La ley de urgente consideración (LUC) aprobada en julio y el proyecto de ley de presupuesto que analiza el Parlamento son los buques insignia del gobierno de la coalición multicolor, según han repetido las autoridades. Sin embargo, un organismo creado por la LUC en la órbita del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), “no tendría razón alguna de ser” si se aprueba un artículo del presupuesto, dijo la ministra Irene Moreira.
La titular del MVOT se refirió de esta forma al artículo 611 del proyecto, que traslada desde esta cartera a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) el Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB). Días atrás, al asistir a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, criticó la medida y sostuvo que “no hace más que generar más gastos operativos”. Su postura es que “el PMB debería quedar dentro de la órbita de la Dinisu”.
Moreira explicó que la nueva dirección creada por la LUC incluye al PMB, al Plan Juntos y al Plan de Relocalización. Comentó que este último “tiene presupuesto cero y va de la mano del PMB, [por lo que] la Dinisu no tendría razón alguna de ser, ya que quedaría conformada exclusivamente por el Plan Juntos”.
Durante la sesión hubo apoyo a la postura de la ministra por parte de legisladores del Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA), partido al que pertenece la secretaria de Estado. “Es bastante inconsistente haber generado en forma urgente una dirección nacional que hoy pierde una de las patas principales”, dijo la diputada opositora Lucía Etcheverry, ex directora de Vivienda.
Quien defendió el artículo y el pasaje del PMB a la OPP fue el director de este organismo, Isaac Alfie, al comparecer el martes ante la Comisión de Presupuesto. Sostuvo que “el objetivo es lograr una mejor coordinación con los gobiernos municipales y las empresas públicas”, porque “el programa no ha tenido una ejecución muy buena en términos generales, ya que ha tenido carencias y poca coordinación”.
El director de la oficina de gobierno añadió que “un porcentaje muy grande de la ejecución” dentro del PMB se dedicó “a consultores y viáticos, por lo que la idea es hacer una cosa más grande y más coordinada, a través de la OPP”. Para ese trabajo, detalló, se tendrá en cuenta “el plan de obras del MVOT, pero potenciando y optimizando recursos que actualmente están muy dispersos”.
Junto a las autoridades del MVOT acudió a la comisión el arquitecto Álvaro Martínez, coordinador del PMB, quien explicó que el trabajo se centra principalmente en “obras de infraestructura urbana” y no en la construcción de viviendas. Los fondos llegan de un préstamo que otorga financiación y tiene aportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el 70%, requiriendo también apoyo del Fondo Nacional de Vivienda.
Alfie dijo ante los legisladores que “al MVOT no se le quita ningún recurso, porque el dinero pasa de un lado al otro”. Sobre el presupuesto del que dispondrá el PMB, se informó que será de 522 millones de pesos anuales, 5% menos que en el período anterior.
FA cuestiona postergación de obras del PMB
La diputada frenteamplista Cecilia Cairo, ex coordinadora del Plan Juntos, dijo en la comisión ante las autoridades del MVOT que supo que “se han enviado notas a las diferentes intendencias, en las que se pide la reprogramación de obras que hoy están en ejecución en el PMB”. Criticó que esto llevaría a postergar “obras que deberían proyectarse y comenzar en el primer semestre de 2021, como, por ejemplo, las de Maracaná sur y Cotravi, barrios muy grandes que tienen una fuerte situación de complejidad por estar en zonas inundables”.
Según los números que mencionó Cairo, estaba previsto construir 9.522 viviendas por el PMB, pero “ahora se tiene pensado terminar 5.119, lo que significa que se estaría debiendo 3.312 viviendas”.
El coordinador del programa respondió que “la realidad del país llevó a sentarnos a hablar con las intendencias y poner sobre la mesa los proyectos”, porque algunos que están en ejecución “son costosísimos”. Dijo que el camino elegido fue “sentarse en una mesa de diálogo con las intendencias para ver qué etapas de obra se pueden aplazar para el primer o segundo trimestre del año que viene; no se trata de dejar de cumplirlas”.
Martínez señaló que parte del trabajo conjunto con las intendencias será “estudiar si [la obra] se puede hacer así o si se puede sectorizar; no me refiero con esto a bajar la calidad, o manejar a nivel de distintas capas el tejido urbano, la red vial, el saneamiento y la red eléctrica”.