En cada elección nacional, la seguridad está en el centro de la agenda. En esta campaña electoral, las cárceles acaparan la atención y así lo reflejan también los programas de los partidos políticos: en los planes para la seguridad, el énfasis está puesto en este aspecto. Hay diagnósticos compartidos entre los representantes de los partidos políticos: el sistema carcelario está en crisis, la cantidad de personas privadas de libertad es muy alta (casi 12.000), en las cárceles se vulneran los derechos humanos y no hay rehabilitación posible en estas condiciones.
Apuntar a un sistema de cárceles más pequeñas es el discurso común en todos los partidos políticos. También coinciden todos en que hay que modificar esos centros para que mejore la seguridad, y apuntan a ampliar las actividades socioeducativas y laborales, además de fortalecer las políticas de preegreso y pospenitenciarias.
Todos los candidatos presidenciales fueron invitados por Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, a exponer sobre sus perspectivas acerca del sistema penitenciario en la décima edición del Espacio de Innovación Penitenciaria, que se tituló “Desafíos del sistema penitenciario y el sistema penitenciario como desafío”.
El único candidato que se hizo presente en la cita fue Pablo Mieres (Partido Independiente). El resto de los partidos fueron representados por sus asesores en seguridad: Andrés Ojeda (Partido Colorado), Álvaro Garcé (Partido Nacional), Diego Pereira (Unidad Popular), Rivera Elgue (Cabildo Abierto) y Robert Parrado (Partido de la Gente). El gran ausente fue el Frente Amplio. La silla quedó vacía en el estrado y fue blanco de críticas. La opinión de Daniel Martínez sobre el tema del encuentro fue recogida por la diaria para esta nota.
Andrés Ojeda | Partido Colorado
La seguridad pública tiene una de sus llaves más contundente en el sistema carcelario. Hoy tenemos una enorme cantidad de presos. Si bien algunas cárceles han mejorado, siguen siendo un infierno. La pregunta del millón es: ¿por qué y para qué castigamos?
Cualquier sociedad del futuro tiene que entender que para que mejore su seguridad tiene que invertir sustantivamente en las cárceles. Aunque no le caigan bien los presos; que lo haga incluso por utilidad, porque si se logra bajar el índice de reincidencia va a mejorar directamente su seguridad. Hoy los índices de reincidencia son insostenibles.
Muchas propuestas apuntan a lo mismo; hay muchos diciendo que lo que necesitamos es cárceles más chicas. Pero, si nos vamos a tomar esto en serio, tenemos que estar dispuestos a poner un mango atrás.
Ya que hay acuerdo en ciertas cosas entre muchos partidos, podría existir un acuerdo político multipartidario para que, gane quien gane, se pongan en práctica ciertas acciones en el próximo gobierno. Si todos decimos cárceles más chicas, firmemos un compromiso multipartidario para hacer cárceles más chicas. Una reforma de fondo implicará probablemente construir algún centro nuevo, pero también subdividir centros ya existentes. Hay lugares de fuego que ya no pueden seguir así; no admiten un solo día más.
Todo lo que hagamos en materia penal afecta al sistema carcelario. Entonces, si mañana restringimos un beneficio, modificamos una pena o movemos cualquier cosa, se va a afectar directamente al sistema penitenciario. En algún punto vamos a tener que empezar a pensar en esto como una globalidad, como algo a comprender de forma integral. A eso se le llama política criminal.
Hoy tenemos casi 12.000 personas privadas de libertad. Salen 6.000 personas al año, y siete de cada diez vuelven a delinquir. Evidentemente hay una falla en el acompañamiento de la salida, entre otras cosas. Hay que potenciar los esfuerzos pospenitenciarios y el trabajo de los reclusos.
Los –pocos– esfuerzos presupuestales terminan mostrando dónde están las cosas que nos importan. Entonces, sí la seguridad pública es el tema que más preocupa a los uruguayos, estemos dispuestos a invertir en el sistema carcelario, a generar cárceles más pequeñas, a construir programas educativos, programas de tratamiento de adicciones, a ponerle un mango sustantivo a la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Estemos dispuestos a discutir con seriedad sobre medidas alternativas a la prisión, que no son mala palabra. No es mala palabra decir que “no todo en el mundo se arregla con cárcel”.
