El borrador de la ley de urgente consideración presentado la semana pasada por el presidente electo, Luis Lacalle Pou, introduce dos modificaciones en la legislación del Instituto Nacional de Colonización (INC) que eliminan la obligatoriedad de habitar el predio para los colonos propietarios y sus familias, y desafectan de la órbita del INC cerca de 150.000 hectáreas de tierra enajenadas por la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay. La directora del INC, Jacqueline Gómez, cuestionó ambas iniciativas y aseguró que van en contra del espíritu de la legislación por la que se creó el instituto, en 1948.
El artículo 313 del anteproyecto establece como obligación de los colonos “trabajar el predio bajo su dirección y supervisión directa y habitarlo con su familia, salvo, en este último caso, que se trate de colonos propietarios, o que la adjudicación expresamente establezca la excepción, o que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados, o por razones justificadas de salud, estudio o trabajo de algunos de sus integrantes”. La normativa vigente establece la obligatoriedad de residencia para todas las figuras (colonos propietarios y arrendatarios) excepto en caso “que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados”.
Esta modificación “promueve un mal uso de los recursos que la sociedad en su conjunto puso en ese territorio y quita oportunidades a las más de 1.700 familias que se presentan cada año en el INC y que sí quieren vivir en el medio rural”, afirmó Gómez en diálogo con la diaria. Para la actual titular del instituto, “despriorizar el rol de la residencia va en contra de la ley de 1948, que fue votada por unanimidad, y de la propia lógica que ha tenido el instituto”, que atiende al “despoblamiento del medio rural”. En este sentido, señaló que uno de los objetivos del INC es promover la radicación de la familia en el medio rural y, de esa forma, brindar condiciones de vida adecuadas para esa familia y otras de la zona que se benefician del tejido social en el territorio. “Cuando existe población en el medio rural, la escuela rural tiene chiquilines y hay población suficiente para que lleguen los proyectos de electrificación”, señaló.
Sin embargo, la jerarca destacó que las excepciones se tienen en cuenta y que, frente a situaciones concretas –por ejemplo, de enfermedad de alguno de los integrantes de la familia–, se contempla la posibilidad de no residir en la colonia, aunque de forma temporal. “Si tenés una enfermedad y necesitás una transfusión todos los días, no podés vivir en el campo, a 400 kilómetros de una ciudad, pero tampoco significa que si los gurises se van a estudiar ya no podés vivir en el campo”, reflexionó Gómez. “Vos tenés una infraestructura que está paga por la sociedad uruguaya, tenés una vivienda y un montón de acciones que se hicieron con recursos de la sociedad uruguaya. Si no estás dispuesto a vivir en el medio rural, tenés que irte de esa tierra y dejarla para otro que sí quiera vivir allí, y que es la característica de la producción familiar”, añadió. Para Gómez, con la modificación planteada en el borrador de Lacalle Pou, “cualquiera va a poder utilizar el subsidio sin tener un conjunto de obligaciones”.
Por otra parte, el artículo 314 de la ley de urgente consideración modifica el artículo 5º de la Ley 18.756, modificación que implica la desafectación de unas 150.000 hectáreas de tierra de la órbita del INC, que actualmente posee 610.000. La desafectación de estas tierras implicaría “una pérdida patrimonial para la sociedad toda”, con la consiguiente “mercantilización, el efecto concentrador de tierras y el perjuicio de otros productores familiares en el territorio”, apuntó Gómez.