Ante la solicitud de informes de dos diputados de la coalición de gobierno sobre las pensiones a exiliados y presos políticos durante la dictadura, el director en representación de los trabajadores del Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, hizo algunas precisiones.
En diálogo con Subrayado, explicó que el BPS no puede proporcionar los datos personales de los beneficiarios de la Ley 18.033 ‒que establece que podrán recibir una pensión quienes tuvieron que retirarse del país por “motivos políticos ideológicos o gremiales” entre 1973 y 1985 o fueron detenidos o tuvieron que estar en la clandestinidad “total o parcialmente” ‒, porque la ley de protección de datos personales (18.331) lo impide.
El Banco sí puede dar datos estadísticos, dijo, y explicó que mientras el total de pasividades representa más de 80% de los egresos totales del BPS, esta prestación representa tan sólo 0,4% del total de egresos.
Son en total 2.200 exiliados y presos políticos que cobran a partir de la Ley 18.033: 1.938 personas que reciben la pensión y un poco más de 200 familiares que la reciben por fallecimiento. “Tenemos que decir que la Ley 18.033 en uno de sus artículos dice que esto no lo financia el BPS, o sea, que esto se financia por rentas generales”, explicó.