La asociación de ex presos y presas políticas (Crysol) cuestionó las declaraciones de la diputada colorada Nibia Reisch sobre las prestaciones que reciben las víctimas de la dictadura, en el marco de la Ley 18.033.
Mediante un comunicado difundido este lunes, la asociación señala que sus dichos “dejan entrever” un “desconocimiento total” acerca de la pensión especial reparatoria, que fue aprobada por mayoría, incluso con los votos “de su propio partido”. “No es una recompensa ni un premio que se otorga a un grupo de ciudadanos por afinidad política. Obedece a la existencia de leyes internacionales, vigentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que consagran la existencia de normas destinadas a proteger a todas las personas frente a los abusos de los funcionarios del Estado”, se apunta.
Reisch dijo además que muchos de los beneficiarios “atentaron contra la propia democracia” y que quienes fueron procesados por la justicia militar y civil “están percibiendo estos beneficios”, dado que “tienen una pensión especial reparatoria que equivale a 38.500 pesos”. La legisladora considera que es injusto porque “hay muchos uruguayos que sienten que trabajaron de sol a sol, que tuvieron su accionar en el marco de la ley, y quienes no han actuado como ellos tienen beneficios mejores que ellos”.
“Todos los condenados por la justicia, que están en condiciones de ser resarcidos, lo fueron por tribunales militares”, señala la asociación, que asegura que las personas detenidas por las Fuerzas Conjuntas dejaron de ser sometidas al Poder Judicial y pasaron a la justicia militar. “Los estados tienen la obligación de respetar los derechos de todos los ciudadanos. Cuando los estados incumplen con dicha obligación, por acción de sus funcionarios, como ocurrió en Uruguay durante el terrorismo Estado, tienen la obligación, entre otras no menos importantes como castigar a los responsables, de resarcir de manera integral a las víctimas”.
Crysol remarcó que la justicia militar no es justicia. De hecho, la asociación de ex presos políticos citó una declaración de Néstor Bolentini, ministro del Interior cuando el dictador Juan María Bordaberry disolvió las cámaras, quien dijo en un debate televisivo previo al plebiscito de 1980: “La justicia militar no hace justicia: sus jueces son auxiliares y asistentes de las Fuerzas Armadas en operaciones”.