La Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU) se pronunció este lunes respecto de la actuación de la psicóloga Gabriela Bazzano, actual directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y de la Secretaría Nacional de Cuidados, quien de 2015 a 2017 fue investigada por la Justicia de Crimen Organizado.
Seamos, la asociación civil que dirigía Bazzano, entregaba hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias sin control de organismos públicos y ha sido cuestionada por la oposición, organizaciones de la sociedad civil y la academia. Además, la Defensoría del Vecino presentó una nueva denuncia penal contra Seamos ante el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que derivó el caso a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la doctora Brenda Puppo.
UNCU considera “inaceptable que se respalde a Bazzano” y reclama “su destitución inmediata adhiriéndonos a las denuncias de organizaciones y colectivos de personas en situación de discapacidad, de protección de derechos de niños y adolescentes y de la academia ante estas flagrantes prácticas violatorias de derechos humanos”. La organización exhorta al Estado “a cumplir con su compromiso en referencia a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y con las leyes nacionales que van en sintonía, reconociéndonos como sujetos de pleno derecho”, y rechaza “a cualquier persona asignada al cargo que vulnere los mismos”.
En el comunicado, la comisión directiva de UNCU hace referencia a las entrevistas que ha dado Bazzano en diversos medios de comunicación. “Allí sostiene que la guía el amor, con aquellos que son como niños, refiriéndose a personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial catalogándolos como personas con ‘retardo’. Desmiente a los usuarios que han relatado las presiones que recibían para ceder la tenencia de sus hijos asegurando que en un momento dicen eso y a continuación, lo contrario. Olvida que toda la gestión se realizaba sin la intervención de los organismos públicos correspondientes”.
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Por su parte, el Frente Antimanicomial también repudió “el proceder arbitrario de la psicóloga Gabriela Bazzano y el psicólogo Joaquín Rodríguez Nebot” en su accionar en la ONG Seamos, “además de eludir disposiciones legales y vulnerar los más elementales principios éticos, violentan e ignoran los derechos humanos de las personas con discapacidad”. El colectivo señala que este hecho demuestra la necesidad de que los organismos estatales “controlen en forma más severa y eficaz lo que se realiza en la instituciones privadas que trabajan con la salud mental como forma de garantizar efectivamente los derechos de las personas”. Además, se suman al pedido de remoción de Bazzano de los cargos que ocupa en el Ministerio de Desarrollo Social, ya que consideran que la psicóloga “no da las garantías necesarias para el diseño e implementación de políticas que respeten la integridad de las personas así como procedimientos institucionales”.