“Es calcado del proyecto de Luis, no hay ninguna innovación”, señaló a la diaria el senador del Partido Nacional (PN) Sebastián Da Silva. Se refiere al proyecto de ley que enviará la semana que viene para eliminar los fueros parlamentarios, de similar contenido al que presentó en febrero de 2016 el entonces senador nacionalista y actual presidente Luis Lacalle Pou ‒y que nunca fue tratado‒.
Los fueros están establecidos en el artículo 114 de la Constitución de la República: “Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”.
El proyecto de Da Silva sustituye ese artículo, que quedaría formulado así: “Los Senadores y Representantes podrán ser acusados penalmente por los delitos que fueren pasibles de haber cometido, no pudiendo invocar ningún tipo de fueros o inmunidades, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 112, 113 y 93”.
El artículo 112 de la Constitución establece que “los Senadores y los Representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones”. Mientras que el artículo que le sigue señala: “Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, salvo en el caso de delito infraganti y entonces se dará cuenta inmediata a la Cámara respectiva, con la información sumaria del hecho”.
Como se trata de una reforma constitucional, el proyecto de ley de Da Silva en su tercer artículo establece que la modificación será sometida a plebiscito de ratificación popular.
El proyecto fue redactado el miércoles, justo el día que en el Senado se trató el desafuero de Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. En la exposición de motivos Da Silva señaló que la intención de la reforma es “permitir que el legislador acusado de un delito común deba presentarse, al igual que el resto de los ciudadanos, ante el sistema judicial, con todas las garantías que este otorga y si existen elementos que así lo ameriten, sea formalizado, acusado y, eventualmente, declarado culpable o inocente”.
Da Silva dijo a la diaria que se dio la casualidad de que el miércoles pasó a ser senador titular, ya que es suplente de Sergio Abreu, que asumió como secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración; por lo tanto, votó en contra del desafuero porque tomó “una posición partidaria ya establecida” luego de una “larga discusión”. “Yo entiendo que es un anacronismo que los legisladores tengan una protección judicial para delitos comunes, y lo sostengo desde toda la vida”, subrayó Da Silva.
Qué recuerdos
Los pedidos de desafuero de un parlamentario por parte de la Justicia no son cosa de todos los días ni de todos los años. El anterior al de Manini se dio en marzo de 2019, requerido por el Juzgado de Paz Departamental de Maldonado de Segundo Turno, para el entonces senador del Partido de la Gente (PG) ‒y antes del Partido Colorado (PC) ‒ Daniel Bianchi. Dos meses antes, en Punta del Este, Bianchi protagonizó un siniestro de tránsito estando alcoholizado: chocó dos automóviles y cuando “estacionó” contra una camioneta su auto se prendió fuego. El tramo final del accidente fue filmado con un celular por una persona que pasaba por allí y el video se viralizó de inmediato. Acto seguido, el PG lo expulsó de sus filas.
En abril de 2019 la Cámara de Senadores votó por unanimidad el desafuero de Bianchi, que luego fue condenado por la Justicia a 20 días de trabajo comunitario. En julio de ese año la Cámara de Senadores votó su reintegro al cuerpo, pero ya no por unanimidad, porque el PC se negó a votarlo. El entonces senador Pedro Bordaberry consideró que Bianchi debería haber sido echado, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, que señala que las cámaras pueden expulsar a un integrante “por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo”.
Casi dos años antes, en octubre de 2017, la Justicia pidió el desafuero para un parlamentario que chocó con su auto, también alcoholizado, también en Maldonado. Se trató del diputado del PN Wilson Ezquerra, que con 1,45 gramos de alcohol en sangre atropelló a una mujer de 60 años que viajaba en moto ‒y que no presentó denuncia‒.
“Votaremos el desafuero como corresponde, de acuerdo con el mandato constitucional y con un legítimo reclamo ciudadano que en estos tiempos exige un estricto control de los deberes de sus gobernantes que, por supuesto, incluye a los legisladores”, dijo el diputado blanco Rodrigo Goñi, según consta en el Diario de Sesiones de la cámara baja del 7 de noviembre de 2017, cuando se aprobó el desafuero ‒que el propio Ezquerra había pedido. El diputado finalmente fue condenado por la Justicia a realizar trabajo comunitario por 12 días, a un ritmo de dos horas diarias. Luego volvió al Parlamento.
De 2017 hay que viajar hasta 2011 para encontrar otro pedido de desafuero. Fue para el entonces senador del Frente Amplio (FA) Rodolfo Nin Novoa. En noviembre de 2010 la Justicia cursó el pedido al Parlamento a raíz de una denuncia del nacionalista Julio Lara, por una presunta falsificación de la declaración jurada que había presentado Nin Novoa ante la Junta de Transparencia y Ética Pública.
En julio de 2011 el Senado rechazó la solicitud de suspensión de los fueros por considerar que del estudio de los antecedentes remitidos por la Justicia no surgía “mérito para acceder a la misma”. El desafuero fue desestimado con los votos del FA y del PC, mientras que el PN pidió “ampliación de fundamentos” a la Justicia, “en atención a que los expresados no son suficientes para pronunciarse en el sentido solicitado”.
Pero no todos los pedidos de desafuero llegaron al plenario de una cámara. En febrero de 2011 la Justicia pidió quitarle los fueros al por entonces ex intendente de Durazno y diputado del PN Carmelo Vidalín, en el marco de una investigación a raíz de la denuncia que había hecho Presidencia de la República en 2009, por la desaparición de veinte lonas y cinco casas prefabricadas que fueron donadas tras las inundaciones ocurridas en Durazno en 2007. En aquel momento Vidalín era el presidente del Comité Departamental de Emergencia.
En febrero de 2011 el pedido de desafuero llegó a la Comisión de Constitución de la cámara baja y ahí quedó: nunca se llegó a votar. Finalmente, la acusación contra Vidalín fue desestimada por la Justicia en 2015.