Un decreto del Consejo de Ministros del 30 de noviembre elimina la obligación que tenía la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) de publicar con siete días de anticipación en medios de prensa de alcance local y nacional las consultas públicas en casos de transferencia y renovación de servicios audiovisuales. Tal como informó Revista Martes, el argumento del gobierno es que asumir este gasto, como lo disponía el decreto reglamentario 160/19 (que reglamenta la Ley 19.307), resultaba “gravoso” para el organismo.
En el documento elaborado por el Poder Ejecutivo se señala que “la publicación de la consulta pública está prevista para los llamados a interesados en prestar servicios de comunicación audiovisual a efectos de lograr una mayor difusión y concurrencia de aspirantes”, pero se considera que cuando se trata de transferencias totales o parciales de servicios no reviste “la misma importancia” la “realización de las publicaciones, pues se transfiere un servicio que ya cuenta con autorización, tratándose de un negocio particular”.
El director de la Ursec, Pablo Siris, explicó a la diaria que cuando asumió la nueva Comisión Directiva, este año, solicitó la ampliación de créditos presupuestarios “para poder cumplir con las publicaciones planteadas”, ante lo cual el Ejecutivo indicó “la imposibilidad de poder cumplir con esos créditos presupuestales, y a partir de allí es que toma esta decisión”. Siris señaló que si bien la URSEC estima un superávit de 47 millones y medio de pesos para 2021, el superávit “no siempre está en correspondencia directa” con los créditos presupuestales disponibles para ciertos rubros. “Cuando asumimos la dirección, los créditos asignados para las publicaciones en relación a las transferencias de los servicios de comunicación ya estaban agotados”, afirmó.
Por otra parte, Siris puso en cuestión que la medida adoptada por el gobierno sea la más efectiva. “La decisión del Poder Ejecutivo, aunque tiene la facultad para hacerlo, ciertamente podría limitar la capacidad de las personas de enterarse de que hay una consulta pública para la transferencia de tal o cual medio”, consideró el jerarca, que también rechazó que se trate de un “negocio particular”, como se postula en el decreto. “Las frecuencias radioeléctricas no son un negocio particular. Puede ser un negocio particular la compraventa de acciones de una empresa o la transferencia de un negocio de una empresa a la otra; las frecuencias son propiedad del Estado y, por tanto, de todas y todos los uruguayos”, expresó.
No obstante, Siris aclaró que esta modificación no implica “que no se va a informar de las consultas públicas”, sino que “lo que no va a suceder es la publicación en medios de distribución nacional”. Sí “se informaría en la página web de la URSEC, aunque ciertamente la redacción del decreto no lo dice”, apuntó. La última publicación sobre transferencias de servicios audiovisuales se hizo en febrero de este año y tuvo un costo estimado de 14.000 pesos.
Bergara: “Una muestra más de que la transparencia no es una característica de este gobierno”
El senador frenteamplista Mario Bergara cuestionó la medida y consideró insuficiente el argumento esgrimido por las autoridades nacionales. “Las consultas públicas son procesos que contribuyen a la transparencia y la democratización. El costo de publicar es ínfimo y no se puede comparar con el rol democratizador”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter. Por otra parte, Bergara señaló que “la URSEC cuenta con recursos más que suficientes” y que “hay leyes que limitan la titularidad de estos medios, por lo que la información es fundamental para el control institucional y social”.
“Tampoco puede decirse que son negocios privados cuando involucran frecuencias públicas y licencias otorgadas por el Estado. Una muestra más de que la transparencia no es una característica de este gobierno, por más que la hayan pregonado a los cuatro vientos durante la campaña”, acusó el ex presidente del Banco Central.