La bancada de senadores de la coalición de gobierno acordó crear una comisión para que se encargue de realizar una propuesta modificativa al actual régimen de certificaciones médicas que rige para los funcionarios públicos.
Esta comisión tendrá un plazo de 90 días para expedirse y estará integrada por varios “organismos competentes en la materia”, según dijo la senadora nacionalista Carmen Asiaín, como el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado, además de representaciones sociales como la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, el Sindicato Médico del Uruguay y el Colegio Médico. Deberá, además, en ese lapso, enviar al Poder Legislativo una nueva reglamentación de las licencias para su estudio.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo pretende que se aplique la normativa aprobada en el presupuesto por la Cámara de Diputados, explicó el coordinador de bancada del Partido Nacional (PN), Gustavo Penadés. Dicho artículo establece que los trabajadores no tendrán derecho a percibir retribución alguna por los primeros tres días desde el comienzo de cada licencia por enfermedad o accidente, y a partir del cuarto día, hasta que se reintegren, recibirán un subsidio de 75% de su salario. No obstante, el artículo establece que dos días por año los trabajadores tendrán un subsidio del 100% de su salario por enfermedad o accidente.
Este y otros acuerdos fueron producto de una reunión que mantuvieron ayer senadores de la coalición de gobierno. A la salida del encuentro, Penadés destacó que más de 80% de los artículos tienen unanimidad en la bancada de la coalición. Los demás “necesitan seguir siendo discutidos” pero, según el legislador, refieren a “redistribución de gastos y atención de algunos planteos” por parte de los socios de la coalición.
Otro de los acuerdos alcanzados ayer por la coalición de gobierno implica dejar sin efecto para el Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el inciso 10 del artículo 4. Allí se establece que “aquellos funcionarios que perciban una remuneración total nominal superior a la de un ministro de Estado, recibirán incrementos salariales nulos, o los necesarios para igualarlos al sueldo de un ministro en oportunidad de cada adecuación salarial”. Según explicó a la diaria Asiaín, esta excepción se hizo para evitar una posible interpretación errónea de “que si se topeaban los salarios de las jerarquías quedaban todos los demás topeados”, en la medida que en el Poder Judicial los salarios de toda la pirámide están “enganchados” con los de los ministros.
Para aquellos asuntos en los que aún no hay acuerdo, la coalición negociará a través de una “mesa chica” con representantes de los partidos que la integran, que dirimirá sobre estos asuntos en los próximos días. Allí por ejemplo se intentará resolver la futura reglamentación de los viáticos. En 2019 el Parlamento votó una ley que reguló el otorgamiento y el uso de viáticos por parte de los funcionarios públicos, pero a final del año se aprobó por unanimidad postergar la vigencia hasta enero de 2021. El proyecto de presupuesto del gobierno incluyó un artículo que deroga una disposición de esa ley que obliga a los funcionarios a presentar “la documentación respaldante de los gastos incurridos”, pero finalmente no se aprobó en Diputados. Sin embargo, los senadores están dispuestos a tomar cartas en el asunto.
Según dijo el senador nacionalista Sergio Botana, en la coalición “todo el mundo es consciente de que es una locura si entra a regir esa reglamentación el 1° de enero, pero tampoco nos gusta la redacción del Poder Ejecutivo”. La idea, agregó Asiaín, es encontrar una norma que sea “razonable”, ya que de regir el artículo aprobado durante el gobierno del Frente Amplio, se le exigirían viáticos hasta a un funcionario que es enviado a trabajar “al medio del campo y compra un refuerzo de mortadela”.
En la bancada de la coalición se maneja una posible fórmula: establecer un monto máximo sobre el cual no haya que rendir cuentas y que sea obligatoria la justificación de gastos a partir de ese monto.
En tanto, también ayer se conversó sobre lo acordado para la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM): la Intendencia de Montevideo tendría la presidencia (y doble voto en caso de empate) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la secretaría general. La fórmula negociada entre la comuna y la bancada nacionalista a través del senador Jorge Gandini (PN), si bien tendría la mayoría de la aprobación en la coalición, no conseguiría unanimidad. Además de la oposición de Botana, el también senador nacionalista Sebastián da Silva exige que los productores avalen la nueva fórmula y estén conformes, y asegura que hay asociaciones de productores que no se sienten representadas. “No puede pasar que los políticos nos pongamos de acuerdo entre paredes y dejemos a los protagonistas afuera”, sostuvo el jueves en una conferencia de prensa. Según pudo saber la diaria, la fórmula acordada generó algunos comentarios críticos de la bancada de Cabildo Abierto (CA).
Otras propuestas como la formulada por la del líder de CA, Guido Manini Ríos, para que los militares puedan construir rutas y generar ahorros en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), están siendo analizadas y debatidas en el Poder Ejecutivo: actualmente los ministerios de Defensa Nacional y de Transporte y Obras Públicas se encuentran estudiando la viabilidad la idea. En la semana, los titulares de ambas carteras, Javier García y Luis Alberto Heber, saludaron la propuesta, pero manifestaron dudas sobre su aplicabilidad.
También en el Ejecutivo, más concretamente en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, se encuentra a análisis una propuesta de Manini Ríos para reforzar los rubros de funcionamiento e inversión en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), cuya presidenta, Rossana de Oliveira, es de CA.
Finalmente, en la bancada de la coalición todavía está a estudio el pedido de la bancada bicameral femenina para dejar sin efecto el artículo que elimina competencias de los juzgados letrados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual. Según pudo saber la diaria, el pedido no cuenta con el aval de todas las senadoras de la coalición, por ejemplo, las nacionalistas Asiaín y Graciela Bianchi, que no participaron de la reunión de la bancada bicameral femenina el miércoles. Asiaín aseguró a la diaria que la Suprema Corte de Justicia defendió la “suspensión de la vigencia” de los dos literales de la norma original, que le daban a estos juzgados competencia en asuntos relativos a “divorcios, pensiones alimenticias, tenencias y visitas, suspensiones, limitaciones o perdidas de la patria potestad” y “procesos penales derivados de la violencia basada en género”. La senadora dijo que la suspensión se fundamenta en que estos juzgados vuelven al sistema “inquisitivo”, que es anterior al Código del Proceso Penal.