Empresas como Uber gastaron 200 millones de dólares en la exitosa campaña para que se aprobara la Propuesta 22, que considera a sus trabajadores “contratistas independientes”. Los demócratas arrasaron en California, pero en el referéndum votaron a favor de las empresas.
La gig economy –término que refiere a un modelo laboral basado en pequeños encargos o tareas bajo demanda– se viene implementando desde hace mucho tiempo, eludiendo las leyes estatales referidas al trabajo, pero en California –donde las plataformas de servicios de Silicon Valley tienen gran importancia– los empleos en este tipo de plataformas ocupan un lugar destacado en el escenario político.
El 3 de noviembre, el día de las elecciones estadounidenses, tras semanas de intensa cobertura mediática, los votantes de este estado aprobaron la Propuesta 22, una iniciativa de ley que efectivamente otorga a las grandes empresas de viajes y reparto de mercaderías como Uber y similares el poder de quitarles los derechos laborales plenos a sus empleados.
Los abogados laboralistas ven la medida como un duro golpe al progreso reciente logrado en la consagración de protecciones legales para los trabajadores de plataformas, incluidos no sólo los conductores de Uber y otras empresas, sino también diversos trabajadores independientes, como escritores y músicos.
La Propuesta 22 consultaba a los votantes sobre la posibilidad de que los choferes y repartidores quedasen fuera del alcance de una trascendental ley laboral promulgada recientemente, la AB 5, que elevó la vara para determinar si un trabajador es un empleado de una empresa o simplemente un trabajador contratado en forma independiente. La iniciativa de ley llega en un año de declive económico para los conductores de Uber y Lyft, que vieron cómo se achicaba su fuente laboral en forma drástica debido a la pandemia de coronavirus.
Antes del referéndum, Nicole Moore, quien trabaja como chofer y además es activista de la asociación Rideshare Drivers United (RDU), tenía la esperanza de que la Propuesta 22 no fuera aprobada. “Contamos con que la gente, cuando vea que la Propuesta 22 exime a empresas como Uber y Lyft de respetar los derechos laborales básicos, votará por la negativa, porque sabrá en ese momento que, por mucho que nos guste el servicio de Uber y Lyft, estas empresas no tratan correctamente a sus conductores”, expresó.
Después de que la Propuesta 22 fuera aprobada con 58% de los votos, Moore dijo: “Lucharemos sin cuartel contra ella. Lucharemos en los tribunales. Lucharemos con nuevas leyes. Seguiremos nuestra lucha cuerpo a cuerpo”.
Esquivando a la ley estatal
Basándose en un fallo judicial anterior sobre un caso de derechos laborales conocido como Dynamex, la “prueba ABC” de la iniciativa AB 5 dañó la estructura básica de ganancias de las empresas que funcionan en base a sus aplicaciones en internet. La ley, en caso de que fuera mantenida, obligaría a las plataformas que emplean trabajadores autónomos a tratar a los conductores como empleados, con beneficios básicos como salario mínimo y horas extras, seguro de desempleo, seguridad social y otros impuestos. La aprobada Propuesta 22 socava la AB 5 al considerar que los conductores de viajes y repartidores son trabajadores con contratos independientes, al tiempo que ofrece algunas regulaciones limitadas, pero mucho menores que las que ofrecería una ley laboral del Estado.
Cuando la AB 5 fue aprobada en California hizo que las grandes empresas de plataformas entraran en pánico. En agosto de 2019, semanas antes de que el gobernador demócrata Gavin Newsom la convirtiera en ley, una coalición de aplicaciones –DoorDash, Lyft y Uber– invirtió 30 millones de dólares cada una en una campaña para impulsar una iniciativa que derogara y reemplazara dicha ley. Al tiempo que advertían que la AB 5 acabaría con su negocio, el principal argumento de las empresas a favor de la Propuesta 22 era la noción de “flexibilidad”, la supuesta posibilidad de los conductores de elegir cuándo y dónde trabajar. Lo que esto deja de lado es que gran cantidad de los conductores trabajan muchas horas sin beneficios y apenas logran subsistir debido a los bajos y, en muchos casos, decrecientes ingresos por viajes o repartos.
La Propuesta 22 ofrece “un piso de ganancia neta que toma como base el 120% del salario mínimo” y subsidios parciales de las primas del seguro médico según la cantidad de horas trabajadas. Sin embargo, muchos de estos beneficios estarían vinculados al “tiempo ocupado” del conductor: es decir, el tiempo que le insume ir a buscar y transportar a un pasajero o terminar de realizar una entrega. Eso deja afuera una gran parte del tiempo de trabajo habitual de los conductores, e ignora tareas rutinarias como cargar nafta, esperar a que aparezca una solicitud de viaje en sus teléfonos o limpiar el vómito de un asiento después de haber transportado a un pasajero borracho que ni siquiera tuvo la amabilidad de dejar propina por el enchastre ocasionado.
