Durante la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en la Cámara de Senadores, el Frente Amplio (FA) cuestionó los “recortes” planteados en el proyecto de presupuesto quinquenal.
El documento de la oposición, al que accedió la diaria, señala que la cartera sufrirá una reducción de 1.300 millones de pesos, y cuestiona la caída de las inversiones, que alcanza 35%, y la falta de precisión en cuanto a los gastos de funcionamiento, dado que muchas iniciativas no tienen especificada su fuente de financiación o prevén ingresos que aún no están comprometidos.
En cuanto a los gastos en recursos humanos, la oposición sostiene que los efectivos perderán 5,3% de salario real, al no haber previstos incrementos salariales para la Policía, y cuestiona la contratación de 2.000 cargos que no tienen especificada su financiación. Se trata de 750 cargos para la Guardia Republicana, 750 agentes policiales y 500 agentes para el Instituto Nacional de Rehabilitación, que serían provistos a partir de una reestructura que no está definida.
Algo similar sucede con la sustitución de los becarios universitarios por policías retirados para la atención de las seccionales policiales, donde se prevé la contratación de 1.000 policías retirados de hasta 65 años para cumplir esas funciones, pero no está determinada la forma en la que serán financiados en su totalidad.
“Se sustituye a estudiantes de nivel terciario de áreas sociales que realizaban tareas de atención al público en las comisarías y unidades especializadas de violencia doméstica [...] sin aportar evidencia del desempeño de los becarios en la atención y la calidad de la información a la hora de tomar la denuncia”, señala el documento.
Además, cuestiona las transformaciones de cargos para profesionales de la educación en el Instituto Nacional de Rehabilitación en cargos para personal policial ejecutivo del Ministerio del Interior, y la falta de un presupuesto acorde al incremento de los niveles de encarcelación.
Otro de los puntos que marcó la oposición es la definición de compensaciones salariales para cargos de confianza en más de 30 dependencias del ministerio y la duplicación de la cantidad de compensaciones especiales que puede otorgar directamente el ministro.
Los legisladores frenteamplistas advirtieron una “falta de jerarquización” sobre las políticas de género, área que no está contemplada en las compensaciones. La oposición planteó que si bien se crea el cargo para el encargado de la Dirección Nacional de Políticas de Género, no se le reconoce ni el mismo salario ni las mismas compensaciones que a otras direcciones nacionales.
“Considerando que la violencia de género es uno de los principales problemas de seguridad pública –al ser el primer o segundo motivo de denuncia del país–, no se garantiza la idoneidad, capacidad, conocimiento, y experticia de quien vaya a estar a cargo de dicha Dirección”, sostiene el documento.
En cuanto a la inversión, los principales cuestionamientos pasaron por la falta de claridad sobre los costos de las cuatro cárceles que se tiene previsto construir y el mecanismo para utilizar el dinero de la venta de inmuebles para financiarlo.
También se sostiene que la reducción en los gastos de alimentación no es consistente con las políticas carcelarias que se plantean. Lo mismo ocurre con los gastos de combustibles, que se reducen en 20% mientras se propone aumentar el patrullaje.
Otro de los temas planteados son las modificaciones que se realizan a más de 30 artículos de la Ley Orgánica Policial, que si bien no representan cambios en el presupuesto, “marcan la filosofía que se proponen instalar las autoridades ministeriales”. En ese sentido, los legisladores del FA señalan que el ministerio “vuelve a conceptos del siglo pasado, bajo la impronta de la doctrina de seguridad nacional”. A su vez, incrementa las sanciones y el nivel de discrecionalidad de los jefes de Policía, directores nacionales y directores generales, que quedan habilitados para imponer sanciones de suspensión rigurosa para las faltas consideradas muy graves, algo que antes era una facultad exclusiva del ministro.
En esa línea, cuestionan que se habilite a todos los oficiales a sancionar al personal policial con hasta 15 días de suspensión en la función y el cese temporal del policía de todas sus funciones con privación total del sueldo o la sanción de demérito, que baja la calificación del funcionario.
Por otro parte, el documento señala que se plantea un desestímulo al ingreso de civiles a la Escuela de Oficiales, al haber una reducción salarial de más de 50% para los civiles interesados en ingresar, que pasarán a cobrar una salario mínimo nacional por los primeros tres años de carrera.
“¿Cómo explica el Ministerio del Interior que frente a los compromisos asumidos en la campaña electoral, en el programa de gobierno de la coalición, en el discurso público realizado constantemente, en la Ley de Urgente Consideración y la propuesta del Plan de Dignidad Carcelario, exista reducción en recursos humanos calificados, en inversiones y en funcionamiento?”, cuestionan.