El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un decreto que modifica distintos aspectos de la ley de inversiones, cuya última actualización había sido en 2018. La intención es “optimizar las ponderaciones de los indicadores” que determinan la exoneración a la que accede cada proyecto, poniendo “énfasis en la generación de empleo e introduciendo una matriz simplificada a estos efectos”, dice la resolución. Además, se dejó definitivamente la posibilidad de acceder a una exoneración de hasta 90% del IRAE –impuesto que las empresas pagan sobre sus utilidades– y se amplió a cuatro años el plazo para utilizar el beneficio.

Si bien la ley de inversiones data de 1998, hubo decretos en 2007, 2012 y 2018 que fijaron las reglas y las condiciones que deben cumplir los proyectos, que reciben exoneraciones en función de una “matriz de objetivos” que tiene en cuenta la generación de empleo, la descentralización, el aumento de las exportaciones, la aplicación de tecnologías limpias y la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación.

“Resulta oportuno adecuar las exigencias respecto a las externalidades comprometidas por las empresas, redefiniendo el indicador de descentralización y exportaciones, ampliando el concepto de innovación e incorporando indicadores sectoriales”, indicó el MEF en el decreto. Además, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), que funciona en la órbita del MEF, deberá crear “un régimen simplificado” para la postulación de proyectos, en que se utilizará “la asignación del puntaje del indicador empleo” –con base en los puestos de trabajo a crear en un año con la inversión– para “determinar los beneficios a otorgar”.

Federico Camy, del Departamento de Impuestos de Guyer & Regules, dijo a la diaria que se espera para esta semana una resolución de la Comap que dará mayores detalles operativos sobre el nuevo régimen. Según lo que adelanta el decreto, Camy dijo que la nueva matriz de puntaje podría retrotraer el régimen a sus inicios en 2008, cuando generando empleos ya alcanzaba para que el proyecto fuera promovido.

Como principal cambio respecto de lo vigente, señaló que las empresas podrán exonerar hasta 90% del IRAE por la inversión, algo que se había incorporado en mayo como transitorio hasta 2021 y ahora queda definitivo –antes el beneficio era de hasta 60% para empresas en marcha y 80% para nuevas–. A su vez, el plazo para utilizar ese descuento al liquidar el impuesto a la renta empresarial se amplió de tres a cuatro años.

El nuevo decreto plantea que la Comap, a través de su ventanilla única, “centralizará la recepción de las solicitudes” de las empresas y contará “con un plazo máximo de cinco días hábiles” para culminar el trámite de ingreso. Luego, tendrá 90 días para evaluar el proyecto y recomendar (o no) la exoneración que corresponda al Poder Ejecutivo.

El subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza, dijo el viernes que este nuevo marco legal “da beneficios tributarios importantes que consideramos van a llevar a una mejora de la inversión”. Sostuvo que la reglamentación era esperada “a nivel de las distintas empresas de todos los rubros” y que Uruguay “está en el radar de los inversores” por “la situación sanitaria” diferencial. 

En la última modificación a la ley de inversiones, de 2018, se había elevado el porcentaje máximo de exoneración al que se puede acceder y priorizado con mayor puntaje la generación de empleo más allá de la calificación del trabajador.