los procesos de inscripción y eliminación de organizaciones políticas, y una tercera obliga a los partidos a rendir cuentas sobre sus ingresos y gasto. Por último, la cuarta ley establece una serie de modificaciones en el proceso electoral: prohíbe el voto cruzado entre distintos partidos o lemas en las elecciones y establece que las listas deben ser formadas por el mismo número de hombres que de mujeres y que deben alternarse uno y uno.
Pero la más fuerte de las reformas enviadas por Vizcarra es la que propone adelantar las elecciones, que todavía no ha sido tratada en el Congreso. El presidente mantiene desde hace meses un duro enfrentamiento con el Legislativo exigiendo la aprobación de varias leyes dirigidas a luchar contra la corrupción. Por su parte, el Congreso reivindica su independencia y recuerda que Vizcarra fue candidato a vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski y llegó a la presidencia gracias a su renuncia debido a las acusaciones de corrupción, no sólo vinculándolo indirectamente a los delitos de su antecesor, sino también señalando que no fue electo presidente.
La insistencia del presidente con el adelanto de las elecciones, que cuenta con un amplio respaldo por parte de la ciudadanía según indican las encuestas, está generando rechazo incluso dentro de su partido, en el que está siendo acusado de autoritarismo. A mediados de mes, tres congresistas renunciaron a la bancada del gobernante Partido por el Kambio, entre ellos la vicepresidenta, Mercedes Aráoz. Los legisladores denunciaron una “quiebra de la democracia interna” en la bancada y tildaron a otro de sus sectores de “intolerante” respecto de las diferencias. La bancada oficialista fue de 18 integrantes después de las elecciones de 2016 y ahora cuenta sólo con cuatro, por lo que no llega al mínimo para formar un grupo parlamentario propio.
“No me ha hablado más formalmente desde que tomé la decisión de renunciar a la bancada”, dijo Aráoz en una entrevista publicada este fin de semana en la que también pidió al mandatario que busque el camino del diálogo y no de la confrontación con el Congreso.
El arresto domiciliario de Pedro Pablo Kuczynski genera polémica
En los últimos días se sumó a la polémica la situación del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien enfrenta una pena de prisión preventiva de 36 meses mientras es investigado por un presunto caso de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht. Como el ex mandatario tiene 80 años de edad, se le otorgó el arresto domiciliario, pero la semana pasada un fiscal pidió que fuera enviado a prisión por haber incumplido las reglas del beneficio, ya que se habría reunido con otros políticos.
La vicepresidenta Mercedes Aráoz, una de las que se reunieron con él, dijo que el encuentro fue únicamente entre dos amigos y que lo visitó porque está sufriendo problemas de salud. Además, rechazó que se le retire el beneficio del arresto domiciliario.
En el mismo sentido se manifestó el presidente, Martín Vizcarra, quien opinó que “los argumentos de la Fiscalía para revocar esta prisión domiciliaria no se justifican”. Y agregó: “Siempre hemos dicho que respetamos la independencia de poderes, pero también como ciudadanos tenemos derecho a dar nuestra opinión”.
Finalmente, el juez que lleva adelante la prisión del ex presidente decidió que no fuera revocado el beneficio y que se mantuviera en su casa.