El presidente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto [OPP], Isaac Alfie, elaboró un informe que presentó en enero en el juicio que la minera Aratirí le hizo al Estado uruguayo, por entender que era responsable del fracaso de una inversión multimillonaria en el país. Alfie hizo el informe a pedido de la consultora Ferrere, que defendía a la empresa minera en el juicio. Acusado de estar “de los dos lados del mostrador” en enero, cuando ya se sabía su designación en el cargo de gobierno, Alfie aseguró que el escrito no entraba “en el fondo ni sustancia” del caso y versaba tan sólo sobre “la historia y funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay” y los “sectores” económicos que podían utilizarlo”.
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Sin embargo, según publicó hoy el semanario Búsqueda que accedió a ese informe, el rol de Alfie fue fundamental para sostener los argumentos de la defensa de la empresa. Sobre esto opinó el senador frenteamplista Charles Carrera, quien en su cuenta de Twitter publicó: “A pesar de haber afirmado que su informe era técnico e imparcial, surge claramente que su trabajo consistió en fortalecer la línea argumental de la Minera Aratirí. Claramente, su trabajo fue más allá de una reseña técnica del régimen de inversiones uruguayo”.
Carrera remató su publicación al afirmar: “Queda demostrado que el Director de la OPP -Isaac Alfie- le mintió a la opinión pública uruguaya, hablando desde un rol de imparcialidad, que nunca tuvo”.
Tras conocerse el informe que elaborara a pedido del Estudio Ferrere, (el cual representó a Aratiri en el arbitraje), queda demostrado que el Director de la OPP -Isaac Alfie- le mintió a la opinión pública uruguaya, hablando desde un rol de imparcialidad, que nunca tuvo.
— Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) November 5, 2020
Otro de los senadores que escribió sobre el tema fue Óscar Andrade, que comentó con ironía: “Esto debe pasar sólo en Uruguay. Dónde quedo aquella sentencia de: prefiero dejarlos pobres con patria a ricos sin ella”.
Esto debe pasar solo en Uruguay
— Oscar Andrade (@Oandradelallana) November 5, 2020
Donde quedo aquella sentencia de : " prefiero dejarlos pobres con patria a ricos sin ella"https://t.co/9XPVFagRNJ
Horas más tarde, las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio (FA) publicaron una declaración en la que sostienen que el director de la OPP “faltó a la verdad ante la opinión pública sobre su rol en el arbitraje multimillonario”.
“Quedó demostrado que su función fue mucho más allá de hacer un racconto histórico sobre el régimen de promoción de inversiones, llegando a expedirse sobre el fondo del asunto y argumentando, -tanto a través de su informe como de sus declaraciones en el arbitraje- a favor de los intereses de la minera, para perjudicar económicamente a nuestro país”, sostiene la declaración.
Los legisladores frenteamplistas aseguran que es “llamativo” que Alfie “le pide al pueblo uruguayo hacer sacrificios fiscales, cuando él ha puesto todo su esfuerzo para hacernos perder miles de millones de dólares en un arbitraje internacional”. Por último, sostienen que lo hecho por el director de la OPP es “contrario a la ética política que quien hizo todos sus esfuerzos para que el Estado uruguayo perdiera miles de millones de dólares, defendiendo los intereses particulares de una empresa multinacional, ocupe además un cargo público financiado con el bolsillo de la gente”, por lo que evaluarán posibles “acciones parlamentarias”.
¿Qué dice el informe de Alfie?
Según el informe al que accedió Búsqueda, Alfie hace varias referencias específicas a la inversión minera de Aratirí. De hecho, asegura que la empresa califica desde el punto de vista jurídico para acceder a los beneficios fiscales, aunque aclara que debe cumplir con condiciones que se le requieran.
El documento de casi 50 páginas menciona a Aratirí en 17 párrafos y según el análisis del semanario “en varias oportunidades sostiene que el proyecto recibió un trato distinto al que le podía corresponder en el marco de la ley de promoción de inversiones, uno de los puntos incluidos en la demanda que enfrentaba el Estado uruguayo”.
En la nota se transcribe uno de los párrafos del informe, donde Alfie afirma: “En mi experiencia desconozco casos donde se haya denegado el beneficio a un proyecto particular, al menos desde el punto de vista de la inversión en sí misma si cumple con los requisitos legales y reglamentarios para recibirlo. Y en este caso, como adelanté, no veo motivos por los cuales Aratirí no hubiera obtenido beneficios fiscales bajo el decreto 445/007 o el 2/2012”.
El semanario consultó al director de la OPP, quien aseguró: “Yo hice el estudio de normativa general y, consultado sobre si aplica o no, aplica como cualquiera de un sector no excluido. Luego hay otras condiciones para efectivizar”.
A lo largo del informe, Alfie insistió en la importancia que tenía la obtención de beneficios fiscales para este tipo de inversiones. Según escribió, el proyecto de Aratirí calificaba “dentro de los que las normas catalogan como de ‘gran significación económica’, lo que lo habilita a tener los máximos beneficios fiscales”. Además, subrayó que debido al monto de la inversión, el proyecto estaría habilitado a ser “especialmente” beneficiado.
En sus conclusiones Alfie subrayó: “Particularmente, no conozco ningún proyecto de gran porte (de “especial significación económica”) que no hubiera recibido beneficios fiscales”.
Durante el juicio en Washington, a Alfie le preguntaron si estaba en desacuerdo con la decisión que tomó el gobierno de no conceder la promoción del proyecto y él respondió: “Yo lo que hago es un estudio objetivo de la historia y si califica en función de la ley, los decretos y los instructivos, en este caso de la Comap [Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones]. La declaratoria de interés es otro paso, ¿sí? Es otro paso distinto al procedimiento de la Comap”.