El objetivo principal de la aprobada Propuesta 22 es establecer explícitamente que los conductores autónomos, en tanto son contratistas independientes y no empleados, no están protegidos por las leyes laborales estándar de California.
Bajo el sistema actual, dijo Moore, “los conductores todavía viven al límite, tienen que retrasarse en los pagos del alquiler y escatimar en la comida para sus familias. No estamos haciendo todos los viajes que necesitamos, no estamos ganando el dinero que necesitamos. Ni siquiera nos queda un salario mínimo, una vez que pagamos nuestros gastos”. En ese sentido, la trabajadora aseguró que la aprobación de la Propuesta 22 haría que la vida de los conductores y repartidores se precarizara aún más. “Lo que [Uber y Lyft] lograron es pagarnos menos de lo que nos están pagando en la actualidad, y ciertamente es peor que la ley laboral básica, que, sinceramente, pone la vara muy baja”.
RDU cree que las reglas de la Propuesta 22 para beneficios y salarios dejarían a los conductores ganando tan sólo 5,64 dólares la hora –menos de la mitad del salario mínimo del Estado de California–, incluyendo el tiempo de espera y los gastos relacionados, los costos de mantenimiento que el conductor debe asumir por su cuenta y los impuestos sobre la nómina y beneficios para empleados no pagados.
Otra puñalada para los trabajadores será que, una vez que la Propuesta 22 quede convertida en ley, será virtualmente imposible su derogación directa, por lo que se requerirán los votos de siete octavos de la legislatura estatal para dejarla sin efecto.
La victoria de las plataformas sobre la Propuesta 22 es especialmente sorprendente a raíz de una reciente orden judicial en California que, en los hechos, ordenaba a Lyft y Uber reclasificar a sus conductores como empleados. Por otro lado, el Consejo General de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y el Departamento de Trabajo federal del gobierno de Donald Trump se han puesto del lado de las plataformas, al afirmar que sus trabajadores son contratistas y, por lo tanto, están fuera del alcance de las normas federales en materia de trabajo y empleo.
Las plataformas invirtieron un récord de 200 millones de dólares para venderles la medida a los votantes: un bajo precio a pagar a cambio de preservar su modelo de negocio global. Si bien la campaña de la oposición tuvo el respaldo de una coalición de sindicatos, organizaciones comunitarias y funcionarios electos federales y del estado de California, contaba con aproximadamente un décimo del presupuesto de sus oponentes, y sus mensajes en las redes sociales y la banca telefónica fueron fácilmente eclipsados por la guerra relámpago publicitaria del “Sí” (sólo lo gastado en avisos publicitarios en Facebook superó lo que la campaña presidencial de los principales partidos había gastado en California). Los conductores fueron bombardeados con anuncios en sus propias plataformas; estos mensajes, que prometían incansablemente que la Propuesta 22 protegería la “flexibilidad” y la independencia, disparó una impugnación judicial infructuosa por parte de los trabajadores damnificados.
Moore cree que los votantes fueron engañados por la propaganda de la campaña del Sí: “Uber y Lyft describieron la Propuesta 22 como una ley por los derechos civiles y los trabajadores. La gente votó pensando que estaba haciendo lo correcto. Es el disfraz del que Lyft y Uber dotaron a la Propuesta 22”.
Siguiendo un antiguo patrón de las compañías de viajes compartidos, que presionan ferozmente contra las regulaciones estatales, Uber presume de que planea llevar el modelo de la Propuesta 22 al resto del país. Pero en toda la nación existe una creciente presión desde las bases por parte de los conductores y sus abogados a favor de medidas que obliguen a las plataformas a pagar lo que equitativamente les corresponde en materia de salarios, beneficios e impuestos. Desde que la pandemia hizo que los ingresos por viajes compartidos cayeran abruptamente en 2020, RDU viene presionando a Uber y Lyft para que paguen los subsidios por desempleo que reclaman los conductores, a pesar de su controvertido estatus legal. Grupos sindicales y funcionarios emprendieron numerosas demandas judiciales contra las empresas de viajes compartidos con éxito desparejo. La ciudad de Nueva York y, recientemente, Seattle han intentado frenar la expansión de las plataformas de viajes compartidos estableciendo estándares de salario mínimo específicamente para los conductores que trabajan para aplicaciones. Consumidores, legisladores y conductores ahora enfrentan dos caminos divergentes hacia adelante: uno pavimentado por el dinero de las empresas, el otro abierto por los trabajadores que están detrás del volante.
“Tenemos claro que los conductores no pueden ser trabajadores de segunda clase”, dijo Moore. “Que tengamos éxito en el futuro del trabajo significa que establezcamos exitosamente estándares laborales básicos como país –a menos que usted sea un contratista independiente legítimo, esas reglas se aplican a usted–, y que subamos la vara juntos. Estos son beneficios básicos de la red de seguridad que otros países han descubierto y, simplemente, deberían existir. Seguimos luchando por ellos”.
Este artículo fue publicado originalmente en Nueva Sociedad.