La comisión especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores recibió el martes a representantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y de dos de las empresas de telefonía del país, Antel y Movistar, para que presentaran los informes sobre los avances en los controles del Sistema Automático de Interceptaciones Legales (SAIL), más conocido como “El guardián”.
A fines de julio, el Ministerio del Interior (MI) había entregado a la SCJ un informe con las escuchas hechas entre el 1º de mayo de 2017 y el 30 de junio de 2019, pero para corroborar que no hubiera interceptaciones por fuera de la ley, los datos deben ser cruzados con los de las empresas telefónicas. “Para poder hacer un cruzamiento de datos y una auditoría sobre el funcionamiento de las interceptaciones, se necesita tener las dos fuentes de información: todas las autorizaciones y la información independiente de las operadoras”, explicó el director general de servicios administrativos de la SCJ, Marcelo Pesce.
El ministro de la SCJ Jorge Chediak informó, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, que dos prestadoras (Movistar y Claro) brindaron los datos, pero “nos está faltando la información de todo el período de Antel”. “No habría resistencias de parte de Claro ni de Movistar, y Antel ha planteado algunas objeciones de naturaleza jurídica”, especificó Chediak.
Por su parte, la gerente de la División de Auditoría de Antel, Susana Peruzzo, anunció que se avanzó en la redacción de un convenio interinstitucional con la SCJ, el MI, la Fiscalía General de la Nación y las telefónicas para que estas puedan entregar los datos. “Con este marco normativo vamos a poder enviar la información en formatos similares y con la garantía de la seguridad de la información que amerita”, dijo la jerarca, que anunció que la semana que viene estarían mandando los datos a la SCJ.
En tanto, José Pedro Derrégibus, director de Relaciones Institucionales de Movistar en Uruguay, dijo que la intención de la empresa “es cumplir la ley y velar por los derechos y la privacidad de los clientes, brindando sólo la información que adecuadamente se nos requiera”. La gerente general de Jurídica de Movistar, Leticia Lago, afirmó que la información no vulnera los derechos de los clientes porque no se identifica “el teléfono móvil, la línea a ser investigada o el titular”. “Solamente hablamos de totales generales [de intervenciones]; mediante la firma del convenio podemos acceder, sin ningún tipo de inconveniente y cuando así se requiera, a brindar esa información”, dijo.
El convenio permitirá a la SCJ contar con información sobre las interceptaciones autorizadas por sus distintos jueces y reglamentará el mecanismo por el cual las operadoras y el MI darán los detalles de las medidas de interceptación efectivizadas solicitadas por el Poder Judicial.
En diciembre de 2015, el MI, la Fiscalía y la SCJ habían firmado un protocolo de actuación por el que, a partir de 2017, la Unidad de Apoyo Tecnológico del MI debía remitir un informe trimestral a la SCJ con las intervenciones realizadas, pero ese acuerdo no fue cumplido. Esto salió a la luz tras una investigación hecha por el programa Todas las voces, de Canal 4, el 4 de julio de este año.