Al malestar expresado días atrás por gremiales empresariales sobre el proceso que se viene desarrollando hacia un nuevo esquema para la fijación de las tarifas de los combustibles se sumaron críticas al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) vertidas por el senador del Partido Nacional (PN) Carlos Camy. A su entender, esa cartera en una publicación avanzó más allá de lo dispuesto en materia de combustibles por la ley de urgente consideración (LUC).
“La LUC no propuso un nuevo sistema ni nuevas reglas del funcionamiento del mercado de combustibles, lo que sí propuso fue encomendar al Poder Ejecutivo realizar un exhaustivo análisis y eventualmente proponer a la Asamblea General una propuesta de revisión, tanto legal como reglamentaria, del mercado de combustibles, que contemple, entre otros aspectos, los siguientes: refinado, cadena de comercialización, aspectos regulatorios, tributos, subsidios, etcétera”, dijo Camy el martes en la Cámara de Senadores.
La referencia a la LUC es porque, luego de que fracasara la intención original del gobierno de desmonopolizar el mercado de combustibles y permitir que privados importen para competir con ANCAP, la coalición acordó una propuesta alternativa que tiene dos grandes etapas. Por un lado, desde 2021 el cálculo teórico del Precio de Paridad de Importación (PPI) que realiza la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA) y se encuentra actualizando en su metodología, será la referencia que deberá seguir el Ejecutivo al fijar los precios. Pero además, la LUC disparó un plazo de 180 días para que el gobierno eleve al Parlamento una propuesta de reforma del mercado de combustibles.
Como paso previo a esa elaboración, el MIEM convocó a un comité de expertos —una posibilidad que contemplaba la LUC— en el que también habrá representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según comentó a la diaria una fuente oficial, este grupo analizará los impuestos y subsidios que inciden en el valor de los combustibles, la ley de agrocombustibles que obliga a ANCAP a comprar biodiésel y etanol a Alcoholes del Uruguay (Alur), así como las reglas del mercado de distribución. “Será una revisión amplia e integral, lo que no quiere decir que se cambie todo”, dijo.
La crítica de Camy apunta a una publicación que realizó el MIEM en su web a fines de setiembre, titulada “Ocho preguntas sobre las nuevas reglas de funcionamiento del mercado de los combustibles”. En su exposición, el senador blanco citó partes de ese artículo y sostuvo que “la voluntad expresada por el legislador en la LUC fue la de constituir un ámbito concreto que propiciara el análisis” de los distintos temas vinculados al mercado de combustibles. Entonces no comparte las expresiones del MIEM sobre el asunto cuando “la comisión que estudiará estos temas aún no está en funciones”, dado que se convocó pero aún no empezó a reunirse. El legislador pidió enviar sus palabras, “con sentido de aporte”, a las autoridades del MIEM.
Advertencia por situación de los estacioneros
En su exposición Camy también advirtió una preocupación de cara al proceso de reforma del mercado de combustibles, ya que en una de las repuestas del artículo el MIEM da a entender que podría haber precios diferenciales entre estaciones de servicio cuando entre en vigencia el nuevo esquema.
“Adelantar estas definiciones parece inadecuado. En esta pregunta se está tomando una definición conceptual importante y es que los sellos, o sea, las compañías distribuidoras, manejarán los precios a los que las estaciones de servicio venderán el combustible”, expresó el senador. Ese escenario, añadió, “implicaría una transferencia de poder a tres sellos en detrimento de las estaciones de servicio”, en alusión a DUCSA —empresa de derecho privado propiedad de ANCAP—, Axion y Petrobras (este mes anunció que vende su negocio al grupo español DISA).
“La experiencia internacional es contundente en este aspecto y, si hubiese una ruptura del equilibrio entre los distintos actores que intervienen en la cadena de distribución, podría haber también una transferencia de recursos de los eslabones más débiles de la cadena en beneficio del más fuerte (o sea de las estaciones de servicio a las compañías distribuidoras)”, sostuvo Camy. Repasó que en Uruguay hay 476 estaciones de servicio, que buena parte son pymes de “carácter familiar” y que en total el sector emplea a más de 8.000 personas.
“El sistema de distribución de combustible en Uruguay funciona bien y es modelo en América Latina, ya que no existen problemas de calidad ni de cantidad, hay combustible todos los días del año, al mismo precio, las 24 horas, a diferencia de lo que ocurre en otros mercados de la región. Los atributos referidos son una marca distintiva del actual sistema de distribución del país. Pienso que se trata de intangibles que debemos preservar del actual sistema”, sostuvo Camy de cara al proceso de revisión integral que encarará el grupo liderado por el MIEM. “Debería mantenerse el equilibrio entre los distintos actores para proteger a los más débiles”, concluyó el senador.