El movimiento social que marcó la revuelta de 2019 sigue vivo en Chile. Hay ilusión con el proceso constituyente que comienza este domingo, pero aun así la calle no se confía de la elite y los partidos políticos. Las organizaciones de base mantendrán las protestas hasta que haya cambios reales y exista justicia para las víctimas de la revuelta.
A un año del estallido social surgido en octubre de 2019 en Chile y ad portas del plebiscito constitucional, las calles se volvieron a llenar de manifestantes el domingo. Los cánticos inundaron las principales avenidas del país y los grafitis e intervenciones artísticas pintaron los muros con mensajes de impugnación contra la elite. Tras varios meses en cuarentena, la gente se reencontró en la plaza Dignidad, ubicada en Santiago. En símbolo de protesta, pintaron de rojo la estatua del general Baquedano y recuperaron –por unas horas– el epicentro de las protestas del año pasado, que lleva meses siendo custodiado por el Ejército y Fuerzas Especiales de Carabineros.
Las letras de los cánticos y los mensajes escritos piden “dignidad para el pueblo” y justicia para las 2.820 víctimas de acciones criminales perpetradas contra ellos por parte de agentes del Estado, de acuerdo a las denuncias que registró el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). También los mensajes “Sipo Apruebo” y “Convención Constitucional” se repiten hasta en las mascarillas de los manifestantes.
“La Constitución se cambia acá en la calle m’hija”, dice Rita Osorio (56), una vendedora ambulante de alcohol en gel y mascarillas. Hace años que trabaja en Santiago y durante la revuelta encontró nuevos clientes en la plaza Dignidad. Con la pandemia se quedó sin trabajo, y las ayudas del Estado tardaron en llegar. “Me dieron eso del bono covid, pero es muy poco. Esto es un ingreso extra”. Rita es una de los 2,5 millones de trabajadores informales que hay en Chile.
Se puso contenta cuando el 15 de noviembre de 2019 los partidos políticos firmaron el denominado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que buscaba canalizar el descontento social en las calles.
El domingo 25 de octubre se realizará el plebiscito que definirá si se cambia o se mantiene la Constitución que está vigente en el país desde 1980, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet. El objetivo del llamado al voto popular es determinar si la ciudadanía está de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para generar una nueva carta magna y determinar el mecanismo para dicho proceso.
En la consulta, que inicialmente se iba a realizar el 26 de abril, pero fue pospuesta como consecuencia de la pandemia de coronavirus, se les hará dos preguntas a los chilenos. La primera, escrita en una papeleta blanca, será: “Quiere usted una Nueva Constitución?”. Las alternativas serán: “Apruebo” o “Rechazo”. La segunda pregunta, formulada en una boleta color beige, será: “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”. Las alternativas serán: “Convención Mixta Constitucional” (86 parlamentarios en ejercicio y 86 personas electas para esta función) o “Convención Constitucional” (155 integrantes elegidos para este efecto).
En caso de que la opción “Apruebo” resulte ganadora, la elección de los convencionales constituyentes (50% o 100%, según el mecanismo determinado en el plebiscito) se realizarán en abril del año que viene, simultáneamente con las elecciones municipales y de gobernadores regionales. “Si gana el ‘Apruebo’ no significa que nos vayamos pa’ la casa, hay que seguir en la calle”, agrega Rita.
Para la cientista política Javiera Arce, integrante de la Red de Politólogas, es importante que los partidos y el gobierno entiendan que “la paz social no se consigue con represión, sino con reformas estructurales”. “La reforma político-institucional que se viene es de muy largo aliento. Mientras tanto, la gente sigue pasando hambre y sufriendo los embates de la crisis económica, la desigualdad nos pega como una cachetada. Pensar que la gente se iba a tranquilizar sólo con la reforma institucional es iluso; si quieres paz social y no quieres violencia, tienes que repartir la torta”, afirma.
Desbordar la Constituyente
En el marco de la revuelta social del año pasado comenzaron a surgir una serie de asambleas territoriales autoconvocadas, donde se levantó la idea de una nueva Constitución. A pesar de la llegada de la covid-19, estos espacios siguieron trabajando, reuniéndose de forma virtual y creando redes de apoyo y solidaridad ante la crisis económica y de salud que desató la pandemia en Chile, donde se registran más de 13.700 muertes vinculadas al nuevo virus.
Mariette Jauffred (34) y su tía Elizabeth (62) viven en La Granja, una de las comunas más pobres de la zona sur de la región metropolitana de Santiago. Después de las movilizaciones de 2019, se organizaron con los vecinos y crearon la Olla Común Pablo Neruda, que llegó a repartir 300 almuerzos diarios durante el momento más álgido de la pandemia. “Se vivió una situación bien crítica y había gente que no tenía para comer”, recuerda Mariette.
Las protestas se detuvieron cuando se aprobó en el Parlamento el retiro de 10% de los fondos previsionales para mitigar la crisis económica. Gracias a dicha iniciativa legislativa, que presentó una fuerte resistencia por parte del gobierno que preside Sebastián Piñera, fueron más de cuatro millones las personas que retiraron el dinero que les correspondía.
Hoy Mariette y Elizabeth sienten que a un año de la revuelta “no ha cambiado nada”, pero rescatan en cambio el proceso constituyente. Para Elizabeth “el plebiscito significa algo nuevo, salir de la Constitución que dejó Pinochet, y nosotros vamos a escribir la Constitución ahora, no ellos”. Mariette cree que, aunque gane “el Apruebo y la Convención Constitucional, ¡que van a ganar!, aun así no nos van a mover de las calles, porque allí recién es donde uno tiene que empezar a pelear por el Chile que todos queremos; esto está recién empezando”.
