Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empezarán este lunes a realizar un trabajo que se estima que les insumirá seis meses: investigarán los hechos ocurridos en el marco de las protestas sociales registradas en Bolivia el año pasado, luego de la renuncia forzosa del presidente Evo Morales, episodios en los que cerca de 40 personas fueron asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad.
“Se van a investigar todos los hechos vinculados a violencia y violación de derechos humanos ocurridos entre el 1º de setiembre y el 31 de diciembre de 2019. El trabajo se inicia mañana y va durar seis meses”, de acuerdo a lo que afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima, en declaraciones a la radio Panamericana consignadas por la agencia AFP.
Luego de que se declararan nulas las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019 –en las que se impuso Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), pero cuyo resultado fue desconocido, tomando como base un informe elaborado por observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA)– se dio una serie de incidentes que comprendieron choques entre civiles y también entre manifestantes y fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército.
Los incidentes más graves tuvieron lugar en Sacaba, una ciudad ubicada en la provincia del Chapare, en el departamento de Cochabamba, lugar en el que Morales forjó su carrera como líder sindical cocalero, y en Senkata, un barrio de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde el MAS tiene un enorme apoyo.
Un informe preliminar de la CIDH, un ente autónomo pero que funciona dentro de la órbita de la OEA, estableció que en estos episodios murieron 35 personas.
Las autoridades bolivianas dijeron inicialmente que la investigación de la entidad internacional se focalizaría en los sucesos de Sacaba y Senkata, pero en un comunicado, la CIDH explicó que “su trabajo no está limitado a hechos específicos y puede alcanzar distintos actos de violencia y violación a los derechos humanos cometidos durante el período asignado”, dando a entender que también se investigarán los hechos que se produjeron en otras partes del país.
En un comunicado, la CIDH indicó que los investigadores enviados a Bolivia “cuentan con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables de violaciones de los derechos humanos”.
El ministro Lima remarcó el compromiso gubernamental para que tanto las “Fuerzas Armadas como la Policía y los organismos judiciales entreguen toda la información pertinente” para llegar a la verdad de los hechos.
Los expertos tienen programados encuentros con víctimas y testigos, autoridades y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
“Vamos a generar una agenda inicial que marque un trabajo en que ningún boliviano quede si ser escuchado, ellos [la CIDH] han manifestado su plena voluntad de escuchar a todos”, explicó Lima, y agregó que, si bien los expertos entregarán un informe con recomendaciones, “la palabra final la tendrá la Justicia boliviana”, que dictará las sentencias correspondientes.
La ex presidenta de facto Jeanine Áñez, quien asumió el cargo tras la salida de Morales, podría ser encontrada por la Justicia como una de las responsables de la ola de violencia, y es por ello que la semana pasada, desde su ciudad natal, Trinidad, capital del departamento de Beni, expresó que en caso de que haya un juicio en su contra pedirá la presencia de observadores internacionales, por entender que actualmente el Poder Judicial no es independiente, sino que responde al MAS, que un año después de estos hechos está nuevamente en el gobierno.
Además, dos altos funcionarios del gobierno de Áñez se fueron del país el 9 de noviembre, un día después de la asunción de Luis Arce, el nuevo presidente de Bolivia. Arturo Murillo, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete y tuvo una activa participación en la escalada represiva que se dio tras la renuncia de Morales, escapó a Panamá; las autoridades policiales bolivianas informaron que junto con Murillo escapó del país Fernando López, quien estuvo al frente del Ministerio de Defensa, y que actualmente está en Brasil.