En las próximas horas, el gobierno de Paraguay oficializará ante su par uruguayo un pedido de prisión preventiva para Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colman, tres ciudadanos de ese país que el gobierno encabezado por Mario Abdo Benítez espera que sean extraditados desde Uruguay para que sean juzgados en Asunción, ya que interpreta que se encuentran en territorio nacional.
Arrom, Martí y Colman tenían desde 2003 el estatus de refugiados políticos en Brasil. Un año antes habían acudido a ese país, evitando someterse a la Justicia de Paraguay por su implicación en el secuestro de María Edith Bordón en 2001. Incluso aseguraron haber sido torturados por las autoridades de Paraguay y llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sin embargo absolvió a Paraguay por considerar que no había pruebas suficientes para comprobar las torturas. Tras esta decisión, el Comité Nacional de Refugiados de Brasil les revocó la condición de refugiados políticos.
El martes, el vicecanciller de Paraguay, Antonio Rivas Palacios, se reunió con el embajador uruguayo en ese país, Federico Perazza y, además de manifestarle la “preocupación” de su gobierno por el tema, le adelantó que a la brevedad tramitarían el pedido de extradición. El gobierno paraguayo entiende que estas tres personas se encuentran en territorio nacional. Ayer, el director de Inteligencia del Ministerio del Interior de ese país, Carlos Benítez, sostuvo que el lunes la oficina de Interpol de Paraguay recibió notificación de su par uruguaya de que estas tres personas ya eran “susceptibles de localización en ese país”, según publicó el periódico local Última hora.
En declaraciones a Efe, Benítez dijo que se desconoce cuándo se produjo el ingreso de los tres fugados a Uruguay, ya que “no hubo ningún registro migratorio”. “No consta en el registro de Brasil ni en el de Uruguay, por lo que creemos que la salida se produjo de manera ilegal”, sostuvo Benítez, y dijo que si bien los tres paraguayos venían siendo vigilados desde Brasil, su custodia era “de manera aleatoria y no muy rígida”, por lo que tuvieron “facilidad para abandonar el territorio” brasileño. El jerarca además explicó que si bien existía una notificación de código rojo de la Interpol sobre los tres hombres, sus datos se encontraban “bloqueados temporalmente”, ya que habían alegado violación de sus derechos humanos. Según dijo, Paraguay ya solicitó que Interpol vuelva a activar el código rojo.
A pesar de la versión del gobierno paraguayo, desde el Ministerio del Interior de Uruguay se informó que por el momento no existe confirmación de la presencia de estos ciudadanos paraguayos en el país ni requerimiento alguno de Interpol ni pedido del gobierno paraguayo. “Si en este momento se da con ellos, lo único que se haría es regularizar su situación en el país, si es que entraron de forma ilegal”, explicaron desde la cartera.