El impasse del fin de semana en la votación de la futura ley presupuestal en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado sirvió a la bancada oficialista para avanzar en las negociaciones de los artículos más discutidos del proyecto. El viernes se aprobaron 309 artículos que tenían unanimidad –también los apoyó el Frente Amplio (FA)– y antes del miércoles se prevé culminar el tratamiento en la comisión, para luego pasar el proyecto al Plenario del Senado, que debe aprobarlo antes del 4 de diciembre.
Aunque falta votar más de 400 artículos, en la coalición de gobierno consideran que son una decena de temas los que están pendientes de acuerdo. El sábado los senadores oficialistas estuvieron varias horas reunidos en el Parlamento junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, en busca de avances en esos temas y de definiciones sobre la reasignación de recursos. Esto último porque, si bien hay definidas áreas prioritarias a las que se pretende destinar más dinero, eso deberá salir de lo asignado a otros organismos o programas.
El senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva confirmó que se cerraron las reasignaciones para atender los pedidos de la Universidad Tecnológica (Utec) de más recursos para el desarrollo de carreras en la región noroeste y de la Universidad de la República (Udelar) para incrementar las becas. Ahora se busca una solución para dar más dinero a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y para “algunas otras reasignaciones”, indicó el legislador.
Este lunes por la mañana, previo a la sesión de la Comisión del Senado que inicia a las 10.00, volverán a reunirse los senadores de la coalición. El objetivo es anunciar el martes en una conferencia de prensa un acuerdo total sobre los artículos aún en discusión del presupuesto y completar la fórmula para las reasignaciones.
“Idoneidad” en los cargos ejecutivos de la UAM
El proyecto presupuestal del gobierno ingresó al Parlamento a fines de agosto, en plena campaña por la elección departamental, y el artículo que en ese momento más polémica generó fue el que planteó cambios en la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). Se desplazaba a la Intendencia de Montevideo (IM) del mando del proyecto que implica la mudanza del Mercado Modelo, y se ponía a cargo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Tras varios cruces y negociaciones entre oficialismo y oposición, a principios de noviembre se anunció un preacuerdo para que tanto la IM como el MGAP participen en la dirección de la UAM: la comuna pondrá al presidente, y el Poder Ejecutivo al secretario general. Pero el fin de semana la coalición de gobierno incorporó algunos detalles, como que ambos designados deberán tener “idoneidad” en la materia, además de que el gerente general deberá elegirse por concurso abierto.
“Llegamos a un acuerdo satisfactorio que creo contempla el planteo de los productores sobre la idoneidad, porque por ley le agregamos el requisito de que tengan solvencia probada. Debe ser gente del palo, no un dirigente que no salió electo diputado. La materia es muy específica, frutas y verduras, no puede venir un tecnócrata a inventar nada”, explicó Da Silva. El senador agregó que sobre estos cambios “hay un acuerdo” con la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse.
Certificaciones médicas: hay “varias visiones” y sigue la negociación
La pretensión de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) de modificar el régimen de certificaciones médicas de los funcionarios públicos es uno de los mayores escollos a superar por parte de la coalición, dado que el tema generó división desde el inicio de la discusión del presupuesto. Esto porque hay dos posiciones a la interna del gobierno y de la bancada oficialista: los que pretenden igualar el régimen de licencia por enfermedad al vigente en la actividad privada, y los que buscan una reforma más gradual.
Entre estos últimos aparece Cabildo Abierto (CA), que planteó días atrás que entendía que no había que modificar el sistema actual sino establecer mayores controles creando una oficina que centralice el tema dentro del Estado. Del otro lado está la OPP, que pretende una reforma a fondo del sistema.
Este asunto ya generó debate en la Cámara de Diputados, donde la coalición votó una redacción alternativa a la enviada por el Poder Ejecutivo. Si bien se mantuvo que los tres primeros días de certificación los funcionarios no cobren el salario y desde el cuarto perciban el 75%, se incorporó una especie de cuenta corriente que permite acumular dos días por año (hasta un máximo de seis) de licencia médica remunerada.
Sobre este punto, el sábado la coalición avanzó hacia una nueva redacción “mixta” que contemple esas distintas aspiraciones de los socios. El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Gustavo Penadés, dijo al diario El Observador que Alfie quedó en redactar la nueva fórmula junto a los legisladores, que atenderá “lo que se votó en Diputados, la creación de una comisión (con representantes sindicales y del Estado) que tiene 90 días para expedirse sobre el tema, la generación de un bonus para los que no usan la licencia médica y el descuento para quienes sean usuarios contumaces del sistema”.
Da Silva comentó que “es un tema en el que todavía no hay solución” ya que existen “varias visiones al respecto” dentro de la coalición. “Habrá que encontrar una solución que contemple a los que queremos igualar el sistema [de los funcionarios públicos] al de los privados, con los que entienden que debe haber una gradualidad en el tema”, señaló.
Otros dos temas donde se avanzó el sábado pero aún no hay una redacción definitiva refieren a la liquidación de viáticos dentro del Estado —se pretende implementar la ley aprobada en 2019 y aplazada, pero dejando por fuera los gastos menos significativos— y a los cambios al régimen de pases en comisión.
Tampoco hay resolución acerca del artículo 4, que establece los ajustes salariales de los funcionarios públicos y se mantienen las diferencias con el sindicato de estatales (COFE), que pretende que quede por escrito la fórmula de recuperación del salario que perderán en 2021.
Estudios para impulsar una materia sobre ruralidad en la educación
El senador blanco Da Silva logró el apoyo de los restantes legisladores de la coalición para impulsar un artículo del presupuesto que encomienda a la Dirección de Educación a comenzar a estudiar “la conveniencia y factibilidad” de que haya una materia centrada en “ruralidad” como parte de la currícula. “Es muy importante que dentro del ciclo básico o donde los especialistas entiendan, exista una materia que refiera a la ruralidad, porque Uruguay es el país más agropecuario del mundo y tiene históricamente dos visiones: la del campo y la de la ciudad. Una parte desconoce lo que pasa con la otra y la solución es haciendo docencia, educación y mostrando las cosas”, sostuvo.
Agregó que pretende “poner en agenda el tema” y “que quizás dentro de dos años, después de todas las evaluaciones por parte de la ANEP”, se implemente la nueva asignatura. Da Silva comentó que “espera que el FA” también apoye la iniciativa que, dijo, “es un reclamo de años de la Federación Rural”.