Ante el pedido del Poder Ejecutivo de acelerar el tratamiento del proyecto de ley de la nueva ley de medios en la Cámara de Diputados, la Comisión de Industria, Energía y Minería recibió este martes a varias delegaciones. Los integrantes de la comisión acordaron tratar el articulado el 25 de noviembre y recibir para ese entonces a más de 20 organizaciones.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) fue una de las delegaciones que compareció este martes a la comisión; también lo hicieron la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay y la Asociación Uruguaya de Cineastas. Luis Curbelo, vicepresidente de APU, contó a la diaria que el gremio acompaña lo planteado por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) -colectivo de la sociedad civil que también integra- que en junio advirtió a los parlamentarios que el nuevo proyecto de ley de medios afectará la transparencia, los derechos adquiridos y la participación de la ciudadanía.
En ese sentido, Curbelo explicó que las organizaciones que integran la CCD solicitaron audiencias por separado, a los efectos de que cada una manifieste sus preocupaciones específicas sobre la iniciativa. En el caso de APU, el vicepresidente explicó que uno de los temas que preocupan es la eliminación de la objeción de conciencia, que está en la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). En el artículo 42 de la actual ley se establece que los periodistas tendrán derecho a “negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento”.
Otra de los temas que plantearon fue su discrepancia con la cantidad de licencias que puede poseer un operador. “El aumento de autorizaciones de tres a ocho nos parece un disparate, porque incluso durante la dictadura se establecía un límite menor de frecuencias. Esto ya es inconcebible”, advirtió Curbelo.
Por otra parte, APU manifestó su preocupación por la eliminación de la participación ciudadana de la actual ley de medios y planteó a los legisladores que se mantengan la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional. Una de las primeras propuestas del nuevo presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, fue crear una Comisión de Notables, pero desde APU entienden que no sería recomendable porque ese colegiado sería designado por el propio Secan.
Otro de los puntos que se cuestiona es la eliminación del Fondo de Promoción de Comunicación Audiovisual, que había creado la ley SCA con el objetivo de promover el desarrollo de la industria audiovisual. Para Curbelo, el problema es que “las empresas no quieren pagar por usar señales que no les pertenecen, porque son bienes de la humanidad, que cada Estado administra”.