El senador colorado Pedro Bordaberry anunció ayer en Twitter que el Frente Amplio (FA) había resuelto en comisión “no aprobar” el proyecto de ley que crea el delito de enriquecimiento ilícito, que presentó en 2015.
Me acaban de informar que el Frente Amplio resolvió en Comisión no aprobar el proyecto de ley que crea el delito de Enriquecimiento Ilícito
— Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) 11 de septiembre de 2019
El texto fue aprobado en diciembre de 2018 por la Cámara de Senadores, y ahora estaba siendo estudiado por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja. El diputado del FA José Carlos Mahía, presidente de la comisión, señaló a la diaria que lo que resolvieron no fue no aprobar el proyecto, sino “postergarlo hasta diciembre”, porque no están “convencidos de la redacción con la que llegó del Senado”.
El primer artículo del proyecto establece que se incorpore al Código Penal la disposición: “El funcionario público con obligación legal de presentar declaración jurada de bienes e ingresos, que durante el ejercicio de su función, incluso hasta cinco años después de haber cesado en su desempeño, obtenga, por sí o a través de interpuesta persona, un incremento patrimonial significativo e injustificado en relación a sus ingresos legítimos, será sancionado con una pena de dieciocho meses de prisión a seis años de penitenciaría, multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 15.000 UR e inhabilitación especial de dos a cinco años”.
Mahía indicó que en el FA no están de acuerdo con el término “significativo”, ya que lo “deja librado a la interpretación de los jueces”. En cambio, sostuvo que “sería bueno que el texto fije con mayor precisión el objeto”. Por último, Mahía dijo que el proyecto establece “la inversión de la carga de la prueba”: “Tenés que demostrar que no sos culpable, cuando todo habitante del país tiene la presunción de la inocencia”, indicó el diputado.
A su vez, el colorado Ope Pasquet, también integrante de la comisión, dijo que estaban dispuestos a votar el proyecto tal como estaba, pero también están “abiertos a considerar alguna propuesta”. En cuanto a lo de la “inversión de la carga de la prueba”, dijo que es la “esencia” de ese delito, es decir, “que no haya que demostrar el origen ilícito sino que quien exhibe u ostenta un enriquecimiento significativo tenga que decir de dónde sacó la plata”.