Este lunes de mañana comenzó el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. El equipo económico, encabezado por la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, realizó la presentación general del proyecto en una jornada que se extendió hasta las 16.00.
Cuando terminó la sesión de la comisión, en una conferencia de prensa, la ministra subrayó que es un presupuesto focalizado en “obtener mayor crecimiento económico” y en “aumentar el empleo, que ya venía con una situación complicada” antes de que la pandemia llegara a Uruguay. Agregó que el coronavirus determinó que la situación en el mercado laboral empeorara, y que en la actualidad se están viendo “algunas señales tenues de recuperación”. De todos modos, señaló que deben ser “cautelosos” y “seguir apoyando para transitar a través de esta pandemia y luego sí tener un crecimiento más sostenido para el resto del período”.
“También hicimos hincapié en que es un presupuesto sin aumento de impuestos, tal como fue el compromiso durante la campaña electoral, a pesar de que la situación fiscal inicial era y es compleja, y a pesar de que a pocos días de haber asumido esta administración conocimos que teníamos coronavirus en nuestro país”, agregó.
Además, Arbeleche destacó que es un presupuesto en el que ya no está “la lógica de aumentar los recursos en cada una de las unidades ejecutoras”, sino que se reasignan para que “ese dinero llegue a resultados concretos para las personas”. “Que llegue al alumno, al paciente, a la casa de quien lo necesita, y no tanto que se quede en unidades ejecutoras, en entidades que gastan más pero no tienen mejores resultados. Por eso decimos que es un presupuesto centrado en la gente”, subrayó.
Por último, la ministra sostuvo que hasta ahora “el ajuste lo ha tenido que hacer la gente, el sector privado ha tenido que responder al agujero fiscal”, pero ahora “la única manera de responder”, y por eso así lo diseñaron en el proyecto de presupuesto, “es que sea el Estado el que genere ahorros y sea más eficiente con los recursos que tenemos”.
La herencia
En tanto, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, señaló en una conferencia de prensa que en la comisión mostró un estudio –al que se puede acceder en la página web del Ministerio de Salud Pública– que indica que desde mediados de febrero hubo un “aumento de los casos agudos de enfermedades pulmonares, una salida de línea frente a los promedios históricos”. Por lo tanto, existe “la presunción” de que por esas fechas “ya había casos de coronavirus en Uruguay”, algo que “parece bastante lógico”, teniendo en cuenta “el intercambio con Europa”.
Alfie señaló que esos casos de coronavirus “no estaban advertidos” y que eso “hizo retrasar la respuesta” del gobierno y también “la preparación”, porque una cosa es “estar dos o tres semanas antes armando el esquema de defensa” y otra “dos o tres semanas después”. “En ese principio, si se hubieran tomado determinadas medidas, capaz que se hubiera evitado ese mes y pico largo donde la parálisis de la actividad fue muy grande”, sostuvo. Por último, dijo que el resultado de ese retraso en la respuesta es que se llega al proyecto de presupuesto “con un nivel de actividad económica menor al que seguramente, si se hubiera conocido desde el principio y tomado las medidas, se hubiera hecho”.
la diaria consultó por estas declaraciones al senador del Frente Amplio Charles Carrera, integrante de la comisión que estudia el presupuesto. Sostuvo que “hay una estrategia de no discutir el fondo del presupuesto”, ya que va “al achique del Estado”. “Es un presupuesto que va a recortar un conjunto de políticas públicas muy importantes, y tiene una serie de inconsistencias en las proyecciones macroeconómicas, que los propios organismos internacionales y analistas señalan”, afirmó.
Además, Carrera dijo que “falta transparencia” en el Presupuesto porque el Parlamento va a habilitar una serie de créditos, pero “si no se llegan a cumplir las metas, conforme al artículo 7, el Poder Ejecutivo puede realizar recortes mayores”, y eso al Frente Amplio le “preocupa”. El artículo en cuestión establece: “Facúltase al Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, a establecer límites de ejecución de créditos destinados a gastos de funcionamiento e inversiones de los Incisos de la Administración Central y los Incisos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, quedando exceptuados el Inciso 16 ‘Poder Judicial’, el Inciso 25 ‘Administración Nacional de Educación Pública’ y el Inciso 26 ‘Universidad de la República’, cuando exista riesgo de no cumplimiento de la meta indicativa de resultado fiscal”.