En materia de seguridad, la cárcel tiene que ser el centro de nuestros desvelos. En lo presupuestal, en lo discursivo, en los esfuerzos y en la sensibilidad. Por la gente que está adentro y por la gente que está afuera. Si hay acuerdo entre los partidos respecto de qué modelo carcelario queremos, ¿por qué no encaramos una reforma sustantiva del modelo carcelario?
Álvaro Garcé | Partido Nacional
El sistema carcelario está atravesando una grave crisis, en un contexto de crisis general de la seguridad pública. La crisis se ha prolongado. En 2005, cuando asumió Tabaré Vázquez, decretó la crisis humanitaria del sistema penitenciario. La crisis ha aumentado y refiere a la implosión del Estado en diversas áreas del sistema penitenciario. Hoy el Estado no está en condiciones siquiera de cumplir la función asegurativa, es decir, asegurar a las personas privadas de libertad. Esto no quiere decir sólo que no se escapen, sino que implica, fundamentalmente, que se tienen que asegurar las condiciones mínimas para que puedan vivir dignamente y, sobre todo, que no estén en una lucha permanente por la supervivencia. La seguridad penitenciaria es esencial, es un medio indispensable para que el Estado pueda cumplir con lo que debe hacer: promover la salud, la educación y el trabajo.
Hoy se vulneran los derechos de las personas privadas de libertad y de quienes trabajan en las cárceles. El resultado de la ausencia del Estado en buena parte del sistema carcelario es que la violencia ha aumentado. Es un escenario incompatible con la rehabilitación. Proponemos restablecer el control del sistema penitenciario, no como un medio en sí mismo, sino para hacer lo que hay que hacer: garantizar una vida digna y condiciones de rehabilitación.
Otro factor esencial es el cuidado de la salud. La Administración de Servicios de Salud del Estado debe extenderse a todas las cárceles del país y se deben instalar comunidades terapéuticas en todo el sistema penitenciario.
El país debe tener una cárcel de máxima seguridad, de unas 150 plazas, acorde a estándares internacionales. En lo que refiere a la seguridad media, se deben ampliar las actividades de educación formal y no formal. Hay que rediseñar el sistema medio y bajo de seguridad. Hay que trabajar en la reclusión abierta o semiabierta. En este momento, 10% de la población carcelaria podría acceder a estos sistemas de confianza. Hoy no supera el 3%. Haciendo una buena reclasificación, se podría llegar a este objetivo sin que esto represente ningún tipo de riesgo.
Además de educación, proponemos la difusión general del trabajo. El trabajo no puede ser una prolongación ilegítima del castigo, sino una medida terapéutica. Tiene que ser para establecer rutina y disciplina, en el mejor sentido de estas palabras. En aquellas unidades en que las personas privadas de libertad están trabajando, la violencia tiende a disminuir. Por el contrario, la combinación explosiva de ocio y consumo problemático de drogas generan el peor y más violento de los escenarios. Finalmente, se debe fortalecer el trabajo luego de la recuperación de la libertad.
Hay que apuntar a una profunda transformación. A la mejora de la gestión, a la prevención y represión del delito. Hay que modificar sustancialmente el sistema carcelario en todos sus niveles.
Diego Pereira | Unidad Popular
Cuando discutimos sobre cárceles discutimos sobre seguridad pública, que es uno de los temas que más importan a uruguayas y uruguayos.
En seguridad, aquellos partidos que firmaron el acuerdo de seguridad en 2010 (Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente y Frente Amplio) marcaron el rumbo que determina que hoy tengamos una crisis carcelaria sin precedentes en nuestro país. Uruguay está entre los países con mayor cantidad de presos per cápita. Cuando se dice que ha habido políticas blandas no es cierto.
El sistema político ha reaccionado con manotazos de ahogado frente a los fenómenos que en la opinión pública generaron revuelo. Se han aumentado penas y, para intentar calmar un reclamo justo por la seguridad, se ha respondido con impulsos espontáneos, sin tener una perspectiva real ni recursos materiales y humanos para resolver estos problemas.
