Un mural que pintó en Lima el Movimiento Graffitero Peruano representaba a los estudiantes Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado con grandes alas blancas.
Los dos jóvenes, de 24 y 22 años, murieron en la noche del sábado 14 de noviembre en el marco de la violenta represión de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones masivas en repudio a la destitución del presidente Martín Vizcarra y la asunción, en su lugar, del congresista Manuel Merino. Después de las muertes de Sotelo y Pintado, y de que decenas de personas fueran heridas en las protestas, Merino, bajo una tremenda presión, dimitió y el congresista Francisco Sagasti fue nombrado por sus pares para asumir la presidencia.
Los asesinados Pintado y Sotelo se convirtieron en un símbolo de esta crisis política, de la resistencia al gobierno encabezado por Merino y de la violenta represión contra los manifestantes. Los homenajes populares a los dos jóvenes se extendieron por varios puntos de la ciudad e incluyeron un altar donde la gente se acercó a dejar flores y carteles, frente a la Corte Superior de Justicia.
Pero en la madrugada de este jueves el mural fue tapado y el altar desmantelado. Un grupo de seis o siete personas equipadas con latas de pintura, rodillos y cascos bajó de una camioneta en el centro histórico de Lima, donde se encontraba el mural, y lo tapó con pintura blanca. Allí dejaron un cartel que decía: “La pared se limpia, los muertos no regresan”, y una bandera peruana.
Aunque en Lima rige un toque de queda como medida para evitar la propagación del coronavirus, esas personas actuaron en el horario en que está restringida la circulación. Lo mismo hizo otro grupo, que destruyó las flores que la gente llevó al altar en homenaje a los dos estudiantes y arrancó carteles que se colocaron en la zona.
Según informaron el diario peruano La República y la agencia de noticias Efe, aunque la camioneta que llegó hasta el mural tenía la matrícula cubierta, en las filmaciones de la alcaldía de Lima se pudieron ver los números que permitieron identificarla. Así se pudo establecer que sus dueños son Ludwin Olivos y su hija Lucila Olivos, que están afiliados al partido fujimorista Fuerza Popular.
En un comunicado, esa organización política manifestó que repudia estos actos de “vandalismo inaceptable” contra los murales y que “rechaza y no avala ninguna práctica del grupo La Resistencia”, cuyos integrantes “no pertenecen al partido”. Se trata de un grupo al que supuestamente pertenece Ludwin Olivos, que ha hecho manifestaciones de apoyo a líderes de Fuerza Popular. “De comprobarse que algún miembro de dicho grupo sigue afiliado a Fuerza Popular, será expulsado de inmediato porque no compartimos sus actos radicales y violentos”, afirmó el partido.
La alcaldía de Lima comunicó que está coordinando con los autores del mural su “reposición inmediata”. Uno de ellos, Héctor Rivera, dijo al periódico peruano que los dos jóvenes muertos se convirtieron en un símbolo de lucha. Agregó que “la pena es de todo el pueblo, y se ve reflejada en todos lados”, y que si se borra un mural se pintarán otros. En el altar frente a la Corte Superior de Justicia se colocaron nuevos carteles: “querrán romperlo y no podrán romperlo”, “querrán matarlo y no podrán matarlo”, “querrán borrarla y no podrán borrarla”.
La represión violenta contra las manifestaciones, que en su mayoría fueron pacíficas, son objeto de una investigación de la Fiscalía peruana que abarca al propio Merino, a quien fue su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y al entonces titular del Interior, Gastón Rodríguez, además de funcionarios de la Policía.
También el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, ofreció asistencia a las autoridades peruanas para investigar cualquier “indicio de transgresión a los derechos humanos” y para “fortalecer las garantías de derechos en el país, con énfasis en la prevención”. Jarab estuvo a cargo de una misión enviada por la titular de esa oficina, Michelle Bachelet, para recopilar información sobre la situación de los derechos humanos en el marco de la crisis política. En particular recabó datos acerca del uso indebido de armas y de la presencia de policías vestidos de civil en las protestas.
El representante del Alto Comisionado fue recibido por Francisco Sagasti, el nuevo presidente, quien pidió disculpas a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y afirmó que sancionará a los responsables. A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el miércoles una “visita de trabajo” a Perú, por cuatro días, a partir del domingo. Los representantes de la CIDH también tienen previsto reunirse con integrantes del gobierno de Sagasti y analizar la situación de los derechos humanos en el país.