Este jueves se celebró el Día de la Industria y la gremial sectorial organizó un encuentro con autoridades del gobierno, donde transmitió distintas reformas que creen necesarias para reactivar la actividad y recuperar los niveles de empleo. En la instancia, organizada por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), participaron el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, los ministros Omar Paganini (Industria, Energía y Minería), Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas) y Pablo Mieres (Trabajo y Seguridad Social), y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.
El presidente de la CIU, Gabriel Murara, dijo en su discurso que “la coyuntura no viene siendo fácil para varias ramas industriales”, que venían sin crecimiento desde hace años y “la pandemia fue un golpe duro en los primeros meses, con una retracción de la producción de 25%”. Sostuvo que ya se entró en la “fase de recuperación” y que las expectativas empresariales recogidas en diversos sondeos muestran “buenos indicios” hacia el futuro.
En ese contexto, planteó a las autoridades distintos temas que consideran importantes desde el sector industrial, incluyendo críticas y elogios. Entre estos últimos, dijo que la nueva reglamentación de la ley de inversiones —que brinda exoneraciones fiscales a los proyectos, en función de una serie de indicadores— “va en el sentido correcto”, y destacó el proceso realizado, donde se incorporaron varias ideas planteadas por los empresarios.
“El principal problema que tenemos es la competitividad”, indicó Murara. Reconoció que en esta área “la agenda que planteó el gobierno está alineada con la mejora del clima de negocios, y apostamos a que se concrete”. Subrayó que debe haber “una gestión distinta” de las áreas donde el Estado interviene en los costos de producción, porque “la ineficiencia local resulta imposible de trasladar a los precios” a la hora de vender a mercados globales.
“La política macroeconómica no ha estado al servicio de la competitividad en los últimos años, con una inflación elevada y un déficit fiscal creciente, distorsiones que tienen derivaciones en el tipo de cambio. Somos un país caro, lo que inhibe la multiplicación más rápida de la inversión. Esperamos que la programación económica que se presentó en la Ley de Presupuesto se cumpla, así como que se concrete la necesaria reforma del sistema de seguridad social”, manifestó el líder gremial.
También se refirió a que el esquema de relaciones laborales de Uruguay “no prioriza el empleo y no recoge la heterogeneidad de situaciones que viven las empresas”. Abogó por una modificación de la negociación colectiva que permita acuerdos a nivel de empresas, “descuelgues, particularmente de las pymes [pequeñas y medianas empresas]”, y la recategorización de las tareas.
El presidente de la CIU añadió que esperan “confiados que los cambios regulatorios que impulsa el gobierno den sus frutos y podamos tener tarifas más bajas en los próximos años”. Otro punto que planteó a las autoridades tiene relación con la inserción internacional. Marcó como necesario “conseguir nuevos mercados, abatiendo aranceles y las trabas para importar que nos imponen en varios países” y, en esa línea, sostuvo que “la prioridad deben ser los países de más alto poder adquisitivo, con estructuras productivas complementarias a las nuestras”.
Asimismo, Murara dijo que “es necesario introducir algunas modificaciones en el sistema tributario” y apoyó la disposición del proyecto de Ley de Presupuesto —que está bajo análisis del Parlamento—, que reinstaura la posibilidad de que las empresas computen en su liquidación pérdidas de ejercicios anteriores. Dijo que debe “seguirse ese camino” y que el sistema de cálculo del IRAE —impuesto que pagan las empresas sobre sus utilidades— en base a fictos que rige para las pymes debe ser modificado, pero no como se propone: “que el aumento de la carga tributaria sea gradual en función del crecimiento de las ventas de la empresa, y no por escalones como está definido actualmente”.
Por último, Murara señaló que “muchas veces el Estado termina comprando productos importados que en principio serían más baratos pero que no cumplen con todas las regulaciones y controles que se le imponen localmente a la industria nacional”. Por eso, pidió “mejorar las condiciones para los oferentes nacionales en las compras públicas”.