Los abogados del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) y los representantes de la empresa UPM declararon este miércoles ante la jueza civil de 15º turno Magela Otero, quien analiza un recurso de amparo presentado por la organización social para que la empresa finlandesa detenga las obras de UPM II hasta que no tenga todas las habilitaciones del proyecto.
Durante la audiencia, los representantes de UPM plantearon que no corresponde una acción de amparo, por considerar que se trata de un recurso que requiere la existencia de un daño inminente, situación que -a su entender- no se configura.
Ante eso, la defensa de Movus señaló que existe amenaza de daño y marcó que la Ley de Protección del Medio Ambiente (17.283) es una norma en la que rige el principio de prevención y precaución, y que en su artículo 3 plantea que la violación a la norma implica en sí un daño al ambiente.
En diálogo con la diaria, el abogado denunciante Rodrigo Speranza señaló que la definición de Otero pasa por considerar si la empresa acreditó debidamente o no ante la sede tener las habilitaciones por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
“Si entiende que no están debidamente acreditadas va a suspender las obras o puede rechazar [la acción de amparo] por temas procesales, eso también puede pasar”, advirtió.
Tanto la empresa como el Ministerio de Ambiente sostienen que las habilitaciones correspondientes se van dando en la medida en que el proyecto va cumpliendo diferentes etapas y que en ningún caso los retrasos en las habilitaciones acortan los tiempos de monitoreo previo.
Sin embargo, para Movus el proyecto no debería dividirse en etapas. “Si no tenés resuelto cómo va a afectar lo que contamina, no podés iniciar la construcción; no vas a hacer toda una inversión para que después te digan que no”, señaló Speranza.
La semana pasada, la empresa presentó los informes de evaluación que tenía pendientes del plan de monitoreo, pero el Ministerio los devolvió con observaciones por considerarlos incompletos, por lo que ahora la cartera está a la espera de la ampliación.
Tras escuchar a ambas partes, la jueza Otero les informó que la sentencia estará redactada sobre las 17.15 del lunes.
El recurso de amparo fue presentado por Movus el 5 de noviembre, al considerar que las acciones que está realizando UPM en torno a su segunda planta vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía. Tras pedir una ampliación de la demanda, la jueza hizo lugar al recurso.
En la primera audiencia, celebrada el 12 de noviembre, ambas partes presentaron sus argumentos iniciales y llevaron como testigos a técnicos para respaldar su posición. La jueza realizó consultas y pidió más información, que fue entregada en esta última audiencia. El caso se está tratando en la Justicia civil, debido a que no existen juzgados especializados en derecho ambiental.