“Si nos toca llegar al gobierno, vamos a derogar la ley de medios”, adelantaba en junio del año pasado el ahora secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, durante la campaña electoral, tras aprobarse la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), aprobada a fines del gobierno de José Mujica.

La promesa electoral se cumplió en abril de este año cuando el gobierno envió al Parlamento el proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, que deroga la ley SCA. Según informó Brecha, los integrantes de la coalición en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados fueron citados el miércoles 28 a una reunión en la Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia y el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. El semanario informó que los diputados se fueron con el cometido de agilizar la discusión de la iniciativa y votar en consenso la nueva normativa antes de diciembre.

El presidente de la comisión, Sebastián Cal, representante de Cabildo Abierto (CA), planteó en la sesión de este miércoles votar el articulado el 11 de noviembre en la comisión y que el proyecto ingresara al plenario el 18. “Hasta el miércoles ningún miembro de la comisión había manifestado la necesidad de que viniera alguien más, ni se habían pedido más reuniones. El Frente Amplio [FA] llega a la sesión con que quiere recibir a 20 delegaciones más. Es una jugada política que no suma a la agilidad que deben tener las cosas en el Parlamento”, valoró en diálogo con la diaria el legislador de CA. Finalmente, se resolvió agregar sesiones extraordinarias y extender la fecha al 25 de este mes.

El diputado Javier Umpiérrez, representante de la oposición en la comisión, dijo a la diaria que la propuesta de agilizar la votación le “llamó mucho la atención”, porque se trata de una ley con 90 artículos, que abarca una “heterogeneidad” de temas y, a su juicio, amerita que participen y den su postura las organizaciones e instituciones que están mencionadas en la normativa. Pero, además, planteó que tan sólo pudieron avanzar durante tres meses, dado que en el medio estuvo la votación del proyecto de ley de presupuesto. “Más allá del tiempo de estudio de la ley, hemos recibido sólo a 15 delegaciones y quedan organismos muy importantes por recibir como Antel, INAU, UNESCO”, explicó. 

“Hay mucha disconformidad por el tratamiento que se le está dando a la ley. No estamos discutiendo una ley de urgencia”, cuestionó Umpiérrez, y agregó que la ley SCA recibió a más de 48 delegaciones y estuvo tres años en discusión en el debate público. “Ese es el tratamiento de una ley democrática. No estamos planteando ninguna chicana, estamos planteando una preocupación”. 

Los cambios en la nueva ley

El presidente de la comisión dijo a la diaria que la coalición está manejando distintas modificaciones al proyecto de ley. “Lo dije en un principio: es un proyecto, va a tener cambios porque hay cosas que CA no va a acompañar”, adelantó Cal. A propuesta de su partido, se buscará poner un límite a la cantidad de licencias de televisión para abonados para un mismo titular. La ley SCA determinaba un máximo de seis licencias en el país, pero la actual normativa derogó ese tope. 

Cal dijo que incluso el FA se va a ver “sorprendido” porque se prevén cambios en artículos que la oposición ha criticado. Por ejemplo, dijo que se está trabajando en modificar el artículo 16 y “revisar un poco más en profundidad la cantidad de titulares de licencias”, pero no quiso adelantar un número. El artículo establece que “una persona física o jurídica privada no puede ser titular total o parcial de más de cuatro licencias para prestar servicios en cada una de las bandas de radiodifusión de amplitud modulada (AM) y frecuencia modulada (FM) y de cuatro licencias en televisión abierta. Tampoco puede ser titular, total o parcial, de más de ocho licencias para prestar servicios de radiodifusión abierta en el total de las bandas citadas (AM, FM, televisión abierta)”. La ley SCA establecía un límite máximo de acumulación de tres autorizaciones.

El diputado colorado Martín Melazzi, vicepresidente de la comisión, dijo a la diaria que se está buscando un “punto medio” en la cantidad de licencias permitidas y, en ese sentido, señaló que incluso puede llegar a haber acuerdo con la oposición. “Tres, por ahí, es poco; ocho tal vez pueda ser mucho. Creo que el consenso puede ir por el camino del medio”, agregó, aunque dijo que todavía no hay una definición.

Sobre el artículo 14, que habilita la transferencia de licencias de televisión para abonados a empresas de capitales extranjeros, Melazzi dijo que “se podría buscar la forma de que exista un límite, porque actualmente uno podría hacerse de todas las licencias de televisión para abonados”.

Otro de los artículos que está en discusión es el 17, que determina las incompatibilidades de ser titular simultáneamente de televisión para abonado satelital y tener licencias de televisión abierta o radio o televisión para abonados. En su comparecencia a la comisión, los representantes de DirectTV manifestaron a los legisladores que el artículo puede ser inconstitucional. Para Melazzi, eso es discutible y existen dos bibliotecas, pero en la reunión del miércoles le transmitieron al Poder Ejecutivo lo que había planteado la empresa. 

Melazzi adelantó que “la idea es que la coalición llegue a un acuerdo en todo el articulado. Te diré que en un 90% estamos de acuerdo, pero existen algunas diferencias”. Una de las discrepancias refiere al artículo 40, el cual determina la retransmisión de señales locales. A su entender, es necesario establecer que exista la “garantía” de que los contenidos de la televisión abierta sean difundidos en la televisión para abonados de todo el país. “En definitiva estamos velando por los ciudadanos [para] que puedan recibir los canales de aire, y que no sea un derecho para unos pocos, porque lo que en Montevideo se recibe sin pagar nada, en el interior es un privilegio poder ver los canales de Montevideo porque tenemos que pagarle a un cable operador”, señaló. “Los cables del interior no quieren nada gratis, es simplemente tener la tranquilidad de poder recibir las señales de televisión abierta”, señaló.

Además, el diputado promueve que exista un plazo de 180 días para que las partes se pongan de acuerdo en torno a la contraprestación y, en caso de que esto no suceda, sea la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación la que defina las condiciones de la retransmisión. El sustitutivo fue presentado por la Cámara Uruguaya de Transmisión para Abonados y Melazzi dijo que lo apoya “100%”.

Finalmente, Melazzi dijo que Ciudadanos evalúa presentar algunas alternativas al artículo 48, que establece que los titulares de licencias de servicios de televisión para abonados podrán brindar simultáneamente servicios de banda ancha e internet. En la redacción actual del proyecto se determina que Antel deberá prestar “servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a aquellos prestadores de servicios de televisión para abonados que operan mediante cable en el acceso o uso, para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes”. Lo que se está analizando, dijo Melazzi, es que no sea solamente Antel el único que pueda prestar servicios de internet a empresas para abonados, y que si, por ejemplo, “Movistar o Claro quieren dar ese servicio en sus propias redes, lo puedan hacer”, señaló.

Otra propuesta es que si “Antel va a prestar un servicio de banda ancha, se podría buscar la manera de exigir algo a cambio”, dijo Melazzi. En esa línea, planteó que se podría establecer que los “cables reciban la banda ancha, pero que en la última milla se hagan cargo las mismas cableras”; o que Antel pueda ampliar su grilla de contenidos en Vera TV.