Costa Rica, un país que suele caracterizarse por su estabilidad en la región, está desde hace más de una semana viviendo una intensa ola de protestas a lo largo de su territorio.
El origen de las movilizaciones fue el anuncio del presidente, Carlos Alvarado, de que su gobierno iba a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1.750 millones de dólares para mitigar la crisis económica que está viviendo el país como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
La decisión generó una reacción masiva, y bajo el paraguas de una plataforma denominada Movimiento Rescate Nacional (MRN), varias organizaciones sociales y sindicales pusieran en marcha manifestaciones callejeras en todo el país, incluyéndose dentro de las acciones tomadas por los manifestantes el corte de varias rutas de relevancia en la nación centroamericana.
A lo largo de los días se registraron numerosos choques con la Policía, y si bien no se registraron muertos, sí hay heridos, tanto civiles como integrantes de las fuerzas del orden. Las protestas, si bien han bajado en su intensidad, prosiguen, a pesar de que el domingo el presidente Alvarado, de 40 años de edad y perteneciente al Partido Acción Ciudadana (PAC), anunció que finalmente no iba a pedir el préstamo, cediendo ante la voluntad expresada en las calles. Pero ese mismo día, el mandatario rechazó una propuesta de diálogo realizada por los movilizados, y puso como condición indispensable para poder conversar que se terminaran los piquetes.
Al frente del MRN está José Miguel Corrales, un político de extensa trayectoria de 82 años de edad, quien se define a sí mismo como un “socialdemócrata” y que en las últimas horas manifestó a la prensa que “el presidente está preso de la derecha costarricense, que le dice que no tenga el diálogo”. Corrales es visto con desconfianza por varios sectores y organizaciones de izquierda, pero logró ponerse a la cabeza de una movilización que tiene también otras motivaciones de fondo, además de muchos actores involucrados.
Según cifras oficiales, en el trimestre finalizado en mayo, el país centroamericano, cuya capital es San José, alcanzó una tasa de desempleo de 20,1%, la más alta de su historia. En números concretos, más de 468.000 personas no tienen trabajo en el país, cuando a la misma altura del año anterior la cifra de desempleados era de 190.000.
Pero, además, ya había un mar de fondo importante debido al proyecto de ley presentado por el gobierno de Alvarado para rebajar 15% de la jornada laboral a 35.000 empleados públicos, así como la posibilidad de ponerle un impuesto al aguinaldo.
A esto hay que sumarle la situación epidemiológica que se está registrando en el país por la pandemia de coronavirus, otro talón de Aquiles del gobierno de Alvarado, quien asumió la presidencia en mayo de 2018.
En Costa Rica –donde viven algo más de cinco millones de habitantes– la pandemia de coronavirus infectó a más de 83.000 personas, y según cifras oficiales, las muertes vinculadas al nuevo patógeno son algo más de 1.000. La situación epidemiológica del país venía siendo muy estable, estaba bajo control e incluso era mostrada como un ejemplo, hasta que a comienzos de junio varios focos generaron un abrupto ascenso en el número de casos, agregando un elemento de complejidad a la situación del país.
Con este panorama como escenario, Alvarado pretendía aumentar los impuestos, vender activos estatales e implementar medidas de austeridad, con el fin de negociar el préstamo del organismo internacional financiero para acceder a los fondos y proyectar credibilidad ante los mercados, según informó Efe.
Además de los elementos ya mencionados, el descontento popular está alimentado también por una polémica reforma tributaria que entró en vigor hace menos de dos años, poco después de la asunción de Alvarado, quien en las elecciones de 2018 sacó poco más de 20% de los votos, pero que en la segunda vuelta derrotó al político evangelista Fabricio Alvarado (con quien no lo une ningún parentesco).
El profundo rechazo que generaba este último en buena parte de la sociedad costarricense –incluso aunque había sido el candidato más votado en la primera vuelta, con 25% de las adhesiones– provocó que en el balotaje, la candidatura del ahora presidente uniera a muchas fuerzas divergentes y le terminara dando un rotundo triunfo, alcanzando casi 61% de los votos contra 39% de su adversario.
Pero esos tiempos de unión efímera pertenecen al pasado, y hoy, con un apoyo parlamentario escaso –su partido tiene sólo diez representantes en la Asamblea Legislativa, órgano unicameral compuesto por 57 integrantes–, Alvarado está intentando pasar este duro momento en el que su popularidad está por el piso, según marcan las encuestas.
Las proyecciones no son halagüeñas, e indican que la economía del país se contraerá en 5% al finalizar el año.