Por mayoría, el Congreso español aprobó este jueves una nueva ley de educación, que remplazará a la que está rigiendo desde 2013, la denominada “ley Wert”, por haber sido impulsada por José Ignacio Wert Ortega, quien era ministro de Educación durante el gobierno de Mariano Rajoy.
La nueva normativa, que ahora deberá ser aprobada en el Senado, contó con los votos favorables del gobernante Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco y otras formaciones autonómicas más chicas. En contra del proyecto votaron el Partido Popular, Ciudadanos y los ultraderechistas de Vox, quienes luego de su derrota, anunciaron que recurrirían esta ley al Tribunal Constitucional.
Legisladores de estos últimos partidos corearon durante varios minutos “¡Libertad, libertad!” luego de haber perdido la votación, en tanto que, desde el oficialismo, así como desde las bancadas de los partidos nacionalistas, celebraban ruidosamente el logro, que consideran un paso fundamental para lograr una educación más moderna, equitativa e inclusiva.
La nueva normativa, que formalmente se denomina Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, pero que coloquialmente se conoce como “ley Celáa” por la actual ministra de Educación, la socialista María Isabel Celáa, abarca varios temas. Entre los cambios más importantes recogidos en el texto se destaca el fomento de la participación de los padres de los alumnos, la garantía de principios como la inclusión, independientemente de la capacidad del alumnado a lo largo de todas las tres etapas educativas, y también una mayor equidad al recoger el derecho a recibir una beca o que la repetición de curso sea algo excepcional –los estudiantes podrán repetir dos veces como máximo–, de acuerdo a lo que afirmó la diputada socialista María Luz Martínez Seijo al portal Público.
Pero el punto más controvertido de la nueva ley es que suprime el carácter vehicular del castellano en la enseñanza, iniciativa que ha motivado las duras críticas de la oposición al gobierno, al que acusaron de eliminar derechos y de dar alas al independentismo, según informó Europa Press.
Durante su intervención en el debate, la diputada Marta Martín, de Ciudadanos, alzó sus manos, las giró levemente y anunció: “Vamos a votar no, con las dos manos así”. En un tono crítico con el gobierno que hacía mucho que no se oía en Ciudadanos, la diputada sostuvo que la ley es fruto de una “arbitrariedad dolosa” y contempla una “programación estalinista”. Martín advirtió de que su partido no sólo recurrirá al Tribunal Constitucional, sino que lo hará ante la Comisión Europea, de acuerdo a lo que consignó El País de Madrid.
La diputada Martín dijo además que esta ley es “más ideologizada que la propaganda electoral” y criticó la enmienda del castellano, asegurando que la supresión del carácter vehicular obedece a un “mercadeo zafio” por “un puñado de votos” que hará que los secesionistas se vean “reforzados” y los constitucionalistas se sientan “vendidos”.
El texto también incluye otras cuestiones que generaron polémica, como el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de cero a tres años; que la asignatura Religión no cuente para las notas medias, y la prohibición de que los colegios concertados –aquellas instituciones que son privadas pero que reciben subvenciones por parte del Estado– segreguen por sexo, una cuestión que era muy defendida por Unidas Podemos, la coalición que lidera Pablo Iglesias, uno de los vicepresidentes del gobierno español.
Joan Serna, diputado de este sector, celebró que la propuesta educativa “llegó a este Congreso como una iniciativa de un Ejecutivo monocolor [el anterior gobierno de Pedro Sánchez] y saldrá aprobada por varios grupos”. Asimismo, acusó a los partidos de derecha de lanzar “una campaña de desinformación”, como la supuesta desaparición del castellano con el blindaje de la inmersión lingüística o la idea de que se van a cerrar los centros de educación especial, algo que no está recogido en el texto de la norma.
“La escuela pública es la que garantiza en última instancia la igualdad de oportunidades. Ustedes no entienden la libertad de elección, por eso en la anterior crisis machacaron la educación pública”, expresó Serna a los opositores de la nueva ley durante su intervención.