La decisión de Presidencia de la República de dejar sin efecto una resolución firmada en 2005 por el gobierno de Tabaré Vázquez llevó a un representante de la firma Lanetur SA a anunciar que iniciará un juicio “millonario” contra el Estado y también contra la Intendencia de Rocha.
¿Los motivos? Dicha resolución adjudicaba a Lanetur SA una concesión para construir y explotar un hotel de cinco estrellas con casino entre los balnearios de La Coronilla y La Esmeralda.
La concesión se dio luego de que durante el gobierno de Jorge Batlle fuera declarado desierto un llamado para la construcción del hotel, en el que Lanetur SA fue el único oferente, aunque no cumplió en tiempo y forma con la presentación.
En diálogo con el medio local Rochaaldía, el empresario italoargentino Fabio Fossati, de Lanetur SA, anunció que llevará adelante un juicio millonario contra el Estado y contra la Intendencia.
Según dijo, cuando el gobierno quiso hacer un llamado a licitación olvidó que estaba vigente la resolución anterior firmada por Vázquez, por lo que debieron derogarla con otra resolución. “Nos encontramos con que el día 22 de este mes, entre gallos y medianoches, apurándose un poquito, derogaron con una resolución del presidente Luis Lacalle Pou mi resolución presidencial, que estaba vigente”, dijo Fossati.
El empresario denunció que el gobierno venía impulsando una “pseudo licitación” y se quejó de no haber tenido acceso al expediente.
Semanas atrás, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, anunció que se detendría el proceso de adjudicación del hotel. “Hemos detenido el lanzamiento del hotel porque en el medio de este panorama, de esta pandemia, parece un absurdo, es casi un contrasentido”, dijo Umpiérrez a la radio local Acuario FM.
Según Fossati, la detención del llamado se produjo porque Lanetur SA interpuso un recurso, y “desde Presidencia bajaron la línea para que se frenara hasta que se resolviera la revocación de mi licencia […] yo era la piedra del zapato y se la sacaron para poder seguir caminando”.
“Extenso tiempo transcurrido”
La resolución firmada el 22 de diciembre por Lacalle Pou sostiene que la empresa, según la anterior resolución que había efectuado la adjudicación, debía acreditar los fondos de inversión que harían posibles la financiación del proyecto, y a su vez, el pliego establecía que se debía firmar en un plazo de 60 días después de la adjudicación el contrato de concesión. También informa, tal como dijo Fossati, que el 1° de diciembre de 2020 la empresa se presentó y alegó contar con los fondos para llevar adelante la obra, “dependiendo para ello del aporte de la firma Prince Construction Company Inc., la que posee una opción de contratación sobre Lanetur SA, y solicitando asimismo la ‘consecución del procedimiento de firma del contrato antes del 20 de diciembre de 2020’”.
Sin embargo, Presidencia considera que “en virtud del extenso tiempo transcurrido y de las numerosas solicitudes realizadas por la Administración tal como surge del expediente, la empresa Lanetur SA no ha acreditado el cumplimiento de los requisitos mínimos indispensables para la celebración del contrato de concesión que se establecen en la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 5 de setiembre de 2005 y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública”.
De hecho, se sostiene que “en los más de quince años transcurridos desde la Resolución mediante la que se autorizó la celebración del contrato, la empresa Lanetur SA no ha acreditado contar con los fondos de inversión que harán posible la financiación del proyecto completo”. Incluso, se asegura que en la última petición que realizó Lanetur SA, en diciembre de 2020, “tampoco se acredita de manera fehaciente la disponibilidad de los fondos para la financiación del proyecto completo, sino un mero interés expresado por parte de un eventual grupo inversor”.
Como el plazo previsto para la firma del contrato de concesión “se ha excedido con creces”, Presidencia resolvió dejar sin efecto la resolución de 2005.
A puertas cerradas
Según Fossati, desde el gobierno hubo “manoseo” y “maltrato”, a la vez que “trabaron todas las puertas”: “no contestaron un mail o una llamada de teléfono en Presidencia de la República”.
El empresario relató que incluso intentó reunirse con autoridades de la Intendencia pero tampoco tuvo respuesta. “Fuimos al edificio central citados por el propio intendente. Llegamos, esperamos media hora y al momento de atendernos [el intendente] decidió no hacerlo y quien nos recibió fue un secretario general [Valentín Martínez], que no tiene poder de decisión, el cual nos trató de muy mala manera”.
Fossati dijo haberle preguntado al jerarca el motivo por el que no les interesaba que realizara la inversión y “no supo contestar”. “Me dijo que es una decisión del presidente”, aseguró.