En este sistema político, lejos de haber desacuerdo, la gran mayoría tiene un acuerdo enorme en los ejes centrales a llevar adelante. Representan más del mismo camino que nuestro país ya decidió tomar.
Queremos dar una vuelta de 180 grados en las políticas de seguridad de nuestro país. Para discutir las cárceles hay que discutir sobre la cuestión presupuestal, sobre de dónde va a salir el dinero para resolver el problema de la seguridad y garantizar la rehabilitación.
Nosotros también decimos que necesitamos cárceles más chicas, con menos personas. En lo concreto, queremos que los centros de reclusión no tengan más de 100 personas. Queremos que se prohíba por ley la creación de megacárceles y la continuidad de las que ya existen. Queremos que el sistema penitenciario no sea un sistema de lucro. La participación público-privada es la punta de un iceberg que si no detenemos ahora, no sé cómo lo vamos a detener en un futuro.
Si no discutimos acerca de la seguridad pública y sobre de dónde vamos a sacar los recursos para resolver estos problemas urgentes de la sociedad, lejos de hacer propuestas, estamos volviendo a hacer un circo electoral. Por eso entendemos que nuestro papel es el de denuncia, seguimiento, investigación y auditoría del sistema penitenciario. Vamos a promover un profundo debate social sobre esto. Creemos que el resto del sistema político ha sido cómplice de esta situación, y por eso queremos dar un giro de 180 grados.
Ilustración: Ramiro Alonso
Pablo Mieres | Partido Independiente
La solución a uno de los problemas más grandes que tiene el país, como es la seguridad, depende en gran medida del éxito de una reforma penitenciaria.
Se registran permanentemente violaciones a los derechos humanos. Tenemos penosas condiciones para las personas privadas de libertad, y el personal que trabaja en las cárceles está en condiciones preocupantes.
El problema de las cárceles no es nuevo, pero se ha agravado con el aumento de la población carcelaria y la ausencia de respuestas fundamentales. El sistema no cumple con su función básica, que es la rehabilitación. Al revés, las condiciones penitenciarias tienden a favorecer la reincidencia y la profundización en el delito. La tasa de reincidencia es vergonzosa. Es muy grave la falta de respuestas en la previa al egreso y en el egreso mismo.
Sacar el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior y descentralizarlo ha sido un acuerdo de todos los partidos que sigue pendiente.
Es necesario señalar que hay gotas en el desierto. Todos los casos positivos tienen que ver con las actividades educativas y laborales. Pero la mayoría de los presos vive en una situación de sistemático aislamiento y condiciones humanamente inaceptables.
Es obvio que tenemos que ir por cárceles más pequeñas. No puede haber camas compartidas. Cada recluso debe tener derecho a una cama, un colchón y una frazada. La alimentación y los espacios para comer deben ser adecuados. Tiene que haber iluminación y ventilación. Las personas privadas de libertad deben ser clasificadas en criterios de procesos, penas, causas, antecedentes y conductas. Se debe hacer una apuesta por las actividades educativas y laborales, y tiene que haber condiciones de higiene y para las visitas. A su vez, la gestión de salud debe fortalecerse, creando tratamientos para las adicciones. La intervención especializada en la etapa de preegreso, con preparación para el egreso, es fundamental. Hay que mejorar las condiciones pospenitenciarias, con diseño de redes y contención social.
La Policía tiene la función de reprimir y detener a las personas que cometen delitos. La función de rehabilitación es otra, y necesita otro tipo de especialización funcionarial, hasta por un tema de enfoque. Tiene que haber una mejora radical del personal, avanzando en la especialización. Hacen falta equipos técnicos, recursos, organización y gestión.
Hay que mejorar la estadía en los establecimientos carcelarios. Tiene que haber una planificación adecuada del desencierro. Sabemos que hay personas privadas de libertad que están todo el día encerradas, eso va contra cualquier posibilidad de rehabilitación. Si una persona sale con dos pesos y una ruptura de vínculos, sin horizontes y sin nadie que lo espere, las condiciones de reincidencia son totales.
Además, tenemos que racionalizar el uso de la privación de libertad, y eso implica un desarrollo cuidado de medidas alternativas a la privación de libertad.
