En 2017 fue electo secretario general del Partido Colorado (PC), cuando era diputado por Vamos Uruguay. Al año siguiente apostó por la candidatura del entonces desconocido Ernesto Talvi y el novel sector Ciudadanos, y pasó a ser la mano derecha de su campaña. Ahora es senador y coordina la bancada colorada en la cámara alta, con un rol importante en las negociaciones dentro de la llamada “coalición multicolor”. Además, es uno de los candidatos del PC para la Intendencia de Canelones. En esta entrevista, Peña conversa con la diaria acerca de la actualidad del partido, la ley de urgente consideración y la interna de la coalición que gobernará al país a partir del domingo.
¿Cuál es el principal desafío que tiene el PC en estos cinco años de gobierno?
En términos generales, hay que consolidar el crecimiento que tuvo. Para eso la suerte del gobierno es nuestra suerte. Tenemos que hacer lo mejor posible en aquellos lugares donde nos tocó la responsabilidad de incidir en el futuro del país. En Ciudadanos estamos muy conformes con los ministerios de Relaciones Exteriores [a cargo de Talvi] y de Ganadería, Agricultura y Pesca [Carlos María Uriarte], y con la conducción en la educación [con Robert Silva, futuro presidente del Codicen], que además la pedimos; hay desafíos enormes en esas tres áreas. Desde allí vamos a tratar de mostrar a un PC eficaz en la gestión de gobierno. Y en el Parlamento vamos a trabajar para consensuar posiciones en la bancada multicolor, a plantear iniciativas que tienen que ver con lo que propusimos en campaña, y a respaldar a nuestros actores en el gobierno; eso también es muy importante. Yo voy a presidir la comisión de Ganadería [del Senado] el primer año; Carmen Sanguinetti, la de Educación. También voy a estar en Asuntos Internacionales. O sea que vamos a cubrir las espaldas y a trabajar en conjunto con los actores que están en el Ejecutivo.
¿Quedaron conformes con los cargos que le dieron al PC en las direcciones de los ministerios?
No hay una gran disconformidad, pero quizás la aspiración era tener cargos de mayor calidad. Nunca pedimos cantidad, no pasa por el número, pero quizás creíamos que el PC tiene cuadros para ocupar posiciones de mayor calidad a la hora de la toma de decisiones. Recibimos una propuesta del Partido Nacional [PN], fue aceptada y tenemos claro que ese no puede ser un inconveniente en la relación porque tenemos objetivos y cosas bien grandes entre manos. Entonces, no podemos trancarnos por un carguito más, un carguito menos, una posición aquí, una posición allá.
¿A qué te referís específicamente con “cargos de mayor calidad”?
Hay diferentes niveles en las posiciones: una cosa es una dirección nacional y otra es una dirección menor del [Ministerio de Desarrollo Social] Mides. Entonces, por ahí nos hubiese gustado tener alguna posición de mayor relevancia en algunos organismos, pero tampoco estamos para generar un problema por eso.
A la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, le plantearon varios cambios para la ley de urgente consideración (LUC), por ejemplo en lo referente a la inclusión financiera.
Planteamos una nueva redacción, que contempla que por un lado la bancarización no sea obligatoria, es decir, la posibilidad de que el trabajador elija cobrar en efectivo; pero la regla sigue siendo la obligatoriedad, y la excepción es cuando el trabajador le solicita al empleador cobrar en efectivo. Esto quiere decir que cumplimos con el compromiso de campaña de derogar la obligatoriedad, pero resguardando un poco más los intereses del trabajador, que es un señalamiento que se ha hecho. Porque si esta discusión por la forma de cobro se da antes de que la persona comience a trabajar, el empleador puede exigir: “Mirá, te contrato si cobrás en efectivo”, y lo puede condicionar, de tal manera que la persona que necesita trabajo puede terminar aceptando esa condición. Con el cambio, la persona una vez empleada, o el trabajador que ya está empleado, puede elegir cobrar en efectivo, y entonces el empleador tiene que cumplir y si no cumple es demandado.
