“¿Vos sos masoquista? Decí, ¿te gusta que te destrocen, que te golpeen, que te maten? ¿Por qué no hablás? Y súbitamente, entre golpes y desaforados aullidos, caía y comenzaban las habituales ‘orgías’ de los señores”, narraba el ex senador José Germán Araujo el testimonio de Ofelia Fernández, militante de la Unidad de Jóvenes Comunistas (UJC), en el Parlamento del 2 de julio de 1985. Ese día presentaba un informe con los relatos de distintas víctimas de tortura, en manos, entre otros, de Jorge Gundelzoph, alias el Charleta.
Gundelzoph es uno de los 60 indagados con pedidos de procesamiento por delitos de lesa humanidad (según datos del Observatorio Luz Ibarburu, OLI). De estos 60, sólo siete ya han sido procesados o condenados por otras causas. El martes, una carta del actor Iván Solarich, publicada en Uypress, reavivó lo que viene aconteciendo desde hace años: la libre circulación de quienes han recibido denuncias por torturas, violaciones, desapariciones forzadas y un largo etcétera, durante el terrorismo de Estado.
En la carta dirigida al presidente electo Luis Lacalle Pou, se muestra a Gundelzoph en una playa de Punta del Este, y se pide expresamente “que sus hijos y el mío, nuestros hijos, no tengan que transitar la misma vereda que los responsables de tamañas monstruosidades”.
Ricardo Perciballe, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, afirmó a la diaria que Gundelzoph “circula por el país porque está a la espera de la resolución judicial, lo único que se puede hacer con respecto a eso es cerrar las fronteras, pero en el país puede moverse tranquilamente, como tantos otros”. Perciballe sostuvo además que las causas que hoy están en actividad son 160 y, de estas, 20 son pedidos de procesamiento pendientes. Las 140 causas restantes están en presumario; en etapa de investigación pero “sin una solicitud fiscal ni por archivo ni por pedido de procesamiento”.
Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Unidad 8 -Domingo Arena-, destinada para aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad, alberga en la actualidad únicamente a 14 hombres.
Lo puntual
“Me acercan a una pileta o a una bañera. No veo nada; hay una gran oscuridad y mucha humedad. Percibo las voces de un grupo de personas entre los que se destacan inconfundibles “el Charleta” y Presa (...) Me quitan la ropa y me acuestan boca abajo sobre una chapa de metal. Me amarran a ella y la chapa comienza a bascular. Me introducen una y otra vez en el agua podrida”, leía Araújo el relato del doctor Alberto Grille.
En 2015, la fiscal Ana María Telechea pidió el procesamiento de Gundelzoph por el delito de tortura. En 2018, Perciballe ratificó el pedido pero, agregó el cierre de fronteras y lo imputó por el delito de abuso de autoridad en concurrencia con el delito de privación de libertad. Lo dicho, enmarcado en su actuación durante la dictadura en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
Gundelzoph fue denunciado por unas 50 personas, mayormente militantes de la UJC que fueron detenidos en lo que era la sede de Inteligencia Policial, ubicada en Maldonado y Paraguay. Pero “él como todos los militares ha presentado todas las excepciones habidas y por haber y, por eso, es que no se resuelve su situación”, dijo Perciballe.
Aclaró, además, las excepciones que suelen presentarse para enlentecer la marcha de los procesamientos: la excepción de prescripción, pero que al respecto “hay unanimidad en la jurisprudencia y no se prescribe ninguna causa”. La excepción de inconstitucionalidad de la ley 18.831, que plantea la “pretensión punitiva del Estado: restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado”, según se lee en la ley. Y, por último, la excepción que para Perciballe, es la que más suelen presentar en el último tiempo: la inconstitucionalidad de la ley 19.550, que creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.