Todo esto es una pata indispensable para recuperar la seguridad. Si no se asume esta realidad no habrá resultados, por el contrario, se agravará la situación.
Rivera Elgue | Cabildo Abierto
Las cárceles son un elemento sustancial para cortar con la carrera del delito y modificar la actual situación de inseguridad. Si no cortamos el delito en las cárceles, si no rehabilitamos, difícilmente podamos ganar la lucha por la seguridad. “Cárceles” es uno de los cuatro ejes de una ley que presentaremos el 1º de marzo para la protección y la seguridad.
Hemos sido observados en repetidas oportunidades por Naciones Unidas por las condiciones de nuestras cárceles. No podemos tener estas condiciones, esta falta de dignidad y de atención para los privados de libertad.
Las cárceles deben continuar bajo la órbita del Ministerio del Interior. A su vez, es fundamental cambiar el modelo de gestión. No se debe policializar la rehabilitación. Pero, si somos conscientes de que en nuestras cárceles existe el delito, el tráfico de drogas y el ajuste de cuentas, no podemos ser tan inocentes de creer que solamente operadores y rehabilitadores van a poder enfrentar al crimen que está enquistado en las cárceles.
Debemos tener una policía carcelaria, diferente de la Policía Nacional, que no se vinculen entre sí ni sean transferibles. Exigimos la profesionalización de los policías, manteniendo su estado policial por el carácter crítico de la tarea que desempeñan. Aunque estén presos, no es sencillo enfrentar a ese tipo de delincuentes. Creemos que debe existir personal especializado en la rehabilitación, como psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, que deben tener carácter de especialistas y deben contar con estado policial, que los proteja y les exija.
Creemos que es importante la clasificación y el tratamiento individual en base a esa clasificación. También la previsión de la salida en libertad. Tienen que darse las condiciones y la preparación para el egreso. No podemos encarar la salida en libertad una vez que el preso está en la calle.
Debemos tener distintos tipos de cárceles acordes a los niveles de seguridad. Debe existir una cárcel de máxima seguridad que sea operada por funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional. Entendemos que no es mejor ni peor solución, pero operar una cárcel por parte de las Fuerzas Armadas sería una colaboración al sistema. Esa guardia sería rotatoria, lo que protegería a todo el personal y evitaría la corrupción. Sería una cárcel para delincuentes vinculados al narcotráfico, el terrorismo internacional y el crimen organizado.
Dentro de nuestras propuestas también está la construcción de un hospital carcelario, porque se han generado problemas en nuestros centros de salud, y porque la falta de atención a la salud en las cárceles es una falta gravísima del Estado. El tratamiento de las adicciones forma parte fundamental de la rehabilitación, acompañado del trabajo y del seguimiento permanente.
El sistema carcelario está sobrediagnosticado, pero las propuestas son muy poco ajustadas a la realidad carcelaria. Tenemos que ajustar las medidas a la realidad posible del Estado, porque los uruguayos no nos merecemos las cárceles que tenemos hoy.
Roberto Parrado | Partido de la Gente
Algunos quieren muros, otros queremos vasos comunicantes. Estamos permanentemente en rumbo de colisión, averiados. No podemos improvisar en un tema tan sensible como son las cárceles. Se necesita tener una selección adecuada de quienes ocupan los cargos.
Tenemos muchos puntos en común entre los partidos. Quien asuma el gobierno debería llevarlos adelante. La inseguridad es la punta del iceberg. Estos daños se reflejan en cada uno de nosotros, porque menoscaban nuestra paz.
Tenemos que trabajar en el adentro y en el afuera. La cárcel es como un espejo del afuera. Es una ciudad de delincuentes, que tiene pocos recursos humanos y logísticos y no tiene un plan integral en el marco de una política criminal del país.
No se puede gestionar un tema tan sensible si no tenemos claro hasta dónde vamos a ir con lo que hacemos. Para eso hay que tener propuestas. Hay partidos que son coincidentes en las propuestas.