O sea que lo que cambia es que con la sola voluntad del empleado alcanza para decidir cómo quiere cobrar, mientras que en la redacción actual se tienen que poner de acuerdo ambas partes.
Sí, y como el poder de negociación del empleador es superior al del empleado, hubo alguna crítica que para nosotros es de recibo. Nos parece que esta nueva redacción le da esa garantía al trabajador.
¿Cómo cayó eso en filas del PN?
La reunión con Argimón y [Rodrigo] Ferrés [futuro prosecretario de Presidencia] fue muy buena, y la verdad es que hasta ahora el PN ha demostrado apertura. Lo vivimos en el caso del Compromiso por el País, que planteamos una serie de modificaciones al documento y las tomaron. Hay que ver cómo toman esto. Nosotros explicamos el porqué de algunos cambios y quedamos a la orden para justificar algunos otros cambios en el resto del proyecto. Ahora la devolución será del PN, pero todo fue en un marco de cordialidad.
¿En el capítulo de seguridad hay algo que no los convenza?
A grandes rasgos, acompañamos la propuesta. Por el lado del respaldo a la Policía la acompañamos, al igual que el aumento de las penas en algunos delitos, como los sexuales y los vinculados al narcotráfico. Pero estamos proponiendo algunas ideas en materia del Código del Proceso Penal, que reducen el campo de acción del actual sistema abreviado, pero no lo eliminan totalmente. Por otra parte, proponemos una serie de medidas tendientes a que no se dé lo que los fiscales están señalando, que puede ser un colapso en el sistema. También planteamos cambios en lo institucional, el triunvirato [para la Fiscalía]...
¿Lo que planteó el diputado colorado Gustavo Zubía?
Lo que Zubía planteó era una idea que en realidad el PC ha planteado desde hace años, e incluso cuando se le planteó al presidente electo [Luis Lacalle Pou] ya lo habíamos conversado en las reuniones temáticas de análisis de la LUC. O sea que la postura no es nueva, el partido propuso esto por intermedio del diputado [Ope] Pasquet en su momento. Planteamos un triunvirato presidido por el fiscal de Corte, con dos fiscales nominados por el gobierno y con venia del Senado, que operan los cinco años de gobierno. Además, propusimos un consejo honorario para la redacción de las instrucciones generales de la Fiscalía, que es uno de los temas más polémicos.
¿En el capítulo de seguridad había discrepancias con la extensión del área de legítima defensa?
Creemos que hay que tener algún resguardo, porque no puede ser que se interprete, por ejemplo, que toda una propiedad agropecuaria entra en el ámbito de la legítima defensa. Ponemos allí algunas palabras que establecen que son determinadas áreas, especificadas con claridad, donde aplica la legítima defensa. Eso está planteado y también algunas otras cosas. Por ejemplo, acompañamos el aumento de la pena máxima a diez años en el caso de los menores, pero la LUC para algunos delitos graves no prevé la libertad anticipada. Nosotros acompañamos el aumento, pero proponemos que a los dos tercios de computada la pena se pueda acceder a la libertad anticipada, en el marco de que nos parece que el sistema tiene que dar señales de que se está buscando la rehabilitación y reinserción de las personas.
También está la desmonopolización de ANCAP, con la que el PC no está de acuerdo.
Lo planteamos originalmente en octubre. Ahora se lo expliqué a Ferrés y Argimón: creemos que la desmonopolización no necesariamente va a redundar en la baja del precio del combustible, ya que hay experiencias que demuestran lo contrario. Por otra parte, esto tenemos que mirarlo en su globalidad, porque el negocio de los combustibles es muy complejo, prácticamente es un monopolio natural y a nosotros nos parece que hay una serie de factores a tener en cuenta: hoy Uruguay está abastecido y tiene la misma calidad de combustible y el mismo precio en todo el país. No tenemos un precio barato, y esa debe ser la urgencia: cómo bajamos los costos. Pero no olvidemos que gran parte del precio del gasoil son impuestos y el fideicomiso del transporte. Entonces, estamos dispuestos a analizar este tema, pero no nos sentimos obligados a acompañarlo –y mucho menos de tener que llevarlo en la LUC–, porque lo habíamos sacado del Compromiso por el País.
