Para las personas que viven con VIH, una de las formas más notorias de discriminación se da en el ámbito laboral, con instituciones públicas y privadas que todavía solicitan el test de VIH para la contratación de personas. Una de ellas: las Fuerzas Armadas. En Uruguay, en 2015 se eliminó como requisito el testeo de VIH para el ingreso a la Policía. Pero las personas que eligen la carrera militar aún tienen esa exigencia. El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) ha hecho caso omiso a las recomendaciones nacionales e internacionales al respecto.
Según un comunicado que emitieron organizaciones e instituciones que integran la Comisión Nacional de Lucha contra el Sida (Conasida), “desde hace muchos años se plantea por parte de la sociedad civil organizada, academia, Ministerio de Salud y organismos internacionales, la necesidad de eliminar el test de VIH, como requisito para ingreso laboral en cualquier tipo de empleo y particularmente en los ámbitos relacionados con las fuerzas policiales y militares”.
La Conasida es un consejo consultivo en el que están representados distintos ministerios y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática, y que tiene como objetivo fortalecer la respuesta ante el VIH, en particular desde las políticas públicas.
Hace más de diez años, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo emitieron la Recomendación 200, sobre el VIH y el mundo del trabajo, en la que solicitaron que no se exijan más pruebas de detección obligatorias del VIH con fines de empleo, y en esa solicitud se incluyó explícitamente a la Policía y las Fuerzas Armadas, entre otras instituciones de seguridad.
Destacan que “esta demanda se basa en que solicitar el test para acceder a una oportunidad laboral es una práctica estigmatizante, discriminatoria y que genera mucho daño a las personas no sólo desde el punto de vista concreto de no acceso laboral sino como una forma de violencia social, que es hoy la consecuencia más importante determinada por este tipo de prácticas sin sustento en ninguna evidencia científica nacional o internacional”.
También aseguran que “los avances en el conocimiento permiten, desde hace muchos años, colocar a la infección por VIH como una afección crónica, que con el correspondiente tratamiento y seguimiento no es impedimento para que las personas VIH positivas desarrollen cualquier tipo de actividad laboral, incluyendo la profesión militar”.
En nuestro país, “los reiterados pedidos desde la Conasida culminaron con una acción ejemplar del Ministerio del Interior que, por decreto de diciembre de 2015, eliminó el requisito del test del VIH para todos los aspirantes a incorporarse al mismo, en todas sus dependencias”.
Para las organizaciones, “hay múltiples argumentos de índole biológica y clínica que apoyan que con tratamiento antirretroviral y controles adecuados, la presencia del VIH no es impedimento para ninguna actividad laboral, dado que no constituye un riesgo para la persona ni para el resto de los trabajadores o la sociedad”. Las organizaciones le reclaman al MDN que se ajuste a la normativa nacional e internacional y elimine de forma urgente la exigencia de hacerse el test de VIH para acceder a la carrera militar, práctica que señalan como “discriminatoria, estigmatizante y totalmente ineficiente si se trata de prevenir la infección”.
Para Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), es “un avasallamiento de derechos inconcebible” que haya instituciones que pidan el testeo de VIH obligatorio. Según agrega Zaida Arteta, secretaria médica del SMU y delegada en la Conasida por la Universidad de la República, no hay ningún respaldo técnico que avale esta medida. Para la infectóloga, “hay argumentos de índole biológica claros, referentes a que con tratamiento antirretroviral y controles adecuados, la presencia del VIH no es impedimento para ninguna actividad laboral, dado que no constituye un riesgo para la persona ni para el resto de los trabajadores o la sociedad”. También “hay argumentos que clasifican a esta práctica como discriminatoria, estigmatizante, añeja y que no respeta los derechos de las personas, y por tanto es violenta”. Para decir esto, resalta que “se basa en la evidencia científica y en posturas de organismos nacionales e internacionales”.