La doctora Cecilia Barrandeguy y la especialista en equinoterapia María José Fasulo denunciaron ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) situaciones irregulares en la asociación civil Seamos, que dirigió hasta 2017 la actual directora de la Secretaría de Cuidados y del Programa Nacional de Discapacidad, Gabriela Bazzano. Esas situaciones incluyen casos de omisión de asistencia, malos tratos, abandono y apropiación de dinero proveniente de las pensiones que cobran las personas con discapacidad.
En la denuncia, a la que accedió la diaria, Barrandeguy relata que en setiembre se dio un caso de omisión de asistencia a un joven con discapacidad, al que Barrandeguy contrató para trabajar en su casa por sugerencia de Bazzano, en el marco de un programa de inserción laboral de la asociación civil.
Según relata la denuncia, el joven sufrió una descompensación mientras estaba trabajando y fue atendido por Barrandeguy, quien le hizo un electrocardiograma y constató que tenía una bradicardia, por lo que le comunicó a Bazzano la necesidad de que el hombre fuera atendido por un cardiólogo y le dio un pase urgente. “Me apoyé en Bazzano [...] pensando que les daría curso a las indicaciones que hice como médico. Por el contrario, se desentendió del tema, alegando que se desvinculó de los asuntos del hogar [Seamos]”, señala la denuncia.
Sin embargo, Barrandeguy señala que Bazzano está al tanto de los nuevos ingresos al hogar y de su medicación, y que mantiene contacto cotidiano con sus trabajadores. Al no obtener respuesta durante varias semanas, la doctora buscó por su cuenta un cardiólogo en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y ahí le dijeron que el paciente era usuario del Hospital Evangélico, pese a que accedía a la medicación por medio del Hospital Filtro.
Al hablar con Bazzano, la directora de la Secretaría de Cuidados le reiteró que ya no estaba vinculada con la organización y trató de restarle importancia a la situación. “Desestimó mis impresiones clínicas, mi accionar como médico y los antecedentes familiares [del joven], como es la muerte súbita de su hermano”, señala Barrandeguy en la denuncia, y agrega que Bazzano, pese a su supuesto alejamiento de Seamos, “se sintió con la autoridad de minimizar y desacreditar” las afirmaciones del joven “con suposiciones estigmatizantes de consumo de drogas, alcoholismo, manipulación y picardías, que nada tienen que ver con el hecho médico constatado”.
Barrandeguy llevó al joven a una consulta médica en el Hospital Evangélico y comprobó que en su historia clínica no figuraban consultas en ese centro de atención, pese a recibir medicación de alta toxicidad. Sí figuraban consultas en Psiquiatría del Hospital Filtro, presuntamente para repetir la medicación, y estudios de ergometría y un Holter hechos por ASSE. “Todo esto, por las fechas de los estudios realizados, sugiere que se realizaron ante este suceso y como favores de técnicos amigos del Hogar Seamos”, señala la denuncia. De esa consulta surgió la necesidad de estudios a los que el joven no puede acceder por falta de dinero para los tickets que cobra la mutualista.
En la denuncia se destaca la obligación del Estado sobre el cuidado de las personas vulnerables y se mencionan varios artículos de la Constitución, entre ellos el 4, 8, 44 y 46, que otorgan al Estado la responsabilidad sobre la protección del goce de la vida, la igualdad ante la ley, el cuidado de la salud y la obligación de dar asilo a las personas inhabilitadas para el trabajo.
Además, denuncia la violación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en la Ley 18.418, la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad (18.651) y la Ley de Asignaciones Familiares (18.227), que determina prestaciones en beneficio de niños, niñas y adolescentes que integran hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, entre otras.
En tanto, María José Fasulo, que conoció el hogar Seamos como voluntaria, denunció que pacientes de la institución le manifestaron “el temor de que Bazzano les quite a sus hijos y los eche a la calle”, y que Barrandeguy le transmitió su preocupación porque los usuarios del hogar no reciben los tratamientos indicados, mencionando el caso de un paciente con diabetes y problemas cardíacos. Según lo denunciado por Fasulo, cuando consultó a Bazzano por esa situación ella le respondió que “los chicos con discapacidad tienen que tener autonomía, entonces van solos al médico y hacen tratamiento si quieren”.
Las denunciantes pidieron “que se investigue la totalidad de las irregularidades que se denuncian sobre Seamos que versan desde apropiación de dinero producto de las pensiones que reciben las personas discapacitadas allí tratadas, malos tratos, omisión de asistencia, abandono de personas, hasta apropiación indebida de menores”.
El abogado Daoiz Uriarte asesoró a las denunciantes, tras ser consultado por la ex candidata suplente de Laura Raffo por la coalición de gobierno a la Intendencia de Montevideo, Romina Fasulo, hermana de María José y alumna de Uriarte en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Uriarte dijo a la diaria que se resolvió ir a la INDDHH y no a la Fiscalía para explorar previamente si existen o no elementos como para realizar una denuncia penal.
Uriarte dijo que parece no haber “ningún tipo de control sobre el hogar” por parte del Estado, ni del Ministerio de Salud Pública, ni del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, ni del Ministerio de Desarrollo Social. Además, dijo que las personas que son atendidas en el hogar “aportan y dieron autorizaciones para que les cobren las pensiones y algunas rentas”, pero sin el mecanismo correspondiente por medio del Banco de Previsión Social.
“Algunas personas han hecho donaciones con el objetivo de adquirir un terreno [para la asociación civil] y el terreno no se adquirió y no queda muy claro qué ha pasado con el dinero. Hay elementos para preocuparse”, comentó.