“Frente a esta emergencia sanitaria, los uruguayos tenemos que resolver cómo vamos a ser recordados. Creemos absolutamente prioritario acudir al sacrificio, esfuerzo y coraje para velar por la salud y la vida de los compatriotas en todo el país”, señaló el titular del Ministerio del Interior (MI), Jorge Larrañaga, al arrancar una conferencia de prensa este domingo de noche en Torre Ejecutiva. El motivo de la comunicación dominguera fue informar sobre la ley que se aprobó el viernes en el Parlamento con los votos del oficialismo, que limita el derecho de reunión a través del artículo 38 de la Constitución, y que este lunes entra en vigencia.
Larrañaga dijo que Presidencia hasta este domingo de tarde estaba trabajando en la reglamentación de la ley y adelantó que habrá un “protocolo de actuación” que vincula al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), el MI, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y Fiscalía. “Esto es muy importante, porque lleva adelante un despliegue en todo el territorio nacional, de los ministerios, organismos competentes y gobiernos departamentales, conjuntamente con la Fiscalía, para realizar los procedimientos que eviten aglomeraciones que perjudiquen la salud de los compatriotas”, sostuvo.
El ministro recordó que la ley aprobada estableció que el Poder Ejecutivo podrá aplicar sanciones que van desde apercibimiento, observación y multas de 30 a 1000 Unidades Reajustables (de 38.743 a 1.291.440 pesos), “sin perjuicio de las acciones penales que pudieren corresponder”. Larrañaga subrayó que “todo esto implica la responsabilidad de cada uno de los uruguayos” y que la ley que se aprobó el viernes “es para cuidar la salud y la vida de la gente”.
Cabe recordar que el primer artículo de la ley establece: “Suspéndense las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario por el plazo de sesenta días”, entendiéndose como tales “la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas y protectores faciales, etcétera, según el caso, destinados a reducir la propagación de enfermedades contagiosas”.
Consultado por la prensa por el criterio para definir una aglomeración, Larrañaga contestó que conversó con los 19 jefes de Policía del país y que, según la reglamentación de la ley, que se publicará este lunes, cuando se intervenga se va a tomar en cuenta, “para el número que motive la intervención, toda situación de notorio riesgo para la salud de la gente”.
Jorge Larrañaga y Javier García tras una conferencia en Torre Ejecutiva
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“Ese es el criterio, que obviamente va a ser chequeado rápidamente con el MSP y las autoridades intervinientes. Y vamos a reforzar el 911 para poder atender este tipo de denuncias, para llevar adelante los operativos, y de esa forma poder, prevenir, disuadir y terminar con esa aglomeración, en un proceso gradual que no genere, esperemos, las dificultades de una intervención más directa de la Policía. Pero si tenemos que hacerlo lo vamos a hacer, porque el elemento central que está en todo esto es la salud y la vida de la gente, que tenemos que cuidar”, finalizó.
A su vez, el ministro de Defensa, Javier García, informó que a partir de este lunes se cierran las fronteras y se prohíbe el ingreso de personas al país, según lo establece el artículo 5 de la ley que se votó el viernes. El jerarca dijo que habrá 500 efectivos del Ejército distribuidos por los distintos puestos de frontera y adelantó que serán “muy estrictos en el cumplimiento de la ley”.
La prohibición de entrar al país tiene dos excepciones, establecidas en el artículo 6 de la ley: “Los transportistas internacionales de bienes, mercaderías y correspondencia y ayuda humanitaria y sanitaria”; y “los pasajeros que acrediten haber adquirido su pasaje para el ingreso al país el 16 de diciembre de 2020 inclusive, siempre que a esa fecha contaran con las autorizaciones necesarias en su caso”.
“De manera absolutamente ilegal”
En tanto, este domingo el senador del Frente Amplio Oscar Andrade difundió un comunicado de la lista 1001 de Rocha a través de su cuenta de Twitter en el que se denuncia que el sábado de noche una camioneta de la Policía entró al predio del edil Ángel Silva Mas, “de manera absolutamente ilegal, imprudente e irracional, por una supuesta aglomeración que se pudo constatar 'in situ' que no era tal”.
En el comunicado se señala que la 1001, “en el acuerdo o discrepancia con las medidas sanitarias que el Estado decida implementar, las acata y acatará, poniendo lo mejor de sí para ayudar al país entero”, y por ende a ellos mismos, “a superar una situación tan penosa”.
“Sin embargo, no se puede tolerar de modo alguno que el personal policial actúe de manera discrecional y desaforada, violentando todo marco normativo y con actos de evidente violencia como entrar una camioneta a un hogar”, se señala, y se agrega: “El carácter de edil de nuestro querido compañero no le confiere ningún privilegio, pero no puede dudarse que si ésta es la manera de actuar ante un integrante del cuerpo legislativo departamental, es preocupante pensar cuál puede ser el proceder ante el hogar de un ciudadano rochense anónimo”.