El titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), José Bayardi, pidió al fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, una lista de los militares imputados por cometer ese tipo de delitos, sobre los que recaen pedidos de extradición, para distribuirla entre las unidades de la Fuerzas Armadas, según informó Radio Uruguay. El objetivo es que no se entreguen más las constancias denominadas “revistas de existencia” que necesitan los militares retirados para cobrar la jubilación. Bayardi comunicó la decisión en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de Diputados. La medida se tomó luego de que Brecha informara que Pedro Mato Narbondo, militar retirado prófugo de la Justicia, hizo su última “revista de existencia” en mayo de este año en la Brigada de Caballería 1, en Rivera. Mato fue uno de los integrantes del Servicio de Información de Defensa y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas durante la dictadura, y actuó en el centro de detención clandestina, tortura, asesinato y desaparición forzada denominado “300 Carlos”, ubicado en el Batallón de Infantería 13. En 2013 tenía que presentarse a declarar en la causa que investiga el homicidio de Luis Batalla, ocurrido en 1972 en el Batallón de Infantería 10, ubicado en Treinta y Tres, pero no lo hizo, por lo que la Justicia libró una orden de captura internacional. Mato también es prófugo de la Justicia italiana, ya que es uno de los condenados a cadena perpetua en el juicio del Plan Cóndor en Roma.
La investigación de la situación está a cargo de la fiscal Bárbara Zapater. En diálogo con la diaria, Zapater dijo que deberá determinar “si se cometió o no se cometió algún delito por parte de los funcionarios militares que le extendieron el documento y que no dieron cumplimiento a la orden de requisitoria”. La fiscal agregó que se está “en la fase de investigación preliminar, por lo tanto reservada”, y que “en principio” ha solicitado oficios al MDN “para ver si tiene conocimiento de cuáles son los militares que están requeridos por la Justicia” y si “lo comunicó a las distintas unidades o destacamento que están en el interior del país”. Zapater también envió un oficio para “saber quiénes son los jerarcas de la unidad de caballería a los efectos de poder citarlos y tener una entrevista con ellos e iniciar la investigación”. “Por ahora estamos en esa etapa, la de saber adónde se comunicaron las requisitorias”, agregó, y explicó el delito que se podría haber cometido: “Si tenés una orden judicial que te dice que no podés hacer algo o que tenés que hacer algo y no la cumplís, es desacato, pero tenés que tener conocimiento de esa orden”.