Sensaciones como esta se replican por todo el país. Victoria Arriagada es parte de la organización Manos Construyendo, de la ciudad de Osorno, en el sur de Chile. Esta entidad integra el Comando Pueblo Unido Osorno, que articula a distintas fuerzas sociales, aunque no a partidos políticos. A pesar de que vienen realizando campaña por el Apruebo y la Convención Constitucional, observan de manera crítica el proceso constituyente. “Hemos llamado a manifestarnos porque una salida meramente institucional no va a garantizar las conquistas que después de la revuelta el pueblo ha identificado”, destaca. Victoria señala que “tras la votación del 25 de octubre, hay un proceso muy importante para nosotros y nosotras: el debate y la discusión programática. No podemos separar la campaña de la discusión social o política”. Para construir dicho programa se están levantando las Asambleas Popular Constituyente, “que no van a reemplazar a la Convención Constitucional, pero son espacios que se están proponiendo para construir este programa político y una hoja de ruta”. También estudian llevar candidatos a la Convención Constitucional, en caso de que dicha posibilidad sea aprobada en las urnas.
La Coordinadora Social Shishigan surgió en la comuna de Puente Alto, ciudad situada en la región metropolitana, bajo el ala de un movimiento asociado a la música trap. Durante la revuelta fueron parte de las movilizaciones sociales y desde la llegada de la covid-19 han trabajado con distintas organizaciones, repartiendo alimentos a ollas populares y dando apoyo en las poblaciones.
Hoy trabajan en un ambicioso proyecto para que la gente pueda participar y dar su opinión respecto del contenido de la Constitución, apoyados por la plataforma Decidin, un sistema creado por el Movimiento Indignados de España, que fue adaptado para Chile. Toda la información que se obtenga a nivel nacional será puesta a disposición de diversas organizaciones sociales. Con estos insumos están pensando en levantar un candidato o candidata para la Convención Constituyente.
La impunidad violenta
Matías Toledo es uno de los integrantes de Shishigan. A su juicio, “las manifestaciones siguen porque a un año de la revuelta no ha cambiado nada”. “En la manifestación del 18 de octubre caminamos al principio de la marcha con un cartel que decía ‘Lxs flaites aprueban’ [se le dice ‘flaite’ de forma peyorativa a la gente pobre que asocian a la delincuencia; lo que en Uruguay sería ‘plancha’]; delante de nosotros iban puros cabros [niños] chicos destruyéndolo todo. Uno se pregunta por qué estos niños y estas niñas están acá. ¿Sus papás les darán permiso? ¿Tendrán madres y padres? Nuestros niños y niñas del barrio están tan estigmatizados, violentados y vulnerados en sus derechos, tienen tanta rabia y han vivido tantas cosas negativas, que yo no soy nadie para decirles que no quieran expresar su odio, su rechazo a todo, porque eso es lo que hemos construido todos estos años. Donde yo vivo hay parques hermosos y uno va a las poblaciones y ve peladeros, hay balaceras y les llegan a los niños y es cuático [complejo] vivir donde el Estado te olvidó. Por eso la movilización sigue, porque no hemos tenido ninguna ganada”, señala.
El tema de la violencia, una vez más, ha copado parte importante de la discusión esta semana en Chile. Desde el sector del “rechazo”, han señalado que en este clima no es posible llevar adelante un proceso Constituyente, mientras que analistas políticos y observadores apuntan a que la violencia no terminará mientras los agentes del Estado sigan violentando los derechos humanos.
Luis Guerrero es presidente de la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del INDH (ANDEDH).
Desde su rol, ha sido parte de diversas manifestaciones como garante y observador y señala que los casos de violencia policial y las violaciones a los derechos humanos “generan períodos de movilización álgidos; los casos con mayor atención de los medios y de la sociedad siempre van acompañados de una respuesta, una movilización que va en defensa de los manifestantes”.
Recuerda que el viernes 2 de octubre, un adolescente de 16 años fue empujado por un agente de Carabineros desde el puente Pío Nono al río Mapocho, ubicado al lado de la plaza Dignidad. El joven de 16 años cayó desde más de siete metros de altura y resultó con graves heridas y fracturas. Ante el hecho, la primera reacción de Carabineros fue aducir que había sido un accidente. Pero los registros gráficos de lo sucedido llevaron a que la institución matizara su versión inicial.
El 15 de octubre, un reportaje del medio chileno Ciper reveló que un agente encubierto de Carabineros operaba infiltrándose en las organizaciones de la comuna de Peñalolén, en el este de Santiago. Según el artículo, el efectivo de Carabineros encubierto incitaba a sus compañeros a enfrentarse “con los pacos” (como se les llama a los policías en Chile) e incluso propuso un ataque sorpresa a una comisaría.
El funcionario utilizaba la identidad de un joven que había sido detenido en la ciudad de Alto Hospicio, en la norteña provincia de Iquique, y que en dicho procedimiento perdió su carnet de identidad.
Según Luis Guerrero, “las manifestaciones siguen, a pesar del proceso constituyente, porque no hay justicia, la impunidad de Carabineros es absoluta. Hay 8.500 causas que están siendo revisadas por la Fiscalía, 2.520 querellas presentadas por el INDH, y sólo 1% de imputados formalizados. Entonces, hay una estructura completa, sistémica en el país, que avala la impunidad. Chile necesita asentarse sobre el respeto irrestricto de los derechos humanos; para eso se debe cambiar la Constitución y aumentar el rango legal de instituciones como el INDH”.