La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de debates obligatorios, que deberá ser aprobado en la Cámara de Senadores. A diferencia de lo que establecía el proyecto original, que tenía como objetivo promover debates de cara a las elecciones de octubre, la nueva iniciativa establece que el debate obligatorio será solo entre los candidatos que accedan al balotaje. La iniciativa contó con el respaldo de todos los legisladores presentes, con excepción de la diputada colorada Elena Grauert.
El frenteamplista José Carlos Mahía, en calidad de miembro informante, fue el primero en hacer uso de la palabra y explicó que el proyecto tiene como “centro” promover los debates en general, aunque la “fórmula alcanzada” consiste en que el intercambio sea exclusivamente entre las candidaturas que hayan pasado a la segunda vuelta. El criterio que se manejó inicialmente era que los candidatos que habían participado en las elecciones pasadas debatieran entre sí según el orden en el que habían sido electos en 2014, y que los partidos nuevos debatieran según el orden establecido por el resultado en las internas.
Mahía explicó que esto generó “dudas” e incluso “oposiciones” al proyecto, porque se entendía que se podía estar legislando con “cartas a la vista”. Ante los reparos de algunos legisladores, se buscó generar un “mínimo común denominador” y determinar la obligatoriedad para noviembre. Otra de las propuestas que no prosperaron en la comisión fue la intención de extender la obligatoriedad de los debates a las elecciones departamentales.
Entre los principales lineamientos del proyecto, el diputado mencionó que el debate será transmitido en vivo y en horario central por cadena nacional de televisión y radio. Asimismo, el debate será “competencia” de la Corte Electoral, que deberá coordinar con la organización “más representativa de periodistas”. Por otra parte, los candidatos que se nieguen a debatir dejarán de percibir la retribución económica que brinda el Estado por cada voto obtenido en la segunda vuelta.
Varios legisladores que hicieron uso de la palabra destacaron que no es el proyecto “deseado”, pero es el “posible”. El diputado colorado Ope Pasquet afirmó que, ante el bombardeo de “propaganda” y de “eslóganes vacíos”, el debate entre visiones diferentes “nutre el proceso político” y es una herramienta más para el ciudadano a la hora de votar. “No parecía razonable legislar a cartas vistas, y poco menos con nombre y apellido, y decir: “Fulano va a debatir con Mengano”. Acá decimos que los que van a debatir son los que la ciudadanía vote en la segunda vuelta. El criterio no puede merecer observación alguna”, subrayó.
En tanto, el diputado Pablo Abdala sostuvo que el Partido Nacional votaría la iniciativa en general porque en la reunión de bancada habían definido dar una “señal inequívoca” respecto de la necesidad de que haya debate entre candidatos. De mañana, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración aprobó el proyecto, pero no contó con el voto del PN. Abdala explicó a la diaria que no acompañaron la iniciativa este martes temprano porque el proyecto que se aprobó era “totalmente distinto” del proyecto original que habían analizado previamente. El legislador calificó al proyecto de “casi testimonial”, ya que sólo establece la obligatoriedad para la segunda vuelta y explicó que su partido había propuesto que se estableciera la obligatoriedad para el escenario del balotaje y aprobar un mecanismo obligatorio en octubre pero que postergara su vigencia para 2024. De todas formas, acompañaron el proyecto en la sesión porque “hubo una valoración política que era necesario transmitir de que los debates se lleven a cabo”, contó Abdala a la diaria, y añadió que se trató de un “gesto político”, aunque consideran que la solución es “renga”.
En la misma línea, el diputado del Partido Independiente Daniel Radío dijo que su partido votaba la iniciativa pero cuestionó que va a seguir existiendo la posibilidad de “sacarle el bulto” a los debates. También indicó que la iniciativa brinda “un pretexto” a los candidatos para no debatir en la primera vuelta.
El impulsor de la iniciativa, Fernando Amado, líder del sector Unir, explicó en la sesión que el proyecto había sido presentado en 2011 y en 2015. Según dijo, en esas oportunidades se buscó presentar el proyecto lejos de las elecciones, para que existiera “voluntad política” para aprobarlo. De todos modos, recalcó que si bien el proyecto deja una “sensación de gusto a poco”, es una iniciativa que “colabora” y “fortifica” a la democracia. También cuestionó duramente a quienes plantearon que no se debía establecer la obligatoriedad del debate. “Me parece muy peligroso el auge de un liberalismo ortodoxo –más que ortodoxo, diría un liberalismo infantil, necio, tonto, que prostituye un valor tan importante como la libertad”– y establece que la “regulación es sinónimo de pérdida de libertad”.