Una delegación del Frente Amplio (FA), encabezada por su presidente, Javier Miranda, se encargará de negociar con el presidente electo, Luis Lacalle Pou, la participación de la fuerza política en el futuro gobierno. La decisión fue tomada este jueves en el Secretariado de la coalición de izquierda y, de obtener este viernes el visto bueno de la Mesa Política, Miranda comenzará los contactos con el futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para iniciar los diálogos.
Miranda dijo a la diaria que la delegación del FA buscará llegar a un acuerdo para definir la participación de la oposición en el gobierno entrante, y por eso se excusó de hacer valoraciones sobre la lista de cargos que Lacalle Pou entregó a la fuerza política. “Pretendo que el futuro gobierno se entere de cuáles son los puntos de vista a través de nuestra palabra, y no podemos adelantar si la lista nos gusta o no, porque es parte del diálogo”, expresó. El objetivo de Miranda es establecer los “criterios” con los que debería participar la oposición en los organismos del Estado, algo que a su juicio no se especificó en la propuesta del presidente electo. Según dijo, la propuesta del futuro mandatario era un simple “listado de entidades”.
Si bien Miranda no quiso mencionar qué dirigentes frenteamplistas lo acompañarán, la diaria pudo saber que quienes participarán en las negociaciones serán la actual vicepresidenta, Lucía Topolansky, y el diputado y secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila.
Aunque se trata de una base para empezar a negociar, el listado que envió el presidente electo al FA no dejó conformes a varios dirigentes de la coalición de izquierda. Esa disconformidad tiene dos ejes fundamentales. Uno es que la participación se redujo aun más que la que concedió el actual presidente, Tabaré Vázquez, a la oposición en 2015, dejando afuera al FA en organismos que la fuerza política considera claves, como Antel y el Instituto Nacional de Colonización. El otro es que Lacalle Pou haya incluido en el listado cargos cuya negociación, según varios dirigentes frenteamplistas, se suele llevar adelante en el Parlamento. Entre ellos, pusieron como ejemplo a organismos de contralor como la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, cuya integración, a su juicio, se estila definir en la Asamblea General mediante un acuerdo político.
El martes, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, mencionó este punto en una entrevista con Radio Uruguay. Según dijo, una cosa es la oferta de cargos en la dirección de empresas públicas y servicios descentralizados, y “otra es que en la misma lista se hayan incluido algunas cosas que no tienen nada que ver con la negociación política”. Entre estos últimos mencionó la participación de la oposición en organismos de contralor. “La solicitud de venias, los acuerdos y los tres quintos de votos en el Parlamento no son materia de negociación”, dijo, en referencia a la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Además, advirtió que en el listado presentado por Lacalle Pou “hay como ocho estructuras orgánicas en las que existe representación de diversos partidos políticos que no están en la propuesta”. El actual senador dijo que no sabía si eso era por “omisión, olvido, error, o directamente se trata de la resolución que va a adoptar” el presidente electo.
El archivo
Luego de que en los primeros cinco años de gobierno del FA la oposición no participara en las empresas públicas y organismos descentralizados, en 2010 el presidente José Mujica decidió llevar adelante un diálogo con la oposición para remediar la situación. Estas negociaciones no sólo implicaban que las minorías ocuparan cargos de gestión en varios niveles de gobierno, sino también acuerdos interpartidarios en cuatro temas: seguridad, energía, medioambiente y educación.
La negociación incluyó una amplia participación de la oposición en varios sectores de la administración pública, dejando en minoría al gobierno en los servicios descentralizados con representantes sociales (Administración de los Servicios de Salud del Estado, Administración Nacional de Educación Pública y Banco de Previsión Social) e incluso colocando en algunos organismos dos representantes de los partidos tradicionales, como ocurrió en ANCAP. Además, se renovaron los cargos en los organismos de contralor. Esto no se hacía desde que los partidos tradicionales gobernaban en coalición, debido a la falta de acuerdo político. El único sector político que decidió, en 2012, retirarse de la puja, fue Vamos Uruguay, encabezado por el senador colorado Pedro Bordaberry, que decidió poner a disposición todos los cargos, tras un polémico discurso del entonces presidente José Mujica, que sostuvo se les daba lugar a aquellos funcionarios de la oposición que estaban en los directorios para “no condenarlos a la desocupación”.
Durante su segundo mandato, Vázquez emuló el acuerdo al que llegó Mujica, pero restringió mucho más el lugar de la oposición: la sacó de los directorios que tenían los representantes sociales y redujo de dos a uno su participación en las empresas con un ejecutivo de cinco integrantes, como el Banco República, UTE y ANCAP.