Se supone que Talvi es el líder del PC por haber ganado la interna, pero el ex presidente Julio María Sanguinetti parece tener un rol mucho más preponderante, en entrevistas, reuniones, etcétera.
El líder del PC es Talvi, porque Ciudadanos tiene la mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional [del PC], lo que quiere decir que las decisiones del partido siempre son avaladas por Ciudadanos o no salen, y además tenemos mayoría en la bancada: ocho de los 13 diputados del PC. Y Sanguinetti es secretario general porque Talvi desde su mayoría le ofreció el cargo; si no, no hubiese sido. El interlocutor con Lacalle Pou es Talvi, y luego, en los otros niveles, actuamos los demás en diferentes órdenes. Por ejemplo, hay una relación anterior, de mucho tiempo, entre Sanguinetti y [Guido] Manini [Ríos, líder de Cabildo Abierto, CA], que obviamente no tiene Talvi. Entonces tuvimos una reunión con Talvi en la que participé por el tema departamental, en la que le propusimos al general Manini comenzar a interactuar e intercambiar más, como socios que somos de la coalición. Allí se intercambiaron los números de teléfono entre ellos y comenzaron un trato directo que no tenían hasta esa fecha.
Talvi el año pasado dijo que con Manini los separaba un océano. ¿Cómo está esa distancia actualmente?
Hay posiciones ideológicas o filosóficas en las que indudablemente Ernesto tiene distancias y, sobre todo, se da con algunas declaraciones de algunos actores de CA, que a uno le hacen ruido. Ahora, ¿esas declaraciones son la regla dentro de CA? Yo no lo sé, pero mi posición es que a CA hay que darle un crédito porque es una fuerza política nueva y no podemos tener prejuicios.
¿Qué opinás de lo que dijo Rivera Elgue sobre los desaparecidos?
Como mínimo, hay que rechazarlo. No se puede hacer ese tipo de afirmaciones en un país que sufrió lo que sufrió, sobre todo cuando hablamos de terrorismo de Estado y de la condena unánime que esto debiera de tener a esta altura. Uno se sorprende por las declaraciones y obviamente no las comparte.
Sos candidato a la Intendencia de Canelones. ¿Creés que le podés ganar a Yamandú Orsi?
No, pero mi objetivo es otro: lograr la mayor representación posible y que el PC crezca. Y tratar de demostrar que todos estamos al pie del cañón en Canelones y que le damos importancia a lo local. Estamos distantes de eso, y es momento de recuperar y comenzar a trabajar en el territorio. Canelones puede soñar con ser mucho mejor departamento. Está estacionado: tenemos los mismos problemas que hace 20 años. Cuando yo venía a estudiar a Montevideo demoraba dos horas y pico en el ómnibus para venir y dos horas y pico para volver, y ahora es lo mismo. De Solymar a Montevideo se llega más rápido a caballo que en ómnibus. Esas cosas tienen que cambiar.
¿Por qué creés que el PC no volvió a ganar en Canelones luego de la última intendencia de Tabaré Hackenbruch (2000-2005)?
El PC no ganó nunca más no sólo en Canelones... Porque cuando llegás a 10% de la elección, no sólo se reduce la presencia en el Parlamento, sino también en todos los ámbitos de la política, y poder pegar el salto desde ahí como para ser gobierno es una distancia muy grande. Creo también que la última gestión en Canelones todavía está en la retina de la gente.
¿Faltó autocrítica de la última intendencia del PC?
En el PC siempre ha faltado autocrítica, por lo menos públicamente. A los colorados nos cuesta la autocrítica.
¿Por qué?
Por haber estado muchos años en el poder y por el dolor de haber sido lo que ya no somos.