Lo primero que tenemos que hacer en los establecimientos carcelarios es restablecer el orden. Está en la tapa del libro, vamos a animarnos a decirlo. Hay que pensar quién lo puede hacer hoy. Para eso tenemos que recuperar la experiencia perdida. Los policías retirados son olvidados; está la experiencia acumulada de aquellos que estuvieron años en las cárceles.
Proponemos pequeñas cárceles, como todos los partidos, con atención específica. Hay que saber qué delito cometió cada persona y que rehabilitación específica le vamos a dar. Tiene que haber un plan integral que elimine la improvisación. Que sea serio, adecuado, que contenga una mirada interdisciplinaria e interinstuticional.
Tenemos que resolver qué pasa con las adicciones y con otras patologías de salud. Cuando las personas piden atención, tienen que tenerla. También tiene que haber mecanismos para atender a las personas, aunque no lo pidan. Cuando decimos que no queremos que entren las drogas a las cárceles, ¿quién va a manejar el síndrome de abstinencia?
Hay que trabajar la salida, no se pueden ir con 100 pesos. La reincidencia es demasiado alta. Hay que pensar en que cuando salga pueda salir con el dinero de su trabajo, con todo lo que tenga acumulado.
No me gusta la mano dura, me gusta la mano firme, que luego se convierte en un brazo amigo, que no deja a nadie por el camino. Para eso hay que trabajar en educación, hábitos, valores, respeto, autoridad, acumulación de experiencias, entre otros aspectos que hoy no están en nuestras cárceles.
Por otro lado, las faltas deben pagarse en una unidad de contraventores. En lugares en los que tengas que pasar la noche y cuando entres sientas detrás tuyo el pasador que se tranca, que te haga pensar en que ese no es el camino. De justicia restaurativa ni hablamos, y deberíamos.
Tenemos que ser conscientes que para evitar los delitos tenemos que trabajar en el afuera. Si no lo hacemos afuera, en el adentro no nos va a ir bien. Ya es hora de hablar menos y hacer más.
Daniel Martínez | Frente Amplio
La estrategia de abordaje a la situación carcelaria es una de las claves para mejorar la seguridad. Hoy las tasas de reincidencia son altas. Las cárceles deben salir de la órbita del Ministerio del Interior. Tienen que pasar a ser un servicio descentralizado.
Queremos realizar transformaciones en la política carcelaria. Las transformaciones incluyen un cambio en el modelo de gestión del sistema carcelario, el apoyo al preegreso, a la reinserción de los liberados y el abordaje de los entornos familiares de las personas privadas de libertad.
Al mismo tiempo, es imprescindible disminuir de manera significativa el índice de reincidencia. Esto sólo será posible si se realiza un ajuste de las políticas carcelarias, que promueva el tratamiento individualizado.
Tenemos que apuntar a nuevas unidades de gestión en las cárceles ya existentes y, en el futuro, construir cárceles más chicas. Se debe realizar una transformación en la gestión de las unidades carcelarias. Las infraestructuras de grandes centros carcelarios se tienen que subdividir para la gestión tendiendo a constituir unidades más pequeñas. El primero en dividirse será la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar), luego se proseguirá en otras grandes unidades.
Debe existir una separación de acuerdo al delito cometido y considerar si se trata de primarios o reincidentes. Es necesario desarrollar actividades de formación y trabajo que promuevan la disminución de actitudes violentas, y también hay que garantizar los servicios de salud, incluyendo la salud mental y el abordaje de consumo problemático de drogas. El apoyo a las familias de las personas privadas de libertad es importante. Tenemos que fortalecer el apoyo para el egreso, que debe comenzar a implementarse desde el primer día en la cárcel.
Nos comprometemos a instalar un programa de capacitación laboral, junto al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, con un alcance de 6.000 personas por año, es decir, para el total de las personas que egresan de las cárceles anualmente.
Complementando la nueva política carcelaria, se implementará un sistema de agentes de seguimiento para facilitar la reinserción laboral y social, y así evitar la reincidencia, estableciendo en particular una política de atención a las personas con consumo problemático de drogas y patologías de salud mental.
Realizaremos un rediseño de los programas vinculados a las políticas sociales para atender los entornos familiares de las personas privadas de libertad, apuntando a evitar la vinculación con el ámbito delictivo de las referencias familiares.