“Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa”, dice el artículo 45 de la Constitución de la República. Pero la Constitución se evapora cuando la propiedad privada se antepone a los derechos humanos, al derecho a la vivienda, a los derechos de las personas migrantes.
Hay un patrón en los procesos de desalojo que tienen lugar en Montevideo, en particular en la Ciudad Vieja. Pero en el último tiempo la problemática se ha extendido a Cordón y al Centro. Edificios tapiados y con alambre de púa, fachadas con carteles de venta o alquiler que duran años, familias que deben abandonar de un día para el otro el lugar donde residen. Se llama gentrificación.
Los pasos
Desde 2012 los desalojos se han intensificado, dijo a la diaria Valeria España, abogada y socia fundadora del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos. En los comienzos la norma era efectuar las desocupaciones por la vía civil, lo que “significaba otras garantías procesales y otros tiempos”, aseguró. Pero en el último período los desalojos se “están dando con otra intensidad: se usa el derecho penal para desalojar por usurpación”. Esto permite que los desalojos se hagan de un día para el otro a partir del simple pedido de la Fiscalía, sin la participación de un juez. “Desalojo exprés”, lo llamó Juan Ceretta, abogado que dirige el Consultorio Jurídico y Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho (Fder) de la Universidad de la República (Udelar). Ceretta y España coincidieron en que este recurso “criminaliza la pobreza”.
España aseguró que son muchos los casos en que los propietarios no pueden recurrir al desalojo civil debido a “la deuda que tienen con la Intendencia [de Montevideo, IM]”, por lo que acuden a la vía penal para “sacar a las personas y tratar de regularizar el inmueble o venderlo, antes de que la IM se los quite”. La figura de la usurpación aparece como una supuesta protección de la propiedad privada. Sin embargo, “tampoco es necesario probar la propiedad cuando se genera un desalojo o cuando se denuncia usurpación”, sostuvo España, y agregó que eso implica “una laguna jurídica enorme”.
Al fenómeno de la gentrificación se le suma la oleada migratoria que ha recibido en los últimos años el país: esa población es la más afectada. El otro patrón se encuentra en las estafas que tienen lugar no sólo en los edificios históricos, sino en pensiones autorizadas y “truchas”, según España. Se utiliza el desconocimiento de los migrantes sobre las reglas uruguayas para, por ejemplo, hacerles pagar por adelantado sin que medie la forma de ningún papel, como sucedió en el desalojo que se llevó a cabo hace un tiempo en una vivienda ubicada en Canelones y Yaro. “Los migrantes son más vulnerables que los uruguayos: no conocen las leyes y, a su vez, están acostumbrados a prácticas que son comunes en sus países pero acá no. Hay cosas de las que podríamos informarles cuando llegan, a fin de que no sean víctimas de estafas”, aseguró Ceretta.
Las sociedades anónimas también son parte del modus operandi. Según contó España, en edificios grandes que tienen algún problema con el final de obra o atraviesan un proceso de litigio, las sociedades anónimas promueven desalojos. Estos hechos, dijo, determinan la historia del inmueble y de aquellos que quedan abandonados; llama “inmobiliaria de la pobreza” a los casos en que “te gestionan el espacio, se consigue la llave y después se vende a una plata significativa”.
La especulación inmobiliaria es otro aspecto relacionado. España explicó que las sociedades anónimas compran un inmueble en determinado momento, pero dado que las condiciones de mercado no son las propicias para venderlo, “los especuladores mantienen los edificios abandonados por años, en espera de que aparezca el mejor postor”. Como ejemplo recordó el caso del edificio Royal, en 18 de Julio y Andes, del que fueron desalojadas 140 personas y hacía “por lo menos tres años” que el inmueble estaba abandonado.
La respuesta
España y Ceretta compartieron otra certeza: no hay respuesta del Estado a este problema. “No hay ningún protocolo, ni de desalojo, ni de actuación a nivel de los ejecutores de política pública para evitar un riesgo social”, afirmó España. Asimismo, sostuvo que la mayoría de las personas que viven estas instancias reciben algún apoyo del Estado y “han sido identificadas como personas en situación de vulnerabilidad, por lo que quedar en la calle agravaría claramente su situación”. España planteó que, en general, el Estado reacciona a partir de la demanda de la sociedad civil y cuando los medios de comunicación cubren los hechos.
El consultorio jurídico de la Fder ha atendido al menos siete u ocho casos de grupos migrantes desalojados de una pensión por vía penal, estafa de por medio. En todos los casos, lo que consiguieron fue tiempo. A causa de los vacíos legales en el después, su papel termina ahí. En los casos en que han actuado, el después siempre consiste en “conseguir”: algunos consiguieron ayuda de alguien, a otros se les consiguió una manera de alquilar sin presentar garantía, a otros se les consiguió un lugar donde vivir, y otros terminaron volviendo a su país. Ceretta agregó que especialmente quienes vienen de Cuba, Venezuela y República Dominicana prefieren vivir en “comunidad”, pero nuestras políticas de vivienda no manejan esa opción, ya que están pensadas para una familia tradicional: pareja con hijos que “sueñan con tener su casa”.
España contó que se creará un Observatorio de Conflictos Territoriales en el ámbito de la Udelar, y que diversas organizaciones planean la creación de un foro social de bienes comunes “para cambiar el enfoque de la propiedad privada”. Aun así, hizo énfasis en que muchos de los episodios que ella ha podido “amortiguar” para que no se completaran los desalojos fueron propiciados por el propio Estado. Aseguró: “El Estado no sólo no garantiza [el derecho a la vivienda], sino que además promueve desalojos. Hay que tener esto en cuenta, porque si esta era la situación en un contexto político relativamente favorable, con una ministra cabildante [Irene Moreira, futura ministra del Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente] el escenario va a ser dramático”.