ANCAP tenía previsto un llamado a licitación para la adquisición de 3.170 canastas de fin de año para entregar a sus funcionarios, lo que surge de un convenio colectivo firmado con el sindicato. El tema tuvo repercusión en la red social Twitter, tras una queja que expuso el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, y este miércoles el mismo legislador difundió que la licitación había sido suspendida.
Según supo la diaria, el tema llegó a Presidencia y desde allí se envió una nota al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), en la que se solicita que no haya canastas de fin de año ni regalos empresariales en los entes que se encuentran bajo la órbita de la cartera –ANCAP, Antel, UTE y el Correo, entre otros–. La medida apunta a dar una señal en el marco de la pandemia y de la estrategia de austeridad que lleva adelante el gobierno, explicó una fuente.
Esa comunicación del MIEM provocará que ANCAP suspenda la licitación en la sesión del directorio del jueves. El martes Da Silva adjuntó una circular con esta noticia y señaló que “es de sentido común y empatía con todos los que la están pasando mal, uruguayos sin trabajo que les pagan festejos a empleados inamovibles”. Sin embargo, el director de ANCAP en representación del Frente Amplio, Walter Sosa, le aclaró que el tema aún no pasó por el directorio, y adelanto: “Cuando se trate, no estaré de acuerdo en violar convenios laborales”.
Consultado por la diaria, el presidente de la Federación ANCAP (FANCAP), Gerardo Rodríguez, confirmó que la entrega de las canastas a fin de año surge de un convenio colectivo. Si bien todavía no hubo una comunicación confirmando que no se darán, señaló que ya saben la decisión que tomará el directorio y el lunes evaluarán los pasos a seguir. “ANCAP, al decidir no dar las canastas, incumple el convenio colectivo. Veremos qué hacemos”.
Al referirse al tema en una actividad de FANCAP, el presidente de la petrolera estatal, Alejandro Stipanicic, lamentó “los trascendidos [sobre el tema] en la prensa y en las redes”. Explicó que “el exhorto del Ejecutivo no es vinculante desde el punto de vista formal, pero sí lo es desde lo político y moral”.