Después de varias idas y vueltas, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) resolvió adherir a la campaña de recolección de firmas para llevar a referéndum 133 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) acordados el miércoles de noche por el PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Intersocial Feminista, durante un plenario de la Intersocial.
La resolución que aprobó la Mesa Política, no obstante, no fue unánime, y según pudo saber la diaria tuvo 22 votos a favor y seis contrarios en uno de sus puntos, que respondieron a los representantes de Asamblea Uruguay, la Vertiente Artiguista y la Alianza Progresista, al propio presidente del FA, Javier Miranda, y a dos de sus vicepresidentes, José Carlos Mahía y Blanca Elgart. A su vez, la Liga Federal Frenteamplista se abstuvo al momento de la definición.
El punto de la polémica fue el tercero de la resolución, en el que se explicita que la propuesta de las organizaciones sociales incluye 15 artículos que el FA inicialmente no había incluido en su propuesta de recolección de firmas. “En el entendido que es necesario poner en marcha ya la campaña y atender los planteos de las diversas organizaciones sociales que van a participar de la misma, se acuerda sumar a la lista de artículos a incluir en la consulta resuelta por esta Mesa Política el 13 de noviembre pasado, los identificados con los siguientes números: 5; 13; 21; 35; 43; 50; 51; 56; 63; 74; 86; 135; 136; 235; 236”, dice la resolución. Quienes no votaron este punto entendieron que era inconveniente someter a referéndum los cuatro últimos artículos, que habían sido votados por el FA.
El artículo 5 tipifica el “encubrimiento” como una circunstancia agravante en un delito; el 13 y el 21 establecen una nueva redacción para los delitos de autoevasión y las declaraciones voluntarias de indagados ante la Policía; el 35 restringe la libertad anticipada en algunos delitos gravísimos; el 43 duplica el período para dar comunicación inmediata al fiscal en caso de una detención; el 50 y el 51 autorizan a la Policía a pedir identificación a los ciudadanos y a realizar “registros personales” con alguien que esté detenido o del que existan “indicios” de que cometió un delito; el 56 crea la División Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior; el 63 dictamina los derechos y las obligaciones de los efectivos policiales en retiro; el 74 amplía las penas a delitos sobre tráfico de estupefacientes cuando se involucra a menores de edad, personas con discapacidad o se utilizan hogares o instituciones educativas, deportivas, culturales o sociales para el tráfico; y el 86 endurece el régimen de redención de pena por trabajo o estudio para las personas condenadas a prisión.
Los cuatro artículos que el FA votó en el Parlamento, y que ahora adherirá a su derogación, son el 135, el 136, el 235 y el 236. Los primeros dos redefinen la educación técnico-profesional y la educación terciaria, y los dos restantes reformulan cómo se define el precio de los combustibles y encomiendan a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) que revise su metodología para calcular sus precios de paridad de importación.
Respecto de estos dos últimos, la lectura que primó en la mayoría del FA es que el gobierno, a través de la URSEA, está utilizando mal la metodología para calcular el precio de paridad de importación, en la medida en que no incluye en su cálculo costos de ANCAP. Además, se consideró que la desmonopolización de la importación de combustibles en puertos y aeropuertos aprobada “rompió” una suerte de acuerdo que había con el oficialismo respecto de este tema.
Los otros dos son el 135 y el 136. Desde la bancada del FA explicaron que si bien cuando se votaron eran inocuos, actualmente está corriendo una nueva interpretación de esos artículos, más “restrictiva”, que inhabilita a la Universidad del Trabajo del Uruguay a llevar adelante carreras terciarias.
En los restantes puntos de la resolución, la Mesa Política del FA destaca el “relacionamiento” de la fuerza política con estos sectores sociales, lo que “permitió avances sustanciales en cuanto a reconocer los diferentes puntos de vista y buscar coincidencias para enfrentar con la mayor unidad de fuerzas los artículos negativos de la ley”. A su vez, se resalta la “necesidad” de “comprometerse” con otros sectores sociales para anular los “aspectos más retardatarios” de la LUC, y se llama a la militancia a sumarse a la campaña de recolección de firmas para lograr convocar el referéndum.