Algunos de los principales dirigentes de las organizaciones sociales y políticas que integran la comisión pro-referéndum de la ley de urgente consideración (LUC) fueron los primeros en firmar para derogar 135 artículos de esta norma, durante el lanzamiento de la campaña de recolección de adhesiones realizado este martes.
En una breve conferencia celebrada en la sede del PIT-CNT, la actriz Gabriela Iribarren leyó un comunicado de las organizaciones convocantes en que se calificó la norma de “ómnibus”, ya que “legisla sobre muchos aspectos de importancia para la población” en casi 500 artículos. A su vez, se señaló que muchas organizaciones sociales tuvieron menos de 15 minutos en el Parlamento para dar su opinión sobre la ley, que fue tratada “en menos de 90 días en cada cámara”.
En particular, las organizaciones, entre las que se encuentra el Frente Amplio (FA), consideraron que la norma es “desestatizadora, concentradora y represiva”. “Desestatizadora porque propone un progresivo desmantelamiento del rol del Estado y deja asuntos muy importantes de interés general librados al libre mercado”, leyó Iribarren, advirtiendo por procesos de “privatización, desregulación y desinstitucionalización”.
Sobre su carácter “concentrador”, el comunicado de las organizaciones sostiene que la ley tendrá un impacto en la distribución y en el ingreso, y que, por ejemplo, a nivel educativo establece un “fuerte centralismo en el Ministerio de Educación Pública”, además de la eliminación de los consejos de Primaria, Secundaria y UTU. Por su parte, se objeta el “desmantelamiento de la estructura de inclusión financiera” para “volver a las reglas del mercado”, y la imposición de la regla fiscal, que le da un “margen de discrecionalidad al Poder Ejecutivo para reducir el gasto”.
Finalmente, se califica a la LUC de represiva en la medida que impone aumentos de penas que son “funcionales” al “incremento de la violencia” y, como ejemplo, se menciona las nuevas normativas respecto del porte de armas en retirados policiales y militares, y la ampliación del marco legal para disolver manifestaciones.
Frente a las adversidades
A pesar de la situación actual que atraviesa el país respecto de la pandemia, las organizaciones convocantes sostienen que las medidas “no deben llevarnos a renunciar a nuestros derechos”. “En los próximos días, adoptando las medidas sanitarias, abriremos múltiples puntos de recolección de firmas para que nuestro pueblo le diga sí a la democracia y a un futuro de desarrollo con inclusión e igualdad”, culmina el comunicado de la comisión pro-referéndum.
En concreto, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, sostuvo que este martes se distribuyeron 400.000 papeletas a lo largo y ancho del país. “Tenemos militantes suficientes, compañeros con ganas y el compromiso de distribución para alcanzar las 700.000 firmas”, aseguró. Pereira detalló que dadas las restricciones que impone la pandemia, el trabajo de cada militante o voluntario para juntar firmas será medular, y deberá llegar, por ejemplo, “a su familia y compañeros de trabajo”. “No es necesario aglomerarnos para salir a juntar firmas”, sostuvo, para luego expresar que “la gente está mucho más motivada [para la recolección de firmas] de lo que nosotros mismos creemos”.
En una misma línea, Soledad González, de la Intersocial Feminista, relató que el lunes tres señoras mayores pidieron papeletas para juntar firmas en su edificio, donde viven 100 personas. “Aunque parezca una tarea difícil, hay mucha gente movilizada para superar las dificultades de la pandemia”, sostuvo.
A su vez, Pereira dijo que en la comisión están dispuestos a debatir “con el partido de gobierno” respecto de la conveniencia de la ley, que “es de muy mala calidad democrática”.
Del lanzamiento participaron el presidente del FA, Javier Miranda, y su secretario político, Rafael Michelini. Este último fue consultado respecto del apoyo del FA para derogar artículos de la ley que su propia bancada votó. Según dijo, “la LUC fue un atropello y ante un atropello el pueblo uruguayo se queja firmando”. “Es tan o más importante ante ese atropello generar un bloque que le ponga freno”, respondió.
González fue la primera en firmar, y le siguieron Pereira, Amira Fagúndez (Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, FEUU), Miranda, Michelini, Vanessa Peirano (Intersocial Feminista), Abigail Puig (PIT-CNT), Marcelo Abdala (PIT-CNT), Luca Borgarelli (FEUU) y Ramón Fratti (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua).